Por Silvana Varela
Federico Guillermo Nieva Woodgate, actual Fiscal General del
Departamento Judicial de Morón, asoció su nombre a dos
resonantes casos. Primero intervino en la acusación contra
el sacerdote Julio Grassi y en 2011, quedó al frente de la
investigación por la desaparición primero, y la muerte después
, de Candela.
Una investigación que desde el primer momento arrojó más dudas
que certezas, y a la que se le cuestiona, entre otras graves
falencias, el no haber sido girada a la órbita de la justicia federal
, siendo que ineludiblemente tenía componentes relacionados con el
narcotráfico y que sostuvo un secuestro extorsivo seguido de
muerte. Ambos componentes requieren la intervención de la
Justicia Federal, algo que no ocurrió, y que en cambio, se reservó
al ámbito de la provincia con extrema celosía.
A cinco meses del inicio de la causa hay 8 detenidos pero siguen
sin existir certezas sobre la participación y autoría de la mayoría
de ellos.
SE sabe ahora, además, que el componente narcotráfico relaciona
a la familia de Candela de manera directa a través de su madre,
Carola Labrador, con bandas que operan en el conurbano. Se
sabe también, mediante el relato de algunos testigos encubiertos
, que esas bandas tendrían vinculaciones con efectivos de la fuerza
policial bonaerense, quienes no habrían actuado sólo como “libe-
radores” de zona, sino que tendrían participación directa en el
negocio de la venta de estupefacientes.
El problema, para la investigación, es que la línea no se agotaría
en unos cuantos policías corruptos, sino que habría al menos un
sector cuyas utilidades serían percibidas incluso por algunos jefes,
y entra además en escena, la vinculación con sectores políticos
locales de la zona de influencia de estas bandas.
Casi una bomba de tiempo para una fuerza altamente cuestionada
desde hace años, y que cada vez demuestra mayor connivencia
con el delito. Este año hubo casos de denuncias de connivencia
incluso, con bandas dedicadas al robo de casas particulares en
la Costa Atlántica, que terminaron cortando el hilo por lo más
fino, con la separación de un Subcomisario, pero que se sabe,
implicaba a mucha más gente.
Sostener a Ricardo Casal al frente del Ministerio de Justicia y
Seguridad de la provincia ha sido una obstinación del gobernador
Daniel Scioli, quien contra viento y marea y enfrentándose a los
embates que llegaron incluso de esferas nacionales adversas a la
política implementada por Casal, reconfirmó una y otra vez, la
permanencia del titular de la cartera al frente de esa área.
Federico Guillermo Nieva Woodgate enfrenta desde el 3 de diciembre
, la elevación a juicio político. No por su accionar en el caso Candela,
algo que quizá podría estar sujeto también a análisis, sino por he-
chos que lo vinculan a delitos de lesa humanidad cuando se desem-
peñaba como Titular del Juzgado Penal Nro. 4 del Departamento
Judicial de Lomas de Zamora.
El expediente 052/10 caratulado como “Puesta en conocimiento,
solicitud de investigación por delitos de lesa humanidad s/Guillermo
Nieva Woodgate y otros Magistrados y Funcionarios del Poder
Judicial de la Provincia de Buenos Aires”, se inicia el 22 de octubre
de 2010 a partir de la presentación efectuada por Adolfo Pérez
Esquivel en su carácter de Presidente de la Fundación Servicio de
Paz y Justicia (SERPAJ), quien solicita a la Comisión Bicameral de
Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de
Buenos Aires que “se lleven a cabo las medidas de investigación correspondientes a fin de establecer la verosimilitud de los hechos
presentados, se individualice los participes necesarios para garan-
tizar la impunidad judicial de los delitos de lesa humanidad perpetra-
dos y consecuentemente, asuma el rol de denunciante y acusador
de conformidad con lo establecido por la ley 13.661 y cctes”, solici-
tando se contemple la posibilidad de realizar el Jury de enjuiciamien-
to al Fiscal General de Morón, Federico G. Nieva Woodgate y a todo
funcionario judicial que por acción y/o omisión hubiese garantizado
la impunidad de los genocidas”.
