Fue impulsado por diputados opositores y un grupo de padres y ma
dres pero el Juzgado de Familia 6 de La Plata consideró que no tiene
competencia para expedirse sobre un decreto nacional.
La justicia de La Plata rechazó un amparo que pedía que no se suspen
dan las clases presenciales en los distritos del área Metropolitana
(AMBA) de la provincia de Buenos Aires, por considerar que no tiene
competencia para expedirse sobre un decreto nacional.
El amparo había sido presentado por el diputado bonaerense de Juntos
por el Cambio, Daniel Lipovetzky, junto con sus colegas de bancada,
Diego Rovella y Emiliano Balbín y un grupo de padres de escuelas
públicas y privadas de la ciudad de La Plata. Allí, consideraban al accio
nar del gobierno nacional y provincial como “irresponsable” y “contra
rio al Derecho Humano a la Educación”.
“La experiencia del 2020 nos demostró que la virtualidad no es suficiente,
ni satisfactoria. La falta de presencialidad ocasiona un grave perjuicio
a los niños, niñas y adolescentes, sumado a que, no hay datos
científicos ni epidemiológicos que justifiquen la no presencialidad”,
detalló Lipovetzky.
No obstante, la titular del Juzgado de Familia 6 de La Plata, María del
Rosario Rocca, rechazó la medida por considerar que no tiene compe
tencia para expedirse sobre un decreto nacional, según informó el
portal de la Agencia DIB.
“Lo dispuesto a nivel local ha de ser en directa aplicación de las direc
trices emanadas del Decreto de Necesidad de Urgencia 241/2021, que
por su naturaleza de norma nacional, escapa a la competencia de la
justicia provincial”, sostuvo en el fallo.
La magistrada agregó que “por tanto, y en orden al reclamo impetrado
no corresponde el examen de la cuestión traída, a la luz de la falta de
competencia para expedirme respecto de cuestiones de orden federal
como lo es el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia dictado
por la máxima autoridad del poder administrador, el que en su caso, ha
de ser evaluado por la Justicia federal en el marco de las competencias
que le son propias”.
“Considerando que lo que se encuentra en juego es la interpretación y
aplicación de una norma federal que excede el marco de la jurisdicción
provincial conforme lo previsto en los arts. 116 CN y 2 de la ley 48,
prevalece la competencia federal en el examen de la cuestión traída”,
concluyó.
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