jueves, 16 de febrero de 2012
martes, 14 de febrero de 2012
Moyano cruza al Gobierno por la “represión” a los ex soldados de Malvinas
El líder de la CGT envió un comunicado titulado “Algo está cambiando en la Argentina”, en el que compara al accionar de la Policía Federal con el de la ex UCEP de Macri. También menciona la represión de camioneros en Chubut y del “pueblo catamarqueño” que protesta contra las minas.
Hugo Moyano atacó al Gobierno nacional por donde más le duele: acusó al kirchnerismo de girar en su política de Derechos Humanos para reprimir a los ex soldados de Malvinas que se manifestaron hoy en la Avenida 9 de Julio.
A través de un comunicado que lleva su firma y la del titular de los trabajadores judiciales, Julio Piumato, Moyano advirtió el “aparente cambio de política” del gobierno de Cristina Kirchner, “antes patrimonio del Gobierno de CABA reprimiendo indigentes a través de la UCEP o a los manteros de Florida con la policía Metropolitana”.
Mientras tanto, un importante número de efectivos de la Policía Federal se encuentra esta tarde formado, a metrso de la intersección de las avenidas de Mayo y 9 de Julio, preparados para intervenir si ex soldados vuelven a cortar ese cruce.
A continuación, el comunicado completo:
La CGT repudia la represión de que fueran víctima los veteranos de la Guerra de Malvinas que permanecieron movilizados en el Continente, quienes reclamaban por lo que consideran legítimos derechos que los asisten por la legislación internacional.
Sin entrar a considerar el fondo de la cuestión preocupa a la CGT este aparente cambio de política, antes patrimonio del Gobierno de CABA reprimiendo indigentes a través de la UCEP o a los manteros de Florida con la policía Metropolitana.
A las represiones a los trabajadores camioneros en Chubut, al pueblo catamarqueño que protestaba contra las minas a cielo abierto, ahora se suma este nuevo hecho reñido con el respeto a los Derechos Humanos y con las políticas implementadas por el Gobierno nacional desde el año 2003.
Por ello la CGT manifiesta su rechazo y su preocupación frente a una escalada que esperamos no sea un cambio en la política de persuasión y de respeto irrestricto a los Derechos Humanos que pretendemos siga siendo una política de estado.
Por ello, hacemos un llamado a las autoridades responsables para que retomen el ejercicio del diálogo social como fórmula de encauzar cualquier tipo de conflicto y despeje las dudas despertadas por estas acciones respecto a un cambio en la conducta del Estado en el tratamiento de los reclamos que formulen los trabajadores u otros sectores sociales en defensa de sus legítimos derechos.
A través de un comunicado que lleva su firma y la del titular de los trabajadores judiciales, Julio Piumato, Moyano advirtió el “aparente cambio de política” del gobierno de Cristina Kirchner, “antes patrimonio del Gobierno de CABA reprimiendo indigentes a través de la UCEP o a los manteros de Florida con la policía Metropolitana”.
Mientras tanto, un importante número de efectivos de la Policía Federal se encuentra esta tarde formado, a metrso de la intersección de las avenidas de Mayo y 9 de Julio, preparados para intervenir si ex soldados vuelven a cortar ese cruce.
A continuación, el comunicado completo:
La CGT repudia la represión de que fueran víctima los veteranos de la Guerra de Malvinas que permanecieron movilizados en el Continente, quienes reclamaban por lo que consideran legítimos derechos que los asisten por la legislación internacional.
Sin entrar a considerar el fondo de la cuestión preocupa a la CGT este aparente cambio de política, antes patrimonio del Gobierno de CABA reprimiendo indigentes a través de la UCEP o a los manteros de Florida con la policía Metropolitana.
A las represiones a los trabajadores camioneros en Chubut, al pueblo catamarqueño que protestaba contra las minas a cielo abierto, ahora se suma este nuevo hecho reñido con el respeto a los Derechos Humanos y con las políticas implementadas por el Gobierno nacional desde el año 2003.
Por ello la CGT manifiesta su rechazo y su preocupación frente a una escalada que esperamos no sea un cambio en la política de persuasión y de respeto irrestricto a los Derechos Humanos que pretendemos siga siendo una política de estado.
Por ello, hacemos un llamado a las autoridades responsables para que retomen el ejercicio del diálogo social como fórmula de encauzar cualquier tipo de conflicto y despeje las dudas despertadas por estas acciones respecto a un cambio en la conducta del Estado en el tratamiento de los reclamos que formulen los trabajadores u otros sectores sociales en defensa de sus legítimos derechos.
Crece la bronca con Julián Domínguez por el inoportuno salariazo en medio de las paritarias
Lo acusan de inoportuno, por haber aplicado aumentos de sueldos a los diputados de un 100% en medio de las paritarias y cuando la Casa Rosada presiona a los gremios para que moderen sus relamos en tono al 20%. "Debería haber esperado", coinciden en el Gobierno y subrayan que entregó a los gremios un argumento extraordinario para rebatir las presiones del Ejecutivo.
“No puede ser que permita que trascienda este dato ahora, en medio de las negociaciones paritarias”, confiaron a LPO fuentes del kirchnerismo que frecuentan los pasillos de la Casa Rosada.
Es que Domínguez les entregó en bandeja de plata a los gremios un argumento para refoerzar su rechazo a los límites que la propia Cristina Kirchner le quiere poner a las paritarias. El gobierno está enfrascado hace semanas en una de las operaciones políticas más complejas de este año: lograr que las paritarias no desborden el 20 o 22 por ciento como máximo.
La Casa Rosada presiona uno a uno a los sindicalistas para que traten de moderar sus aumentos en torno al 18%, una manera d eponer un techo muy bajo ye terminar cerrando en torno al 20%. Se trata nada menos que de la principal -o única- política tomada por el Ejecutivo para moderar la inflación.
La propia Presidenta le puso el cuerpo a esta pelea varias veces, la última cuando apenas en su primer discurso luego de ser operada de las tiroides reclamó que los aumento se ajusten a la "productividad" de cada empresa.
