Comenzó tercer juicio por la "megacausa" ESMA con 68 acusados

28/11/12 - 09:26hs

También está en el banquillo de los acusados el entonces secretario de Hacienda, Juan Alemann, imputado de haber presenciado en el lugar el interrogatorio bajo torturas a Orlando Ruiz, a quien se sindicaba de haber participado de un atentado en su contra y que permanece desaparecido.

Los 16 ex marinos del “Grupo de Tareas 3.3.2” que ya fueron condenados en octubre del 2011 en el segundo juicio de esta megacausa vuelven a ser juzgados junto a otros integrantes de la patota por otra multitud de secuestros, torturas y homicidios cometidos hace más de treinta años pero que siguen impunes.

Alfredo Astiz y Eduardo Acosta, entre otros, deben responder por casos que alertaron al mundo, como el de la adolescente sueca Dagmar Hagelin, baleada en la calle en febrero de 1977 y llevada a la ESMA para ser desaparecida.

También están acusados los aviadores navales Enrique de Sain George, Emir Sisul Hess, Alejandro D’Agostino y Julio Poch, nacionalizado holandés y extraditado desde España luego de que sus compañeros de trabajo lo denunciaran por sus horrorosos relatos sin arrepentimiento.

La ESMA fue el mayor centro de detención clandestina administrado por la marina durante la última dictadura cívico militar y se estima que allí pasaron entre 1977 y 1979 unas 5 mil personas y nacieron bebés en cautiverio, además de ser vistas por última vez las primeras Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas que las apoyaban, secuestradas en la Iglesia de la Santa Cruz y arrojadas luego al mar.

También fue visto allí el cadáver del escritor y periodista Rodolfo Walsh.

Se estima que el debate, que comenzará a las 10, se realizará los lunes, miércoles y viernes en la Sala Amia de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, durará 24 meses, durante los cuales prestarán testimonio 830 testigos, otro récord para este juicio. 

El Tribunal del Mar inicia las audiencias por la retención de la fragata en Ghana

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar comenzará mañana con las audiencias por la retención desde octubre de la Fragata Libertad en Ghana, a raíz de una demanda de fondos buitre.

El Gobierno nacional presentó a mediados de noviembre ante esa instancia judicial, con sede en Hamburgo (Alemania), una medida cautelar para que se libere el buque escuela luego de que señalase que Ghana "violó las normas del derecho internacional que consagran la inmunidad de los buques de guerra".

Por su parte, la Organización Marítima Internacional (OMI) certificó que la fragata es un buque militar y por lo tanto que "no puede ser embargada", informó hoy la embajadora ante el Reino Unido de Gran Bretaña, Alicia Castro.

"Esta notificación desmiente las falsas y maliciosas versiones de quienes habrían afirmado irresponsablemente que 'la Fragata Libertad tiene asignado un número de identificación OMI y por lo tanto no es un buque militar, sino un buque de servicios'", se informó en un comunicado.

Con este argumento, Castro afirmó que se respalda "la legalidad de los argumentos argentinos en el sentido de que, en aplicación del derecho internacional del mar, el buque Escuela Libertad goza de la más absoluta inmunidad y por lo tanto, no puede ser embargado". "Resulta preocupante -señaló la embajadora - que algunos legisladores y medios de prensa argentinos difundan falsas informaciones que podrían perjudicar la situación argentina frente a las ávidas demandas de los fondos buitre y en contra del interés nacional", se quejó y agregó que "el testimonio OMI que se adjunta confirma que 'el número OMI 6125398 no ha sido nunca asignado a este buque de guerra, ni a ningún otro buque'".

En esa misma sintonía, el canciller Héctor Timerman afirmó ayer que es "totalmente falso" que se haya movido la fragata del lugar que ocupa en el puerto ghanés de Tema y cargó contra "los fondos buitre", a los que reprochó que "no tienen ningún límite y buscan desestabilizar" a países como la Argentina.

El otro gran pendiente en la Corte Suprema: el reparto de pauta oficial

Además de la causa Clarín en torno a la Ley de Medios, el máximo tribunal aún debe expedirse sobre un tema crucial: la discriminación a Editorial Perfil.

