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El Poder Ejecutivo llevará al Congreso un anteproyecto que creará
la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis
Medicinal. Buscan fomentar la fabricación, comercio y exportación
de alimentos, textiles, materiales de construcción y otros elementos
hechos con la planta
Lo pensó Manuel Belgrano cuando volvió al Virreinato del Río de la Pla
ta después de educarse durante años en España. Y esa idea la volcó en
un documento escrito en 1797, un memorándum que resaltaba los
provechos que podría traerle el cultivo de cáñamo al suelo de lo que
luego sería la Patria. Lo intentaron, antes que él, varios de los conquis
tadores ibéricos. Y luego, en el siglo XX, retomó la idea un empresario bel
ga radicado en el pueblo bonaerense de Jáuregui, hasta que la dictadura
arrasó con sus cultivos en 1977. Finalmente, mucho tiempo después, y
justo en el día del cumpleaños del prócer de la Bandera, el Gobierno na
cional presentó ayer miércoles un anteproyecto de ley que busca impulsar
la incipiente industria del cannabis y posicionar al país entre las potencias productoras de los derivados de esta planta milenaria y controvertida.
El documento, de ocho páginas, ya circula entre legisladores y funcio
narios y está pronto a meterse en las oficinas de los despachos de las
cámaras de Diputados y Senadores del Congreso, que una vez ingresa
do en Mesa de Entradas tendrá 180 días para su tratamiento.
La intención del Poder Ejecutivo es que esta legislación se debata y se
apruebe este año y que la rueda productiva comience a girar. La fila de
inversores privados, emprendedores, organizaciones civiles, comerciantes, investigadores, intermediarios y, por supuesto, consumidores, es larga.
En Casa Rosada miran lo que pasó en otros países y proyectan un futuro venturoso para el país. Según cálculos “conservadores” del equipo de
trabajo de Kulfas, estiman que para 2025 se podrían haber generado en Argentina 10.000 nuevos empleos (con un 20% estimado de trabajadores
calificados en investigación, desarrollo e innovación), US$ 500 millones
en ventas al mercado interno anuales y US$ 50 millones de exportación
por año.
“La presente ley tiene como objeto establecer el marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial regulada”, son las primeras líneas de un proyecto que el ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, comenzó a pensar apenas asumió en 2019 y elaboró durante todo 2020 dentro del Consejo para el Cambio Estructural, un área de esa cartera que planifica políticas productivas. Incluyó el aporte de científicos del Conicet, organizaciones cannábicas, empresarios interesados en invertir en el sector y legisladoras de ambas cámaras.
El corazón del anteproyecto, al que tuvo acceso Infobae, es la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que tendrá autarquía técnica, funcional, financiera y jurisdicción en todo el territorio nacional. Será el organismo competente para reglamentar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta, del cannabis y de sus productos derivados.
Durante la presentación que hizo el Gobierno en el Museo del Bicentenario con los y las titulares de los ministerios de Salud, Desarrollo Productivo, Ciencia y Tecnología y Agricultura, Ganadería y Pesca, junto con las autoridades del Consejo Económico y Social, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, apoyó expresamente la iniciativa pero pidió que la Agencia tenga representación y autonomía en las provincias, lo que seguramente será un aspecto de debate en la discusión legislativa. “Para que no se tomen decisiones desde una oficina en Buenos Aires”, ironizó el dirigente puntano.
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