jueves, 30 de marzo de 2017

En el Gobierno aseguran que no pueden hacer nada ante los derrames de la Barrick

LPODicen que la concesión la hizo la provincia de San Juan y por 
so no pueden multar a la empresa ni suspenderla.
DYN Javier Brusco
Un nuevo derrame de la Barrick Gold en la mina de Veladero
 volvió a sonar la alarma sobre los riesgos ambientales de la 
minería. Es el tercer derrame en el menos de dos años en esta 
mina, y la cuarta si se contempla el derrame de Lama. 
Ambientalistas reclaman por el cierre de la actividad extractiva
 en la provincia de San Juan y se preguntan por la inacción del
 Gobierno de Macri. Mientras tanto, el equipo del Gobernador 
Sergio Uñac busca llevar calma a la población asegurando que
 se trata de un derrame de "solución rica", es decir agua con 
partículas de oro y plata y no "solución cianurada" como sucedió
 en los derrames anteriores.
El primer derrame fue en 2015 y en ese entonces el Gobierno pro
vincial multó a la Barrick y le impuso una advertencia para que 
elevara las bermas -las paredes que envuelven a las piscinas de
 lexiviación que contienen la solución cianurada-. Sin embargo, 
desde la empresa negaron que la advertencia les hubiese llegado
 y por eso no realizaron la inversión de aproximadamente 500
 millones de dólares para que se evitaran más derrames.
Cuando fue el segundo, Uñac decapitó la cúpula de las autoridades
 de control, pero no multó a la empresa. Este miércoles, escaldado 
por el nuevo caso, afirmó: "Voy a ser implacable en el cumplimiento
 del Medio Ambiente, Barrick va a tener que ponerse a la altura de 
las circunstancias, así no se puede seguir".
Desde Nación, intentaron correrse del caso. Fuentes del Gobierno 
afirmaron a LPO que la Secretaría de Minería a cargo de Daniel 
Meilán -que depende del ministro Juan José Aranguren- no tiene 
competencia para prevenir derrames ni suspender la actividad de
 la mina. Explicaron que desde que la reforma de la Constitución 
en 1994 federalizó los recursos naturales, la función de la Secreta
ría se limita a buscar inversiones y promover buenas prácticas, 
por lo visto sin demasiado éxito.
Desde Nación intenta
ron cargar las culpas
 sobre la provincia y 
subrayaron que la 
Secretaría de Minería
 que conduce Daniel 
Melián no tiene faculta
des para prevenir de
rrames ni suspender
 la mina.
"Como la concesión la otorgó San Juan, desde Nación no podemos hacer nada. Las sanciones y condiciones de explotación las fijó la Provincia y solo ellos pueden poner sanciones o revocar la concesión", aseguraron a LPO desde el Gobierno.
Sin embargo, los ambientalistas reclaman que el Gobierno sí podría tener injerencia si se aplicara la Ley de Glaciares. 
Estallado el episodio, quien si intervino fue el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, que este miércoles por la noche envió un equipo a San Juan a inspeccionar la mina.
Desde su cartera explicaron a LPO que lo primero que hicieron cuando 
asumieron fue girarle los recursos al Instituto Argentino de Glaciología
 y Nivología (Ianigla) del Conicet para que terminara a fines de 2017 
el inventario de glaciares de nivel 1 con el cual cumplir las obligacio
nes de la Nación respecto de la Ley.
Lo cierto es que la reglamentación de la Ley de Glaciares no está en
 la agenda parlamentaria de Macri hasta después de las elecciones. 
Cuando se reglamente se sabrá con exactitud la definición legal de 
glaciar y de periglaciar para poder discernir qué áreas son incompa
tibles con la actividad minera.
"Cuando asumimos el inventario estaba en el 8% y detenido por falta
 de recursos. En 2016 se avanzó casi el 50% y está programado ter
minarlo a fin de año. El inventario de San Juan ya se lo entregamos 
a las autoridades provinciales y les corresponde a ellos determinar 
si la actividad minera amenaza los glaciares. Nosotros no podemos 
hacer más nada. Sería no respetar la jurisdicción provincial. Lo que
 sí hicimos en el derrame de 2016 y en este fue facilitarle a la provin
cia un equipo técnico de evaluación ambiental que está en viaje y
 mañana va a subir a la mina con la autorización de Uñac", respon
dieron desde la cartera de Medio Ambiente.

LPO también pudo saber que Bergman pidió estudiar la posibilidad 
de intervenir en caso de derrames dentro del marco de la Ley de
 Residuos Peligrosos, pero desde Medio Ambiente lo negaron: 
"Nación solo tiene jurisdicción en el caso un conflicto de interjuris
diccionalidad incluso en temas de residuos peligrosos. Si el agua 
cianurada se filtrase a otra provincia sí podríamos tomar cartas en 
el asunto", explicaron.
A la vez que aclararon que, en la inspección técnica anterior encon
traron irregularidades y por eso pidieron a la Justicia Federal de San
 Juan que se cierre la mina hasta tanto estuvieran dadas las 
condiciones para la explotación. "Pero el juzgado se declaró incom
petente basándose en un precedente fijado por la Corte Suprema, 
por lo que el pedido terminó en la justicia de San Juan y fue allí que
 la empresa logró la habilitación para retomar la actividad", detallaron.
Y según señalan desde Nación, tampoco la afectación de la Salud 
Pública basta para la inhabilitación de la Barrick para continuar con
 la actividad en Veladero. Es decir que, según entienden en el 
Gobierno, hasta que no haya un accidente que se traduzca en un 
reporte oficial de un hospital con pacientes afectados por la solución
 cianurada, solo San Juan responde por los derrames y sus conse
cuencias para la población.
La respuesta de Uñac
El gobernador de San Juan camina sobre una situación muy delica
da, porque la minería es una fuente importantísima de recursos en 
una provincia cuyo territorio es casi en su totalidad una cordillera. 
Su ministro de Minería, Alberto Hensel, emitió un comunicado ase
gurando que no había cianuro en el derrame y que había dispuesto 
una inspección. "Una vez reunidos los elementos por parte de la 
Autoridad Ambiental Minera, se procederá a brindar un pormenorizado
 detalle de cada una de las circunstancias que originaron el hecho, 
sus consecuencias y las medidas a adoptar", se lee en el comunicado
 oficial.
Hasta que no haya
 un accidente que 
pruebe la afección 
de pacientes por 
solución cianurada
, solo San Juan 
responde por los
 derrames y sus
 consecuencias 
para la población.
"Sin una prueba de daño cierto a la salud, técnicamente, Nación tampoco puede imponerse sobre la jurisdicción provincial. Somos un país federal, los recursos son de la provincia y la potestad de suspender la actividad es de San Juan", explicó a LPO el diputado sanjuanino por Cambiemos y titular de la Comisión de Minería, Eduardo Cáceres, quien se lamentó por la continuidad de la canadiense Barrick Gold en Veladero.
"La actividad minera genera trabajo, recursos para la provincia y genera riqueza en buena parte del mundo. Sin embargo, acá se ha convertido en mala palabra por la irresponsabilidad de la empresa. Y en una pérdida para las demás actividades económicas de la provincia. No se puede tener a la gente asustada 
por la falta de controles y prevención. No puede ser que en Jáchal
 la gente se entere primero que hubo un derrame por whatsapp antes
 de lo comunique la empresa o las autoridades. Pero tampoco se 
puede dejar sin trabajo a diez mil personas por la falta de responsa
bilidad de una empresa. Ni la Barrick es sinónimo de minería, ni es 
sinónimo de San Juan", reclamó el diputado.

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