Es esta complicada iniciativa política que Domínguez dinamitó, otorgando un aumento del 100% a los legisladores. "¿Ahora cómo le pedimos moderación a los sindicatos, si nosotros los políticos nos aumentamos un 100 por ciento", se lamentaban en la Casa Rosada.
Una defensa polémica
El polémico incremento llegó a través de una resolución conjunta firmada por Julián Domínguez y Amado Boudou el 29 de diciembre, que eleva los salarios de los legisladores nacionales “en más de un 20%” de los directores de los directores de categoría más alta, lo que redondea un salario de entre 30 y 35 mil pesos. Hasta el año pasado los diputados cobraban no más de 13 mil y los senadores 19 mil.
La resolución también eleva el salario de los secretarios y prosecretarios legislativos a un 5% más del haber de los directores. Domínguez se la comunicó a los jefes de las bancadas en diciembre pero la información explotó esta semana, cuando ya todos tuvieron los salarios depositados.
“Debería haber hecho algo, no puede justificar todo”, repiten en el kirchnerismo. Domínguez defendió la medida hoy y cargó contra la cobertura mediática. “El tratamiento que se hace de esto está cargado de una gran hipocresía y un desprecio hacia la actividad política”, consideró.
“La política no puede ser sólo cosa de ricos, que solamente la hagan aquellos que reciben dinero de los grupos concentrados. Quienes deben dejar toda su actividad durante cuatro años, que cobren un 20 por ciento por sobre lo que cobra un director de Cámara no amerita tamaña discusión en la opinión pública", se defendió.
Pero los gremios aliados al moyanismo aprovecharon para burlarse del límite del 18% para las paritarias que pedía el propio Gobierno. El primero que lo hizo fue Julio Piumato, del gremio de Judiciales, mientras que Pablo Moyano, hijo de Hugo y adjunto del sindicato de camioneros, apeló a la ironía a través de un comunicado.
"Los trabajadores argentinos felicitamos a los legisladores que han logrado un porcentaje de aumento del 100%, y nos eximieron de esta forma de fijar la pauta porcentual en paritarias, festejamos la llegada de un honorable trabajador a las cámaras que supo comprender la necesidad de los senadores y diputados, y no como su antecesor Cobos, quien demoraba este legitimo reclamo de los compañeros legisladores, quienes eran explotados por este 'explotador' ", dijo Pablo Moyano.
Sintonia Gruesa : La rosca de los 120 palos
La dieta de los legisladores consume más de 10 millones de pesos por mes, lo que hace un total de 120 millones al año. Victoria Donda Pérez (FAP) ya anunció que donará parte de su sueldo. Cuál será la decisión de los demás parlamentarios
En las últimas horas la información del aumento de 100% de los legisladores nacionales, causó polémica. La decisión que encabezaron Amado Boudou y Julián Domínguez provocó una fuerte ira en algunos sectores de la sociedad.
Según un relevamiento de Agencia de Noticias CNA, al Estado nacional, le cuesta más de 10 millones de pesos el sueldo de los legisladores nacionales, una cifra más que abultada si se refiere a los momentos que hoy vive el país y del cual la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner no está ajena.
A días de reasumir a su cargo, la mandataria indicó que este “será el año de la sintonía fina”, sin embargo en las propias arcas del oficialismo el pedido de colaboración de Cristina Fernández parece no haber tenido tanta injerencia.
De esta manera, y continuando con los sueldos de los diputados y senadores nacionales, según puedo saber este medio la dieta de los legisladores nacionales le costará al Estado, al año, más de 130 millones de pesos.
Habrá que esperar para saber cuál será la posición de los 257 diputados y 72 senadores con respecto a este tema, en principio Victoria Donda Pérez, la diputada del FAP ya anunció que donará parte de su dieta.
Según un relevamiento de Agencia de Noticias CNA, al Estado nacional, le cuesta más de 10 millones de pesos el sueldo de los legisladores nacionales, una cifra más que abultada si se refiere a los momentos que hoy vive el país y del cual la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner no está ajena.
A días de reasumir a su cargo, la mandataria indicó que este “será el año de la sintonía fina”, sin embargo en las propias arcas del oficialismo el pedido de colaboración de Cristina Fernández parece no haber tenido tanta injerencia.
De esta manera, y continuando con los sueldos de los diputados y senadores nacionales, según puedo saber este medio la dieta de los legisladores nacionales le costará al Estado, al año, más de 130 millones de pesos.
Habrá que esperar para saber cuál será la posición de los 257 diputados y 72 senadores con respecto a este tema, en principio Victoria Donda Pérez, la diputada del FAP ya anunció que donará parte de su dieta.
Hugo Moyano comparó a Cristina con Macri
El líder de la CGT cuestionó “la represión de que fueran víctima los veteranos de la Guerra de Malvinas que permanecieron movilizados en el Continente”. Habló de un “cambio de política” de Casa Rosada y lo aparentó con el estilo del Jefe de Gobierno
El líder de la CGT cuestionó “la represión de que fueran víctima los veteranos de la Guerra de Malvinas que permanecieron movilizados en el Continente”. Habló de un “cambio de política” de Casa Rosada y lo aparentó con el estilo del Jefe de Gobierno.
Las declaraciones llegaron a través de un comunicado que emitió la Central Obrera, que lleva la firma de Hugo Moyano, y que titularon “¿Algo está cambiando en la Argentina?".
El comunicado completo:
La CGT repudia la represión de que fueran víctima los veteranos de la Guerra de Malvinas que permanecieron movilizados en el Continente, quienes reclamaban por lo que consideran legítimos derechos que los asisten por la legislación internacional.
Sin entrar a considerar el fondo de la cuestión preocupa a la CGT este aparente cambio de política, antes patrimonio del Gobierno de CABA reprimiendo indigentes a través de la UCEP o a los manteros de Florida con la Policía Metropolitana.
A las represiones a los trabajadores camioneros en Chubut, al pueblo catamarqueño que protestaba contra las minas a cielo abierto, ahora se suma este nuevo hecho reñido con el respeto a los Derechos Humanos y con las políticas implementadas por el Gobierno nacional desde el año 2003.
Por ello la CGT manifiesta su rechazo y su preocupación frente a una escalada que esperamos no sea un cambio en la política de persuasión y de respeto irrestricto a los Derechos Humanos que pretendemos siga siendo una política de Estado.