Nieva Woodgate fue juez penal de Lomas de Zamora durante los
años de Dictadura Militar, y según una resolución de la Suprema
Corte de Justicia Bonaerense, existe certeza de que todos los
Jueces de la Provincia de Buenos Aires sabían de la existencia de
ciudadanos desaparecidos y en casos particulares se tramitaba
la desaparición forzada de personas como privaciones ilegales
de la libertad para evitar así librar los oficios correspondientes y
en consecuencia, evitar que la naturaleza de los hechos imputa-
dos constituyeran delitos de lesa humanidad.
En base a esas denuncias, que se desprenden además de los jui-
cios llevados a cabo por las desapariciones relacionadas con la
Unidad Penal 9 de La Plata, la Comisión inicia las medidas investi-
gativas en noviembre de 2010 a fin de recabar informes para com-
probar la verosimilitud de los hechos contenidos en la denuncia.
Concretamente, en el expediente surge un informe de parte del
Tribunal Oral en lo Criminal Nro 1 con sede en la ciudad de La Plata
con relación a la causa 2901/09 caratulada “ DUPUY Abel David y
otros s/ Tormentos, Privación ilegal de la libertad y otros” , el que
entre otra documental, aporta una copia de un oficio librado el 27
de enero de 1977 por el Alcaide de la Unidad Carcelaria Nro 9 (La
Plata) al Sr. Juez en lo Penal Dr. Federico Guillermo Nieva Woodgate
(otrora titular del Juzgado en lo Penal Nro 4 del Departamento
Judicial de Lomas de Zamora) poniendo en su conocimiento que
el detenido Georgiadis Otero, Angel Alberto sería trasladado por
personal militar para indagatoria. Luego, un nuevo informe del
Tribunal Federal en lo Criminal Nro. 1 de La Plata aportó el extracto
del veredicto de esa causa, mediante el cual se tiene por certifica-
do que la muerte de Giorgiadis ocurrió el 2 de febrero de 1977,
esto es, seis días después de la referida comunicación. También
se tuvo por acreditado que el mismo Georgiadis padeció tormentos
durante su detención.
Asimismo en dicho resolutorio judicial es mencionado el Dr. Federico
Guillermo Nieva Woodgate en un apartado intitulado “Las Omisio-
nes del Poder Judicial”, en el cual se deja sentado que el detenido
Georgiadis se encontraba privado de su libertad a disposición con-
junta del Dr. Leopoldo Russo, en ese tiempo titular del Juzgado
Federal Nro. 2 de La Plata y del mencionado Dr. Nieva Woodgate
en la causa 5328 formada por el delito de hurto automotor.
El ex Diputado Gabriel Villegas, por entonces Presidente de la Comi-
sión Bicameral de Enjuiciamiento señaló que “la investigación fue
exitosa, y la votación para constituirnos en denunciantes fue unánime”.
“La Comisión representa a la gente, y asumió la responsabilidad
haciéndose cargo de la función que debían cumplir cada uno de
los integrantes, por eso podemos decir que sin miedo, y buscando
la verdad objetiva hemos arribado a esta denuncia que es la
primera de este tipo en la provincia de Buenos Aires”, remarcó Villegas.
Efectivamente era así. Llevar a Jury a Nieva Woodgate podría
significar la apertura de una puerta importante para rever el rol
de funcionarios judiciales que desde su civilidad contribuyeron a
que se llevaran a cabo delitos de lesa humanidad, y varios aún
permanecen en las esferas del poder judicial.
Olor a podrido
Si bien todo indicaba que la contundencia de la acusación de la
Comisión Bicameral determinaría la existencia de un juicio político,
-
hay rumores de “acuerdos” y protección política.
El exoediente fue girado por la Bicameral a la Secretaría Permanente
de Enjuiciamiento el 3 de diciembre de 2011. El proceso continúa
luego con el sorteo del jurado, un tiempo para que las partes
presenten recusaciones u objeciones si las hubiera, y finalmente,
se estipula una fecha para que el jurado se reúna y considere
si hay causal para avanzar con la acusación.
