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En Pinamar, subir al colectivo se convirtió en un lujo. Y todo indica
El pedido será tratado en una audiencia pública convocada por el Mu
nicipio para el 28 de julio, pero el reclamo vecinal crece al mismo rit
mo que la indignación: si se aprueba, el pasaje pasará a costar $2.627.
En una ciudad donde el salario promedio ronda los $700.000 y el al
quiler de un monoambiente puede costar $400.000 (solo de marzo a no
viembre), este nuevo golpe al bolsillo se siente como un ataque direc
to a la economía diaria de cualquier vecino.
Según datos oficiales, en junio de 2025, una familia tipo argentina —dos
adultos y dos menores— necesitó $1.110.624 para no ser considerada
pobre. En ese contexto, ¿cómo se justifica que el boleto urbano en Pi
namar termine absorbiendo una porción tan desproporcionada del ingre
so mensual?
El costo por kilómetro que paga un pasajero en Pinamar ya es alar
mante: se calcula que el recorrido más extenso dentro del ejido urba
no (de Pinamar Norte a Cariló) es de poco más de 7 kilómetros. Eso
significa que, con la tarifa actual, los usuarios pagan unos $301 por
kilómetro recorrido. Con el aumento solicitado, esa cifra subiría a
$375/km.
El contraste con otras ciudades vecinas es tan claro como doloroso.
En Villa Gesell, el pasaje urbano cuesta $600, lo que equivale a unos
$86/km. En el Partido de La Costa, el primer tramo es de $1100,60,
con un sistema moderno que incluye seguimiento en tiempo real de
las unidades mediante app. Pero la diferencia más impactante se da
con General Madariaga, donde el servicio de transporte urbano es
completamente gratuito para los vecinos, también con monitoreo en
tiempo real mediante código QR.
Mientras tanto, en Pinamar, el transporte público sigue funcionando
con un esquema plano, sin segmentación por tramos, sin tarifas so
ciales activas, sin abonos ni competencia. El modelo actual está ba
sado en un monopolio sin controles efectivos ni mecanismos de par
ticipación ciudadana sostenidos. La audiencia pública, aunque impor
tante, aparece cada vez más como una formalidad, y no como una he
rramienta real de incidencia.
La pregunta es inevitable: ¿por qué en la ciudad más cara para viajar
no se piensa un modelo de transporte accesible, integrado y con crite
rio social? ¿Cómo puede ser que mientras en otras localidades se in
vierte en garantizar el derecho al transporte, en Pinamar se siga ajustan
do sobre quienes menos tienen?
Cada aumento no sólo encarece un pasaje: encarece la vida. Afecta al
trabajador que no llega, al estudiante que no puede pagar, a la madre
que lleva a su hijo al hospital, al abuelo que va a cobrar su jubilación.
El transporte público debe ser un servicio esencial, no un privilegio.
El 28 de julio hay una oportunidad. La audiencia pública puede conver
tirse en una instancia de expresión, pero también debe ser el comienzo
de una discusión más profunda. Pinamar necesita, y merece, un mode
lo de transporte inclusivo, eficiente y justo.
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