Por ello, hacemos un llamado a las autoridades responsables para que retomen el ejercicio del diálogo social como fórmula de encauzar cualquier tipo de conflicto y despeje las dudas despertadas por estas acciones respecto a un cambio en la conducta del Estado en el tratamiento de los reclamos que formulen los trabajadores u otros sectores sociales en defensa de sus legítimos derechos.
Las declaraciones llegaron a través de un comunicado que emitió la Central Obrera, que lleva la firma de Hugo Moyano, y que titularon “¿Algo está cambiando en la Argentina?".
El comunicado completo:
La CGT repudia la represión de que fueran víctima los veteranos de la Guerra de Malvinas que permanecieron movilizados en el Continente, quienes reclamaban por lo que consideran legítimos derechos que los asisten por la legislación internacional.
Sin entrar a considerar el fondo de la cuestión preocupa a la CGT este aparente cambio de política, antes patrimonio del Gobierno de CABA reprimiendo indigentes a través de la UCEP o a los manteros de Florida con la Policía Metropolitana.
A las represiones a los trabajadores camioneros en Chubut, al pueblo catamarqueño que protestaba contra las minas a cielo abierto, ahora se suma este nuevo hecho reñido con el respeto a los Derechos Humanos y con las políticas implementadas por el Gobierno nacional desde el año 2003.
Por ello la CGT manifiesta su rechazo y su preocupación frente a una escalada que esperamos no sea un cambio en la política de persuasión y de respeto irrestricto a los Derechos Humanos que pretendemos siga siendo una política de Estado.
Por ello, hacemos un llamado a las autoridades responsables para que retomen el ejercicio del diálogo social como fórmula de encauzar cualquier tipo de conflicto y despeje las dudas despertadas por estas acciones respecto a un cambio en la conducta del Estado en el tratamiento de los reclamos que formulen los trabajadores u otros sectores sociales en defensa de sus legítimos derechos.
Tercerización de tasas, el lado oscuro
El 22 de diciembre de 2011 el Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la provincia de Buenos Aires resolvió que para el ejercicio 2012 los municipios podrán realizar a través de terceros la recuperación del crédito por tasas. Beneficios, amiguismos, cobros de derechos polémicos y el negocio en el que “ganan todos”Esta medida, que implica la tercerización de las tasas municipales, transita por una delgada línea que separa por una distancia ínfima la transparencia de la irregularidad.
Este límite frágil se puede ver plasmado en el artículo 2 de la resolución del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la Provincia: “El otorgamiento a terceros del servicio de fiscalización y gestión de cobro administrativo de los Derechos de Publicidad y Propaganda, Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos y la Tasa por Inspección e Instalaciones de Antenas o conceptos análogos lograrán comprender también los del ejercicio en curso”. Sin embargo, “no podrán delegarse en terceros los servicios de inspección, aprobación y habilitación de antenas y carteles de publicidad”.
Pasando en limpio el párrafo precedente, la tercerización a través de empresas privadas o públicas (dependiendo de la elección de cada municipio) podrá efectuar el cobro administrativo de los derechos nombrados, tanto de ejercicios anteriores como de gestiones actuales, pero no tendrán el aval constitucional para realizar ni ejecutar inspecciones o habilitaciones, solamente están habilitados para la recaudación.
De esta manera, los distritos exonerarán responsabilidades en compañías que estarán a cargo de la persecución de aquellos que poseen un déficit con los ejecutivos de diferentes ciudades. Estas firmas serán los “perros guardianes” de los intendentes del territorio bonaerense.
En diálogo con Desafío Económico, Pascual Scotti, contador marplatense y edil del bloque Atlántico, manifestó que “en la ciudad balnearia, lo que se recauda en concepto de tercerización de tasas no alcanza ni para pagar el gasto en personal. Es difícil perseguir a los deudores, sobre todo cuando se quieren cobrar algunos derechos polémicos”.
Las dificultades en esta tercerización de las tasas municipales tienen un efecto dominó, es decir, un hecho trae como consecuencia a otro. En primer lugar, deslindar el compromiso en un tercero trae el fantasma de los “amiguismos” en las licitaciones de los contratos de concesiones. Así, cada comuna podrá designar en un “democrático concurso” a la oferente que mejor represente las necesidades a cubrir.
El problema empieza a emerger desde las municipalidades. Debido a que los distritos consideran como un pasivo perdido lo vinculante con gestiones anteriores, ante la oportunidad de recuperar “algo” gana la empresa contratada, gana el Ejecutivo, y todos contentos. En esta conceptualización de “todos jubilosos” es donde los distritos dejan la puerta abierta para que la empresa de un amigo o conocido se inserte en el campo de la tercerización de tasas.
Dependiendo si la sociedad es privada o pública, la firma percibirá un porcentaje de la recaudación ejecutada. Cabe destacar que los índices que manejan las compañías privadas no bajan del 20 por ciento, y en algunos casos alcanzan hasta el 33 por ciento.
Todas estas medidas estarán fiscalizadas bajo el núcleo del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. En la resolución del HTC se puede observar un párrafo esclarecedor sobre la nube que despierta esta medida: “Teniendo en cuenta que en la gestión de cobro de tasas a través de terceros el acreedor continúa siendo el Estado, el tercero está actuando por cuenta y orden de aquél, con pautas regladas, sin poder realizar actos de discrecionalidad alguno”.
Antecedentes en otros años
En 2010, en la ciudad de San Pedro la aprobación de la ordenanza que tercerizaba el cobro de los servicios de publicidad y propaganda y canon por antenas sentenció que una empresa privada sería la encargada de la recaudación. Desde el Concejo Deliberante manifestaron que la decisión de poner el cobro en manos privadas fue debido a la imposibilidad de llevar adelante la tarea por sus propios medios.
Las firmas que se presentaron fueron dos: Tip S.A. (Tercerización Ingresos Públicos) y Publicon SRL. Ambas contaban con experiencia en tareas similares en otros municipios. Publicon dispuso hacer la ejecución por un 22,9 por ciento de lo recaudado, mientras que Tip presentó una oferta del 24 por ciento.