Por lo general, este proceso no demora menos de 6 meses. El
último caso resonante fue el del juez Rafael Sal Lari, titular del
juzgado de garantías n° 3 del departamento judicial de San
Isidro, que demoró varios meses lograr la constitución del
jurado que determinó que sigue el proceso en su contra.
El mismo día que se elevó la acusación contra Nieva Woodgate,
se elevó la acusación contra el Fiscal Piotti, de Tandil, con 21
causas que lo señalan como negligente en la intervención judi-
cial de casos de abuso sexual.
Antes, había sido elevado un pedido de jury contra el Fiscal Dieg
o Molina Pico, por su accionar en una causa que debía investigar
la violación de una joven discapacitada de 20 años, en la que
se advierten serias irregularidades y negligencia que impidió la
debida condena del autor del hecho.
Ni Piotti, ni Molina Pico tienen jurado sorteado. Es lógico; es dema-
siado pronto. Por eso llama la atención que este viernes se cono-
ciera que sí se ha resuelto reunirse la semana que viene para ana-
lizar el caso de Nieva Woodgate.
Cabe recordar que además de que sólo han pasado 2 meses des-
de que la acusación de Nieva fuera elevada, un mes de esos dos
no hubo actividad judicial, por la feria de verano, con lo cual, la
premura por “resolver” su situación, es doblemente llamativa.
Además, durante el período de feria, la Secretaría Legislativa de
la Cámara de Diputados de la provincia solicitó que se le propor-
cionara copia de los oficios remitidos por el tribunal federal, pero
desde la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento manifestaron
que durante la feria no había nadie que lo pudiera facilitar esa
información.
Al menos en los últimos dos años de gestión, el sorteo, notifica-
ción y fijación de un jurado el de Nievas, tiene el récord de ser
el más veloz.
A las suspicacias que despierta esta velocidad, se le suman
algunas anomalías graves.
Con la conformación de las nuevas bancadas y los nuevos legis-
ladores que se sumaron a la Cámara el 10 de diciembre, la mayo-
ría de las Comisiones aún no están debidamente conformadas. Tal
es el caso de la Comisión Bicameral que hasta el 10 de diciembre
era presidida por el diputado Gabriel Villegas quien dejó su banca
en esa fecha. La Bicameral aún no está constituida ni tiene Presi-
dente nombrado formalmente, un acto que se esperaba concretar
entre marzo y abril.
Los tiempos habituales rondan entre los 5 y 6 meses, lapso en el
que se sortean los conjueces; se los cita para el mes siguiente;
y se notifica a las partes porque pueden solicitar la recusación
de alguno. Acá no solo no notificaron sino que la Bicameral, que
es parte de esta acusación, no está constituida, por lo tanto, se
está violando el procedimiento.
Quienes creen ver suspicacias varias, temen que la semana que
viene, entre gallos y medias noches, el jurado decida, artículo 27
mediante, que “no hay elementos para iniciar el juicio”. Si eso
ocurriese, la posibilidad de jury se agota allí mismo, porque la nor-
mativa indica que una persona no puede ser acusada nuevamente
por el mismo motivo.
La maniobra huele mucho a política y apesta a manipulación con
monedas de cambio.
Los pasillos ya comentan que las “negociaciones” entre integrantes
políticos de la Secretaría Permanente llegan a María del Carmen
Falbo y encuentran su anclaje en alguna de las legisladoras
oficialistas que estarían dispuestas a poner paños fríos sobre el
pasado de Nieva, para que éste no hurgue demasiado en las
conexiones de efectivos policiales y políticos locales vinculados
al caso Candela. La tranquilidad de Casal para que no se encienda
el ventilador y salpique por doquier, podría estar paga, entre
otras cosas, con la permanencia indebida de personas quizá inocen-
tes, en cárceles bonaerenses a la espera de una justicia que si llega,
será dentro de mucho tiempo. | 