El Máximo Tribunal tiene en sus manos el análisis de uno de los temas más utilizados por el Gobierno para condicionar la libertad de expresión en el país: la causa por discriminación en el reparto de pauta oficial estatal a los medios de Editorial Perfil.
La libertad de prensa y libertad de expresión son algunos de los derechos más debatidos en la actualidad. Pero no sólo por la trascendencia que tiene la aplicación de la Ley de Medios respecto del Grupo Clarín y otros medios de comunicación que deben adecuarse a la nueva legislación, sino porque también la libertad de expresión se ve cercada por la cantidad de publicidad que el Estado decide publicitar en los medios para premiar a los oficialistas ycastigar a los críticos.
La mayoría de los medios de Editorial Perfil no recibe pauta oficial por parte del gobierno, mientras que el diario Perfil la recibe en cuentagotas, en forma discriminada en comparación a las cantidades que reciben los medios del espectro K.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había fallado al respecto el 2 de marzo de 2011 al confirmar un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, a través del cual había "conminado" al Estado Nacional a que, "en el término de 15 días, asignara publicidad oficial" a los distintos periódicos y revistas de la Editorial Perfil, "respetando un 'equilibrio razonable' con aquellas 'de análogas características'".
Sin embargo, el Estado incumplió la medida por lo que nuevamente la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó el 14 de agosto pasado al Gobierno a que cumpla con el fallo de la Corte a favor de la Editorial Perfil y lo intimó a que incluya publicidad oficial en las revistas Noticias y Fortuna y en el diario Perfil. Además, el tribunal solicitó un blanqueo de todos las pautas del Estado para permitir un "adecuado escrutinio judicial" en materia de equilibrio en la asignación de la publicidad oficial.
Al respecto, el tribunal, que integran los jueces Jorge Eduardo Morán, Marcelo Daniel Duffy y Rogelio Vincenti, pidió entonces que el esquema "se ajuste fielmente las pautas de proporcionalidad y equidad establecidas por esta Sala, así como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación". La Cámara le recordó al Estado que si no cumple la orden judicial le aplicará una multa de $ 1.000 "por día de demora".
El Estado nuevamente no acató este nuevo fallo y volvió a apelar la medida. Es que la Corte, que ya le había ordenado al Estado otorgar publicidad oficial a la editorial Perfil, ahora deberá analizar el esquema de esa propaganda que se había dispuesto en una instancia inferior y a la que el Gobierno se opuso. Esto se generó a partir de que la Cámara resolvió rechazar un recurso extraordinario oficial en lo que hace a la "arbitrariedad" invocada por el Estado, pero dispuso su concesión "en la medida en que se debate la existencia de una cuestión federal".
La Cámara estableció que "sea el Máximo Tribunal quien determine en último término y con certeza" si el fallo dictado "se ajustaba a la orden impartida anteriormente".
La causa se inició durante el Gobierno de Néstor Kirchner, cuando Editorial Perfil presentó una acción de amparo para que sus publicaciones no fueran excluidas de la publicidad oficial que otorgaba el Poder Ejecutivo. Fue recién en diciembre de 2009 cuando la Cámara falló en favor de la editorial. Luego comenzaría la serie de fallos y apelaciones hasta llegar al punto en que la Corte debe definirse nuevamente sobre la cuestión frente a un Gobierno que incumple recurrentemente sus fallos.

LISTAS NEGRAS... NO LO VAMOS A PERMITIR

El Frente Gremial Docente Bonaerense expresa: Su absoluta oposición a estas directivas (Pedido de listas de adhesión al paro por la DGCyE) por considerarlas  una ilegalidad manifiesta, intentando imponer en las escuelas mecanismos impropios del sistema democrático y llevándonos a  prácticas que creíamos desterradas en nuestro país.

 

Ante el Comunicado emitido por la Subsecretaría de Gestión Educativa en el cual “Se solicita al equipo de conducción la entrega de un contralor adicional en el que se detalle la información solicitada, en relación a la prestación de los servicios de los agentes de cada institución educativa, los días 22 y 23 de noviembre del corriente año.

Dicho adicional, con la información requerida, deberá remitirse a la Dirección Provincial de Gestión de Recursos Humanos, antes del día jueves 29 de noviembre de 2012.

Además de solicitar un adicional, a cada servicio educativo dependiente de la DGC y E, con las novedades correspondientes por los días 23, 24, 25 y 26 de Octubre de 2012. La información solicitada, correspondiente a los adicionales por el mes de Octubre, deberá enviarse antes del día viernes 30 de Noviembre a la Dirección Provincial de Gestión de Recursos Humanos”, el Frente Gremial Docente Bonaerense expresa: Su absoluta oposición a estas directivas por considerarlas una ilegalidad manifiesta, intentando imponer en las escuelas mecanismos impropios del sistema democrático y llevándonos a prácticas que creíamos desterradas en nuestro país. Esta decisión de la DGCyE de solicitar adicionales a efectos de consignar exclusivamente los días 22 y 23 de noviembre y 23, 24, 25 y 26 de octubre que fueron objeto del ejercicio del Derecho Constitucional de Huelga, no la hemos visto cuando los trabajadores docentes no percibían sus haberes en tiempo y forma por responsabilidad administrativa y política de ese Ministerio.