La adjudicación, llamativamente, consagró a la oferente que más porcentaje solicitaba. Así, Tercerización de Ingresos Públicos estimó que en cuatro años podría recaudar $ 25 millones; al 24% de su presupuesto presentado, la empresa rondaría los $ 6 millones de ganancias.
El dato sugestivo se da a través de los puntos en donde presta servicios Tip S.A. De esta manera, su recaudación alcanza a las municipalidades de Almirante Brown, Escobar y Quilmes. Los números son claros.
En el caso de Publicon SRL, el alcance es aún mayor, ya que sus prestaciones se extienden a las comunas de Mercedes, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, General Villegas, Lobos, General Pinto y Carlos Casares.
En 2011, el HCD de Mar del Plata autorizó al Departamento Ejecutivo a contratar a una empresa privada para que se encargara de prestar el servicio de detección, liquidación y cobro de los Derechos de Publicidad y Propaganda, Ocupación de Espacios Públicos e Inspección de Antenas.
La firma a la que se le confirió la percepción y recaudación del fisco fue Semcor S.A. En este caso, la compañía estaba a cargo de efectuar relevamientos en la vía pública para detectar la presencia de Publicidad y Propaganda, Antenas y Ocupación del Espacio Público como una forma persecutoria de reclamar a los contribuyentes el pago de los correspondientes derechos.
A cambio de este servicio, Semcor S.A. percibiría el 16 por ciento sobre el total del dinero efectivamente embolsado, cifra que resultaría más baja que la que había autoimpuesto la Municipalidad como condición para adjudicar el servicio, que era del 17,5 por ciento.
Cabe destacar que el 16 por ciento parece, a simple vista, una cifra ínfima, sin embargo, y teniendo en cuenta la dimensión de Mar del Plata con respecto a Junín, ese porcentaje representa en las arcas de Semcor S.A. un número mucho más atractivo que lo recaudado por Tip S.A.
Trazando un recorrido conceptual sobre la tercerización de las tasas municipales, podría aseverarse que, a grandes rasgos, busca ser una herramienta útil para mejorar los ingresos y obtener mayores recursos para financiar obras, como así también reducir la evasión de los contribuyentes, sobre todo, los peces gordos.
Este límite frágil se puede ver plasmado en el artículo 2 de la resolución del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la Provincia: “El otorgamiento a terceros del servicio de fiscalización y gestión de cobro administrativo de los Derechos de Publicidad y Propaganda, Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos y la Tasa por Inspección e Instalaciones de Antenas o conceptos análogos lograrán comprender también los del ejercicio en curso”. Sin embargo, “no podrán delegarse en terceros los servicios de inspección, aprobación y habilitación de antenas y carteles de publicidad”.
Pasando en limpio el párrafo precedente, la tercerización a través de empresas privadas o públicas (dependiendo de la elección de cada municipio) podrá efectuar el cobro administrativo de los derechos nombrados, tanto de ejercicios anteriores como de gestiones actuales, pero no tendrán el aval constitucional para realizar ni ejecutar inspecciones o habilitaciones, solamente están habilitados para la recaudación.
De esta manera, los distritos exonerarán responsabilidades en compañías que estarán a cargo de la persecución de aquellos que poseen un déficit con los ejecutivos de diferentes ciudades. Estas firmas serán los “perros guardianes” de los intendentes del territorio bonaerense.
En diálogo con Desafío Económico, Pascual Scotti, contador marplatense y edil del bloque Atlántico, manifestó que “en la ciudad balnearia, lo que se recauda en concepto de tercerización de tasas no alcanza ni para pagar el gasto en personal. Es difícil perseguir a los deudores, sobre todo cuando se quieren cobrar algunos derechos polémicos”.
Las dificultades en esta tercerización de las tasas municipales tienen un efecto dominó, es decir, un hecho trae como consecuencia a otro. En primer lugar, deslindar el compromiso en un tercero trae el fantasma de los “amiguismos” en las licitaciones de los contratos de concesiones. Así, cada comuna podrá designar en un “democrático concurso” a la oferente que mejor represente las necesidades a cubrir.
El problema empieza a emerger desde las municipalidades. Debido a que los distritos consideran como un pasivo perdido lo vinculante con gestiones anteriores, ante la oportunidad de recuperar “algo” gana la empresa contratada, gana el Ejecutivo, y todos contentos. En esta conceptualización de “todos jubilosos” es donde los distritos dejan la puerta abierta para que la empresa de un amigo o conocido se inserte en el campo de la tercerización de tasas.
Dependiendo si la sociedad es privada o pública, la firma percibirá un porcentaje de la recaudación ejecutada. Cabe destacar que los índices que manejan las compañías privadas no bajan del 20 por ciento, y en algunos casos alcanzan hasta el 33 por ciento.
Todas estas medidas estarán fiscalizadas bajo el núcleo del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. En la resolución del HTC se puede observar un párrafo esclarecedor sobre la nube que despierta esta medida: “Teniendo en cuenta que en la gestión de cobro de tasas a través de terceros el acreedor continúa siendo el Estado, el tercero está actuando por cuenta y orden de aquél, con pautas regladas, sin poder realizar actos de discrecionalidad alguno”.
Antecedentes en otros años
En 2010, en la ciudad de San Pedro la aprobación de la ordenanza que tercerizaba el cobro de los servicios de publicidad y propaganda y canon por antenas sentenció que una empresa privada sería la encargada de la recaudación. Desde el Concejo Deliberante manifestaron que la decisión de poner el cobro en manos privadas fue debido a la imposibilidad de llevar adelante la tarea por sus propios medios.
Las firmas que se presentaron fueron dos: Tip S.A. (Tercerización Ingresos Públicos) y Publicon SRL. Ambas contaban con experiencia en tareas similares en otros municipios. Publicon dispuso hacer la ejecución por un 22,9 por ciento de lo recaudado, mientras que Tip presentó una oferta del 24 por ciento.
La adjudicación, llamativamente, consagró a la oferente que más porcentaje solicitaba. Así, Tercerización de Ingresos Públicos estimó que en cuatro años podría recaudar $ 25 millones; al 24% de su presupuesto presentado, la empresa rondaría los $ 6 millones de ganancias.
