La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este jueves la condena a 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa conocida como la Ruta del Dinero K, que investigó una compleja maniobra de lavado de activos con fondos de origen ilícito.
La resolución fue adoptada por mayoría, con los votos favorables de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y dos conjueces. En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz propuso remitir el expediente a la Procuración General de la Nación.
Confirman la condena contra Lázaro Báez
Según el fallo, Báez y otros acusados integraron una red jurídica, societaria y financiera tanto en Argentina como en el exterior, destinada a canalizar, ocultar y reintroducir al circuito legal grandes sumas de dinero provenientes de delitos previos. Para ello, se emplearon sociedades pantalla, mecanismos financieros sofisticados y operaciones internacionales.
Las maniobras incluyeron la transferencia de fondos al extranjero mediante transacciones bancarias a través de cuentas abiertas principalmente en Suiza, utilizando sistemas de “cable” o “compensación”. Este método consistía en el uso de intermediarios financieros con cuentas en bancos internacionales, que facilitaban la salida y el retorno de divisas al margen de los controles fiscales y regulatorios.
Los fondos así expatriados regresaban a la Argentina a través de cuentas de personas jurídicas vinculadas a la estructura, lo que permitía a los involucrados disfrazar el origen del dinero y volver a insertarlo en el circuito económico legal.
La Corte también avaló los fundamentos de las instancias anteriores que señalaron que Lázaro Báez fue el nexo central de este esquema de lavado. En el fallo se destaca que su patrimonio creció un 12.127 % entre los años 2004 y 2015, período en el que habría operado este entramado financiero.
¿Qué es la Ruta del Dinero K?
La causa conocida como Ruta del Dinero K se inició en 2013 a partir de una investigación periodística que expuso una posible red de lavado de dinero vinculada a empresarios cercanos al poder político de entonces. El caso cobró notoriedad cuando el financista Leonardo Fariña, en declaraciones mediáticas y luego judiciales, detalló maniobras de fuga de capitales y blanqueo de fondos supuestamente obtenidos de forma ilegal a través de contratos de obra pública otorgados al grupo empresarial Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez.
La investigación judicial, impulsada por el juez Sebastián Casanello
y el fiscal Guillermo Marijuán, logró reconstruir un esquema financie
ro que incluía la creación de sociedades offshore, el uso de paraísos
fiscales, movimientos bancarios en Suiza y Panamá, y operaciones
inmobiliarias en la Argentina. En 2021, el Tribunal Oral Federal N.º 4
condenó a Báez a 12 años de prisión por el delito de lavado de activos
agravado, al considerar probado que, entre 2010 y 2013, se movieron
ilegalmente más de 55 millones de dólares. La condena también alcan
zó a sus hijos, colaboradores y al propio Fariña, quien recibió una pena
reducida tras acogerse a la figura del arrepentido.
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