Por otra parte, no puede menos que preocuparnos un comunicado que, lisa y llanamente tiene como objeto amedrentar a los docentes que han ejercido su derecho a huelga y que ofende de esta manera a todos los trabajadores del sector.

Por lo expuesto, este Frente Gremial, exige que se deje sin efecto esta medida. Caso contrario procederemos a efectuar las acciones legales que hacen a nuestro derecho.

AMET FEB SUTEBA UDA

Reapertura del canje: la UCR apoya y el FAP se opone

El senador radical Sanz adelantó que si el Gobierno convoca a la reapertura del canje el partido le dará los votos. Desde el FAP Claudio Lozano rechazó cualquier ayuda. “Hay que recuperar la soberanía porque así no somos un Estado. Somos un deudor”.

La oposición mostró posturas disímiles respecto a la posible reapertura de la deuda que planteó el Gobierno como una salida a la presión de los fondos buitres, que lograron dos fallos favorables en la Corte de New York. 

Mientras la UCR se pronunció a favor, el FAP anticipó su rechazo de plano a volver a canjear deuda. “Si el gobierno convoca a una reapertura del canje de la deuda pública para negociar con los holdouts, la Unión Cívica Radical daría su apoyo", anticipó el senador radical Ernesto Sanz.

“No me extraña que la UCR apoye porque es el partido de la deuda”, respondió Claudio Lozano, del FAP, en diálogo con LPO.

Es que si el Gobierno decide pagarle a los holdouts deberá pasar por el Congreso, ya que debería derogar la ley cerrojo, que impide volver a abrir el canje. “El canje de 2010 se reabrió con el diario del lunes: los bonistas tenían las previsiones del cupón de PBI”, se indignó Lozano.

“Acá se está viendo el fracaso del cuento de la deuda. El camino lógico hubiera sido auditar la deuda, identificar los pasivos y recuperar la soberanía. Porque no puede ser que un juez norteamericano nos esté juzgando”.

“El Gobierno no recuperó la soberanía. Somos un deudor y no estado soberano. Porque validamos los bonos emitidos con otra jurisdicción y seguimos emitiendo”.

Lozano se quejó además que la defensa de Argentina en New York la haya ejercido los abogados que defendieron al país en anteriores gobierno “y trabajan para los Bancos”.

“Es increíble lo que está pasando en Argentina: este gobierno ha pagado 33 mil millones de dólares de duda, seguimos endedudados en 200 mil millones de deuda pública y andamos clandestinos por el mundo”, se indignó. 

Lucas Ghi ahora elogia a Scioli

Sorpresivas declaraciones del intendente de Morón. El representante de Nuevo Encuentro le tiró flores a Daniel Scioli. “se destaca la predisposición del Gobernador por escuchar las necesidades del municipio”. Meses atrás, el moronense había criticado fuertemente a Daniel Scioli al señalar que la gestión provincial "es una administración del statu quo y no de llevar adelante medidas que vayan hacia una mayor penetración en los sectores más postergados"

El mandatario municipal de Morón, Lucas Ghi, un fuerte crítico del Gobierno provincial, al igual que su líder político Martín Sabbatella, sorprendió con sus declaraciones al referirse a Daniel Scioli.

El dirigente de Nuevo Encuentro, sostuvo que “más allá de pertenecer a otro partido político, se destaca la predisposición del Gobernador por escuchar las necesidades del municipio y celebrar acuerdos institucionales”.

En el mes de julio, consultado por la relación entre Daniel Scioli y el Gobierno nacional, Ghi aseveró: "Nosotros (Nuevo Encuentro) de alguna manera anticipamos esta tensión política porque veíamos en Scioli sus claras aspiraciones que fueron verbalizadas recientemente y también que no encarna en la provincia de Buenos Aires el proceso transformador que está llevando adelante la Presidenta", indicó a Pagina 12.

En la misma entrevista, añadió que "esto se ve en las políticas públicas de la provincia, que es una administración del statu quo y no de llevar adelante medidas que vayan hacia una mayor penetración en los sectores más postergados. Hubo recortes importantes en partidas que afectan al universo más beneficiado por las políticas públicas sostenidas por el gobierno nacional y ahí se ve una contradicción. Claramente ahora se empiezan a ver dos proyectos políticos distintos que se configuran en dos marcos de alianzas distintos y que hoy más que nunca dejan en evidencia las indisimulables diferencias que hay.

TITULARES DE LOS PRINCIPALES DIARIOS ARGENTINOS DE HOY