El dato sugestivo se da a través de los puntos en donde presta servicios Tip S.A. De esta manera, su recaudación alcanza a las municipalidades de Almirante Brown, Escobar y Quilmes. Los números son claros.
En el caso de Publicon SRL, el alcance es aún mayor, ya que sus prestaciones se extienden a las comunas de Mercedes, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, General Villegas, Lobos, General Pinto y Carlos Casares.
En 2011, el HCD de Mar del Plata autorizó al Departamento Ejecutivo a contratar a una empresa privada para que se encargara de prestar el servicio de detección, liquidación y cobro de los Derechos de Publicidad y Propaganda, Ocupación de Espacios Públicos e Inspección de Antenas.
La firma a la que se le confirió la percepción y recaudación del fisco fue Semcor S.A. En este caso, la compañía estaba a cargo de efectuar relevamientos en la vía pública para detectar la presencia de Publicidad y Propaganda, Antenas y Ocupación del Espacio Público como una forma persecutoria de reclamar a los contribuyentes el pago de los correspondientes derechos.
A cambio de este servicio, Semcor S.A. percibiría el 16 por ciento sobre el total del dinero efectivamente embolsado, cifra que resultaría más baja que la que había autoimpuesto la Municipalidad como condición para adjudicar el servicio, que era del 17,5 por ciento.
Cabe destacar que el 16 por ciento parece, a simple vista, una cifra ínfima, sin embargo, y teniendo en cuenta la dimensión de Mar del Plata con respecto a Junín, ese porcentaje representa en las arcas de Semcor S.A. un número mucho más atractivo que lo recaudado por Tip S.A.
Trazando un recorrido conceptual sobre la tercerización de las tasas municipales, podría aseverarse que, a grandes rasgos, busca ser una herramienta útil para mejorar los ingresos y obtener mayores recursos para financiar obras, como así también reducir la evasión de los contribuyentes, sobre todo, los peces gordos.
El FpV delinea su estrategia legislativa 2012
Quienes encabezan las Cámaras legislativas, Horacio González y Gabriel Mariotto, volverán a encontrarse hoy para poner en claro cuál será el lineamiento que rija el actuar legislativo del oficialismo. Esta vez, se suman al cónclave los titulares de bancada de Diputados y Senadores, Juan De Jesús y Cristina FioramontiCon la creación de las policías Judicial y de Prevención como primer desafío, el año legislativo que se pone en marcha se avizora movido y no menos conflictivo que los últimos episodios de relevancia pública que se registraron en el edificio de la avenida 7, cuando las fracciones internas del FpV se enfrentaron por su lugar en los palcos.
Con ese primer capítulo, el año legislativo no se avizora menos conflictivo, dado que el cristinismo puro encabezado por el vicegobernador y presidente de la Cámara de Senadores Gabriel Mariotto pretende imponer sus propias lógicas, que incluyen mayor cercanía con la oposición que con el oficialismo en ciertos temas, como el de la seguridad.
De hecho, ése será el primer desafío para el peronismo en la agenda legislativa 2012. El sciolismo ya presentó dos proyectos que promueven la creación de dos nuevas fuerzas de seguridad -la Policía Judicial y la Policía de Prevención- que aparecen como la respuesta del Gobierno a las acaloradas críticas que se vierten sobre la política en seguridad.
Sin embargo, desde el epsacio político que encarna Mariotto, las intenciones son más radicalizadas. En tándem con sectores críticos del sciolismo dentro del FpV y con los legisladores que representan a Nuevo Encuentro, el vicegobernador propugna la posición del oficialismo nacional respecto a este tema. La línea que baja desde Nación a través de Nilda Garré y otros voceros, como el periodista Horacio Verbitsky, tiene su intérprete en el vicegobernador, que pugna por ua democratización de la Policía Bonaerense y un mayor control civil sobre la fuerza, cambiando el actual esquema que encabeza el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal.
Con esas tensiones como marco, hoy vuelven a reunirse Mariotto y el presidente de la Cámara de diputados, Horacio González.
Del encuentro, pautado la semana pasada luego de que ambos legisladores mantuvieran el primer contacto del año, participarán los titulares de bancada de Diputados y Senadores, Juan De Jesús y Cristina Fioramonti.
Será, en los hechos, el primer encuentro de los máximos representantes del oficialismo tras el recambio parlamentario y el desembarco de Mariotto al frente del Senado "con temario estrictamente legislativo", según se anunció, y para definir cómo será la estrategia para el tratamiento de los proyectos girados a la Cámara alta por la administración de Daniel Scioli.
En la reunión surgirá el modo en que se tratarán los recientemente enviados proyectos de creación de la Policía Judicial y la Policía de Prevención, con la realización de foros y debates según la modalidad que Mariotto intentará imprimir a su gestión dentro de la cámara Alta.
Con ese primer capítulo, el año legislativo no se avizora menos conflictivo, dado que el cristinismo puro encabezado por el vicegobernador y presidente de la Cámara de Senadores Gabriel Mariotto pretende imponer sus propias lógicas, que incluyen mayor cercanía con la oposición que con el oficialismo en ciertos temas, como el de la seguridad.
De hecho, ése será el primer desafío para el peronismo en la agenda legislativa 2012. El sciolismo ya presentó dos proyectos que promueven la creación de dos nuevas fuerzas de seguridad -la Policía Judicial y la Policía de Prevención- que aparecen como la respuesta del Gobierno a las acaloradas críticas que se vierten sobre la política en seguridad.
Sin embargo, desde el epsacio político que encarna Mariotto, las intenciones son más radicalizadas. En tándem con sectores críticos del sciolismo dentro del FpV y con los legisladores que representan a Nuevo Encuentro, el vicegobernador propugna la posición del oficialismo nacional respecto a este tema. La línea que baja desde Nación a través de Nilda Garré y otros voceros, como el periodista Horacio Verbitsky, tiene su intérprete en el vicegobernador, que pugna por ua democratización de la Policía Bonaerense y un mayor control civil sobre la fuerza, cambiando el actual esquema que encabeza el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal.
Con esas tensiones como marco, hoy vuelven a reunirse Mariotto y el presidente de la Cámara de diputados, Horacio González.
