Luego del Niembrogate, en el Pro esperaban una lluvia de carpetazos. La preocupación principal era que la intención de voto de Macri cayera aún más. Por ahora, están tranquilos, aunque varios ministros se vieron involucrados en el desempolve de varias causas
Esto generó tres cosas: una suerte de replanteo o crisis interna en el partido amarillo por sobre cómo salir a responder los cuestionamientos y por sobre qué debía hacer Mauricio con, por ejemplo, Fernando Niembro. A esto hay que sumarle la caza de brujas interna que terminó con la cabeza de un empleado de contaduría que habría obtenido dicha información.
El segundo punto son los hechos en sí, los cuales describen un similarmodus operandi para contratar consultoras, favorecer a empresas amigas o establecer un vínculo comercial de modo directo, sin ningún tipo de licitación previa.
La tercera cuestión o efecto es el impacto que todo esto generó. Indudablemente, el Niembrogate golpeó en la imagen del PRO; fue una bala que perforó la coraza de transparencia tan mentada, y por ahora afectó en algunos puntos la intención de voto a Macri para el 25 de octubre.
El caso que involucró al relator deportivo fue la madre de la seguidilla de carpetas que volaron. La “cacería de brujas” comenzó luego de que la noticia continuara en los medios, incluso varios con los que el PRO “tendría buena relación”. Allí se empezó a delimitar el posible origen de la fuente, ya que la única forma de acceder a esas contrataciones, según fuentes de la Legislatura y la Auditoría General de la Ciudad, es mediante el sistema SIGAF, al cual sólo en el Ejecutivo porteño tienen acceso ilimitado.
La investigación interna llegó a buen puerto, pero tuvo un deselance no tan feliz. Uno de los empleados de contaduría habría sido quien sustrajera dicha información, lo que generó que fuera despedido.
Aunque, según pudo saber Qué de varias fuentes gubernamentales, el contador no habría sido el contacto con la prensa, sino un político del seno partidario que tendría una disputa interna con Niembro por lo acontecido en las PASO en territorio bonaerense.
El impacto de esas revelaciones, según varios consultores, hizo mella en la intención de voto de Macri, y en particular en la de la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal.
“Lo que vimos es que Mauricio cayó entre uno y dos puntos, pero lo que más preocupa es que Vidal se estancó”, explicó una calificada fuente de Uspallata, quien además sostuvo que esa fue la principal razón por la que se decidió a aceptar la renuncia del candidato.
Pero los ministros porteños también vieron cómo volaban carpetas. Al titular del ministerio de Justicia y Seguridad, Guillermo Montengro, quien además fue precandidato a intendente en San Isidro, recibió una denuncia penal por las contrataciones de la consultora A.R y Asociados SA. En los once contratos que se publicaron en el Boletín Oficial, y que fueron en su total por un monto de $ 3.000.000 desde 2010 hasta la fecha, el servicio era el mismo: asesoramiento en materia de comunicación.
Baires. Agosto 12 de 2015. El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, puso a disposición de los municipios afectados por inundaciones en la provincia de Buenos Aires, todo el mecanismo de con que cuenta la ciudad para dar respuesta inmediata a situaciones de emergencia. Foto Nahuel Padrevecchi-gv/GCBA.-
En particular, la Justicia hizo foco en las presuntas ventas de material fílmico de la mencionada empresa, cuya titular es Alejandra Ralfus, a canales de televisión, lo que resulta ilegal ya que puede entorpecer investigaciones penales.
La causa se encuentra radicada en el juzgado de Instrucción Nº 18, a cargo de Pablo Ormachea, por una presunta “incompatiblidad con los deberes de funcionario público”.
Lo cierto es que la titular de la empresa tiene una relación de larga data con Montenegro. Desde el Ministerio no sólo corroboraron la existencia de dicha relación, sino que además explicaron que se trató de la “contratación de una empresa líder en el mercado”.