Del encuentro, pautado la semana pasada luego de que ambos legisladores mantuvieran el primer contacto del año, participarán los titulares de bancada de Diputados y Senadores, Juan De Jesús y Cristina Fioramonti.
Será, en los hechos, el primer encuentro de los máximos representantes del oficialismo tras el recambio parlamentario y el desembarco de Mariotto al frente del Senado "con temario estrictamente legislativo", según se anunció, y para definir cómo será la estrategia para el tratamiento de los proyectos girados a la Cámara alta por la administración de Daniel Scioli.
En la reunión surgirá el modo en que se tratarán los recientemente enviados proyectos de creación de la Policía Judicial y la Policía de Prevención, con la realización de foros y debates según la modalidad que Mariotto intentará imprimir a su gestión dentro de la cámara Alta.
lunes, 13 de febrero de 2012
La Cámpora impulsó la re reelección de Cristina y Boudou avaló la idea
En un encuentro en Mar del Plata en el que participaron dirigentes kirchneristas de primera
línea, legisladores de La Cámpora plantearon la necesidad de comenzar a trabajar en la re
reelección de Cristina Kirchner. “Es algo que tenemos que discutir ahora, porque hacerlo
dentro de tres años no va a tener sentido”, dijo Boudou.
Hoy la Fiesta de la Vendimia de Mar del Plata fue la excusa para que un grupo de referentes
de filo ultrakirchnerista mantuvieran un encuentro informal en el que se planteara la necesidad
de comenzar a trabajar en los dispositivos necesarios para que Cristina Kirchner pueda
volver a ser candidata en 2015.
Quienes lanzaron la propuesta fueron dos representantes de La Cámpora: El vicepresidente
de la Cámara de Diputados, José Ottavis, y la diputada provincial Fernanda Raverta. La
respuesta y la bendición a esa iniciativa llegó del propio Amado Boudou, el principal orador
de la reunión. “La continuidad de Cristina es algo que tenemos que discutir ahora, porque
hacerlo dentro de tres años no va a tener sentido”, dijo el vicepresidente.
Pero según pudo reconstruir La Política Online, el encuentro se llevó adelante en dos mo-
mentos distintos. Primero compartieron un asado al aire libre en donde se conformó una
cabecera que ocuparon Boudou, Mariotto, Aníbal Fernández, José Ottavis y Horacio González.
Tras el almuerzo caminaron hasta un salón donde informalmente conversaron de política.
Según trascendió, tanto Mariotto como Aníbal Fernández no participaron de este último
tramo del encuentro.
Pero la charla política comenzó con Ottavis como orador y con un discurso encendido.
“Los medios dicen muchas cosas de nosotros y todas son verdad. Es todo cierto, nosotros
vamos por todo”, dijo el diputado provincial.
El vicepresidente de la Cámara Baja bonaerense agregó que “Daniel Scioli demostró su
lealtad con el proyecto, tanto como vicepresidente, como en su rol de gobernador”.
Pero el reclamo del dirigente de la Juventud era concreto: “Nosotros vamos por todo y
no tenemos empacho en decir que queremos una nueva reelección de Cristina”.
Inmediatamente la discusión se diluyó un poco, en un debate que se centró en el respaldo
de la juventud de los años ’70 y si ese respaldo era más contundente que el que La Cám-
pora brinda a la Presidenta.
La marplatense Fernanda Raverta interrumpió la discusión y volvió a plantear que desde
La Cámpora consideran necesario avanzar en los mecanismos que permitan otro mandato
de Cristina Kirchner.
El diputado Julián Domínguez y el intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto se enredaron
en una discusión sobre el “postkirchnerismo”. El titular de la Cámara de Diputados de la
Nación ensayó además una defensa del liderazgo de Cristina y según indicaron fuentes
presentes en la reunión, "le dejó picando la pelota" al vicepresidente de la Nación para
bendecir la reelección.
“Ya hemos hablado sobre la continuidad de Cristina, y es algo que tenemos que discutir
ahora, porque hacerlo dentro de tres años no va a tener sentido”, aseguró Boudou. Otras
fuentes puntualizan que en realidad, el vice avaló una modificación de la Constitución sin
hablar precisamente de re reelección.
Entre otros de los presentes estuvieron la ministra de Gobierno bonaerense Cristina Álvarez
Rodríguez; el titular de la Agencia Provincial de Transporte, Hugo Bilbao; el titular de la
ANSES, Diego Bossio; los diputados nacionales Carlos Kunkel y José María Díaz Ban-
calari, entre otros.
Los billetes de Ciccone tendrían un sobreprecio del 45 por ciento
La titular de la Casa de la Moneda, Katya Daura, quiere darle a la papelera vinculada a Amado Boudou la impresión de al menos 700 millones de billetes. Se trata de un negocio de unos 50 millones de dólares. El problema es que el contrato tendría sobreprecios de un 45 por ciento y la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, rechaza las presiones del bouduista Benigno Vélez para firmar.
La ingeniería política y económica construida para apoderarse de la planta de Ciccone Calcográfica está enfrentando un punto de máxima tensión. No sólo por el escándalo público que aporta cada día nuevas revelaciones que vinculan al vicepresidente Amado Boudou y su socio político, el titular del Banco Macro Jorge Brito, en la captura de la impresora más moderna del país.
El problema que enfrentan los flamantes dueños que se esconden detrás de la pantalla del testaferro Alejandro Vanderbroele, es que solo en sueldos y mínimos costos operativos, la planta demanda una inversión mensual que ronda el millón de dólares.
Gasto que hasta ahora les está costando compensar con nuevos clientes, ya que en el mercado nadie quiere contratar –salvo extrañamente el Estado- a una firma cuyo titular es un monotributista con ingresos declarados anuales de 15 mil pesos, para una tarea tan delicada como la impresión de papeles de seguridad: cheques, bonos, papel moneda, etc.
Es ese dragón el que los verdaderos dueños de Ciccone necesitan alimentar rápidamente o se encaminan a un cierre o nuevamente la quiebra de la firma que emplea a cientos de personas y lograron arrebatarle a sus anteriores dueños –la familia Ciccone- y a Boldt, que había conseguido que le juez de la quiebra les permitiera alquilar la planta.
De manera que para evitar que al escándalo de un negociado amparado por el poder se sume un conflicto laboral, a los nuevos dueños de Boldt les urge conseguir un contrato abultado.
Una pelea de damas kirchneristas
Acaso por eso, la insólita insistencia de la titular de la Casa de la Moneda, Katya Daura, para concederle a Ciccone la impresión de al menos 700 millones de billetes. Trabajo por el que pagaría unos 50 millones de dólares –otras fuentes hablan que en rigor el contrato terminaría escalando a los 60 millones de dólares-.
Daura es una diligente economista que ingresó a la Anses de la mano de Sergio Massa, pero luego supo hacer buenas migas con Boudou a quien hoy responde directamente. Esta funcionaria pisó el acelerador semanas atrás para concretar el contrato con Ciccone.
Envió unos 15 técnicos de la Casa de la Moneda a la planta que hoy aparece en cabeza del testaferro Vanderbroele, para que le certifiquen si están en condiciones de hacer el trabajo. Y no se detuvo allí. Por estos días, en medio del escándalo que involucra maniobras de muy baja estofa como colocar de representantes del fondo que administra Ciccone a jubilados insolventes, la funcionaria presiona para que la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, firme el contrato con Ciccone.
Y fue en ese punto donde la estrategia planeada por los verdaderos dueños de Ciccone se trabó. Es que si bien la Casa de la Moneda participa en la tercerización del trabajo –aduciendo su falta de equipamiento para realizarlo-, el contrato debe firmarlo el Banco Central.
Puntos oscuros
En el corazón del Banco Central, Boudou tiene un aliado de peso que está empujando la firma con Ciccone. Se trata de Benigno Vélez, actual gerente General de la entidad y es secretario Legal y Aadministrativo d ela gestión de Boudou como ministro de Economía.
Benigno como Boudou y Vanderbroele, se conocen desde los años de juventud en Mar del Plata, cuando todos ellos simpatizaban y militaban en el ala más dura de la Ucede marplatense, liderada por el intendente de la Dictadura Mario Russak, que respondía directamente al general represor Ibérico Sain Jean, que supo gobernar la provincia de Buenos Aires.
Benigno que cuenta en el directorio del Central con el apoyo de Sergio Chodos -otro hombre cercano a Boudou-, presiona por estas horas para sacar adelante el contrato con Ciccone.
El problema es que el contrato cuesta un 45 por ciento más en dólares que la última contratación grande que hizo el central. Fue en diciembre del 2010, en plena crisis por la falta de billetes, cuando se decidió contratar a una UTE entre la Casa de la Moneda local –en ese entonces a cargo de un hombre de Juan Carlos Pezoa- y a su par de Brasil, para que imprimieran 130 millones de billetes.
Este tremendo sobreprecio del contrato con Ciccone, encendió luces de alarma en el despacho de la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, que algunos en el mercado cuestionan por su falta de experiencia en el sistema financiero, pero nadie duda de su honestidad.
Marcó del Pont se resiste a firmar el contrato, que desde el punto de vista ideológico que cultiva el kirchnerismo también ofrece flancos inexplicables: ¿Porqué gastar 50 millones de dólares en un privado en un sólo contrato, cuando con ese monto se podría equipar la Casa de la Moneda para que el Estado argentino pueda contar con esa infraestructura esencial?
Moyano quiere cambiar el estatuto de la CGT porque no le dan los votos para seguir
El titular del gremio de Canillitas, Omar Plaini, reconoció que varios dirigentes de la CGT evalúan una reforma en el estatuto para que las "organizaciones más chicas" participen en la votación. "No sería bueno que sólo las grandes definan el destino del conjunto", advirtió.
"¿Por qué no pensar en un protagonismo más cercano a las organizaciones más chicas?", planteó Plaini, para luego admitir que algunos referentes de la CGT evalúan la posibilidad de reformar el sistema para elegir autoridades, incluido al secretario general de la central.El diputado nacional remarcó que esa posibilidad "está en el análisis de algunos" de los referentes sindicales. "Habrá que debatirlo", indicó en declaraciones al programa Pensando con Mariano Grondona, de Radio 10.
"Nosotros decimos que no sería bueno que unas pocas organizaciones grandes definan el destino del conjunto", advirtió el gremialista cercano al titular de la CGT, Hugo Moyano.
Trascendió que esa eventual reforma representaría una manera para que Moyano logre mayor respaldo y evite afrontar la discusión con los referentes de los otros grandes gremios, de cara a las próximas elecciones en la CGT.
En ese sentido, señaló que "reemplazar a un dirigente de la magnitud de Moyano no es tan sencillo, es un hombre que ha tenido una conducta intachable en todos estos años".
"Uno de los valores que más rescato es su coherencia, ¿Quién puede negarle coherencia a Moyano en estos años?, planteó Plaini.