Según el sitio de la consultora, entre sus clientes se encuentran varias empresas privadas, como es el caso de la cadena de hoteles Hyatt, SOCMA, y el Banco Macro, como también municipios, gobernaciones y ministerios, entre ellos el de la provincia de Buenos Aires, la cartera de Interior y Transporte de la Nación, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
“La contratación se hizo para promocionar la marca de la Policía Metropolitana y así diferenciarla de otras policías. Desde que se creó la web de la Metro, en 2012, ya cosecha más de 3.200.000 visitas”, sostuvo la misma fuente que además negó el vínculo familiar entre Rafuls y Montenegro.
Otro de los ministros cercanos a la senadora nacional y compañera de fórmula de Macri, la senadora nacional Gabriela Michetti, que también se encuentra implicado en una investigación judicial es el de Cultura, Hernán Lombardi.
Según un escrito que presentó la fiscalía especializada en lavado de dinero, la Procelac, Lombardi habría sido partícipe de una operatoria de desvío de fondos públicos hacia la usina de ideas del PRO, la Fundación Pensar, mediante un intermediario, Mateo Goretti. “La operatoria refleja que el partido que ejerce el gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, habría financiado actividades político-partidarias (Fundación Pensar) con fondos públicos ilegítimamente obtenidos con el Régimen de Promoción Cultural utilizando como vehículo la Fundación CEPPA”, según se desprende de la denuncia. Esos fondos habrían sido destinados hacia las arcas de la fundación. Además, según el escrito, a los investigadores les “llamó la atención”, el incremento patrimonial de Goretti, quien pasó de declarar $ 365.765 en 2010 a $ 1.917.306 en 2011. Pero no sólo eso, también aparecería como apoderado de la Fundación Pensar en tres cuentas bancarias en el Banco Macro.
“Hay que esperar que lleguen las medidas de pruebas para ver que lo que sostiene la Procelac se pueda comprobar con los papeles”, sostuvo una calificada fuente con acceso a la causa. Desde la Pensar, por su parte, negaron tales acusaciones y sostuvieron que se trata de “una operación política y mediática en su contra, en el marco de una campaña presidencial”, y resaltaron la participación del fiscal a cargo de dicha dependencia, Carlos Gonella, a quien acusan de estar ligado al Gobierno nacional.
Lo cierto es que Goretti sí afrontó un proceso judicial por un presunto robo de piezas de colección encontradas en un departamento de su propiedad. La investigación que comenzó en 2008 finalizó cinco años después cuando la Cámara de Apelaciones de la provincia de Córdoba lo sobreseyó de tal delito.
Todo comenzó cuando a principios de 2012, y en un allanamiento en un departamento de la Ciudad en donde se encontraron todas las piezas que faltaban desde hacía años en el museo Arqueológico Argentino Ambato de la ciudad de La Falda. En su momento, se estimó que el valor de mercado de las 59 piezas rondaría el millón de dólares. La denuncia se cursó en el Juzgado Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo.
Pero Vidal también tuvo lo suyo. Su esposo, el concejal y candidato a intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, fue contratado por su mujer en reiteradas ocasiones. Tagliaferro es uno de los socios de la consultora Poliarquía, que entre 2012 y 2013 cosechó dos contratos para la elaboración de sondeos por un total de $ 440.000. El primero, por $ 240.000 fue entre la encuestadora y el IVC para el “servicio de Asersoramiento y Comunicación Estratégica” en 2012. Menos de doce meses después, en 2013, la jefatura de Gobierno, le encomendó una encuesta sobre “las variables que alimentan una cultura ciudadana, las motivaciones para generar una participación más activa y los aspectos de convivencia de los vecinos de la Ciudad”, por lo que le pagó $ 199.650.
La irregularidad es que eso iría en contra de la Constitución de la Ciudad, que en su artículo 101 prohíbe la contratación o vInculación de las respectivas esposas/os de los ministros porteños.
Fuente: Revista Que
www.revistaque.com
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