La Justicia investiga a Boudou por oscuros negocios con Ciccone
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El Juzgado Federal nº 3, a cargo de Daniel Rafecas, tiene en sus manos desde el viernes la denuncia por los presuntos vínculos que el vicepresidente Amado Boudou guarda con Ci- ccone Calcográfica, la única empresa privada del país autorizada para imprimir papel moneda, cheques y patentes de automóviles. El funcionario fue señalado porque habría influido para que un abogado llamado Alejandro Paul Vandenbroele -denunciado como su “testaferro”- pueda quedarse con la compa- ñía, que había sido declarada en quiebra en 2010. Son por lo menos dos los puntos oscuros alrededor del caso: la forma en la que Vanden- broele se hizo con la empresa y la relación que tendría con el vicepresidente. Asimismo, cabe destacar que Ciccone es una imprenta que tiene una larga historia de relación con el Estado, desde la dictadura en adelante (ver aparte). Facilitando la compra En 2010, el juez que llevaba adelante la quiebra de Ciccone, Javier Cosentino, abrió la posibilidad de alquilar el uso de la planta, que fue ganado por la empresa Boldt, la cual competía con la Casa de la Moneda y la AFIP. Pero Guillermo Moreno finalmente impidió que Boldt pueda alquilar Ciccone porque ya contaba con una imprenta, y “producía una concentración empresaria” del sector gráfico. En ese momento, septiembre de 2010, apareció Vandenbroele en escena, poniendo 567 mil pesos en efectivo para levantar la quiebra de Ciccone, cifra que contrastaba con los ingresos declarados que el abogado tenía en ese momento como monotributista: 15 mil pesos anuales. Antes de que Vandenbroele se quedara con la gráfica, los acreedores de la empresa habrían recibido la visita de José María Núñez Carmona recomendando que aceptaran el in- greso del fondo de inversión de The Old Fund, que comenzó a manejar el presunto “testaferro” también en 2010. Este sería el primer vínculo con Amado Boudou, ya que Carmona es socio y reconocido amigo del vicepresidente. The Old Fund se quedó con Ciccone a pesar de no tener ningún tipo de antecedentes en el rubro, y la AFIP, que en su momento había pedido la quiebra de la empresa, no sólo pidió levantarla, sino que también le otorgó facilidades de pago y una tasa de interés cercana al 6 por ciento anual. Para coronar, la Casa de la Moneda, conducida por Katya Daura (funcionaria considerada cercana a Boudou), recomendó al Banco Central que Ciccone imprima la mitad de los billetes de 100 pesos que se pondrán en circulación este año: un negocio de 50 millones de dólares. La relación con Boudou Vandenbroele habría asegurado personalmente tanto a los empleados de Ciccone como a los delegados del sindicato gráfico en una de sus primeras visitas a la empresa, que él es “hombre de Boudou”, asegurando con eso que la compañía tendría un promisorio futuro acrecentando negocios con el Estado. Pero sin dudas, las declaraciones que más podrían llegar a implicarlo son las de su esposa Laura Muñoz -de la que se encuentra separado-, quien afirmó en diferentes medios que el abogado “le lleva a Boudou la parte de los negocios que no es tan clara”. Muñoz aseguró que Vandenbroele conoce al vicepresidente “de Mar del Plata, la familia materna de Alejandro es de allá”, y que tenía pruebas documentales para presentar en la Justicia sobre los negocios turbios de su marido. El supuesto “testaferro” Alejandro Vandenbroele (a la izquierda en la foto), acusado por su esposa de ser “testaferro” de Amado Boudou, pasó en tan sólo tres años de ser un desconocido abo- gado a quedarse con una de las plantas gráficas más importantes del país, que realiza negocios millonarios con el Estado. Se trata de un abogado belga de 42 años, que no tiene antecedentes en el negocio de las imprentas. En 2009 recién empezó con su veloz carrera empresaria apare- ciendo como titular de Agroibérica de Inversiones SA y luego como accionista de Ruta Sur Rentals SA. Es además primo de Guadalupe Escaray, jefa regional de la Anses Mar del Plata -de donde es oriundo el vicepresidente y extitular de ese organismo-. Los otros problemas judiciales del vice Amado Boudou tiene pendiente otro proceso judicial en su contra que está a cargo del juez federal Claudio Bonadío, por tener a su nombre un auto con papeles falsos. El vice- presidente se ausentó de la indagatoria a la que había sido citado en febrero de 2011 por “cuestiones de agenda”. El proceso fue postergado y hasta el momento no fue vuelto a llamar. Además, ha logrado salir airoso de otras causas que se le imputaron: como titular de la Anses, el fiscal federal Gerardo Pollicita lo imputó por comprar con los fondos de los jubilados bonos de la deuda, acción que no está permitida. Tres décadas de vínculos con el Estado Ciccone Calcográfica fue fundada en 1951 por los hermanos Héctor y Nicolás Ciccone, pero su momento de crecimiento exponencial gracias a los beneficios obtenidos desde el Estado llegaría durante el período de la última dictadura. A través de la conexión con el almirante Carlos Lacoste, cuando era presidente del Ente Autárquico Mundial ‘78, la compañía obtuvo la adjudicación para imprimir las entradas del evento futbolístico. Todas las empresas que se vincularon con el Estado en la organización del Mundial gozaron del beneficio de importar sin aranceles. Esto le permitió a Ciccone importar máquinas gráficas a un precio preferencial. A partir de ahí se convirtió en la más destacada empresa gráfica del país porque además gozó de ese beneficio durante mucho tiempo luego de terminado el evento deportivo. Más adelante, se quedó con el negocio de la impresión de billetes de Lotería Nacional, y comenzó a imprimir billetes y valores para las provincias y sus bancos. A mediados de los ‘90, la empresa fue salvada por influencia del empresario Alfredo Yabrán, quien, mediante una oscura triangulación de dinero, canceló la deuda que Cicco- ne tenía con la Banca della Svizzera Italiana por US$ 25 millones. La empresa se quedó luego en 1995 con la impresión de los pasaportes y cédulas de identidad, negocio que acaparó durante diez años, y además fue la imprenta que se encargó de imprimir los patacones bonaerenses entre 2001 y 2002. Un lujoso country en la Costa Amado Boudou habría adquirido un terreno en el lujoso barrio privado Costa Esmeralda, ubicado en el Partido de La Costa, cercano a Pinamar. El country tiene mil hectáreas, cuenta con 3.200 metros de costa, canchas de tenis, un campo de golf de 18 hoyos y canchas de polo. El valor de los terrenos va desde los 15 mil dólares a los 250 mil, en el caso de los que se encuentran sobre la playa privada. Hace dos semanas el vicepresidente visitó el country, hospedándose en la mis- ma vivienda en la que pasó sus vacaciones el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Se habría quedado un día, con la intención de supervisar el terreno de cara a la construcción de una casa en marzo. Operación en el paladar El sábado por la mañana, Amado Boudou se sometió a una operación programa- da por problemas de apnea de sueño, afección que provoca que el flujo de aire disminuya o se interrumpa durante la respiración mientras duerme, a causa de que la vía respiratoria se estrechó o se bloqueó. Por Twitter, el vicepresidente detalló: “Fui intervenido quirúrgicamente en el paladar. La hospitalización estuvo a cargo del Dr. (Jorge) Schwartzman en el (sanatorio) Mater Dei. Ya estoy en casa”. Si bien no había sido anunciada, se trató de una operación programada, y los mé- dicos intervinientes destacaron que no fue compleja y que duró alrededor de 45 minutos. |
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