expuesto a Iguacel.
Luego de la intensa polémica generada a partir del aumento de la
tarifa de gas anunciado por Iguacel, que autorizaba a las empresas
a cobrar un extra en 24 cuotas para compensar las pérdidas que
sufrieron por la suba del dólar, el Gobierno decidió dar marcha atrás
y anular la medida.
"Estamos trabajando en una salida consensuada con la oposición.
Por lo pronto, se bajan las 24 cuotas que iban a pagar los usuarios y
el Estado se hará cargo del desfasaje", aseguraron fuentes oficiales
a LPO.
La resolución de la Secretaría de Energía había provocado una fuerte
reacción tanto de la oposición como de las propias filas del oficialis
mo, donde llovieron críticas por parte de la UCR y hasta impulsaron
una contrapropuesta que consistía pagar a las empresas la mitad
del resarcimiento y que las propias compañías aporten la otra parte.
Así, el Gobierno termina cediendo ante la exigencia radical, que incluso
había llegado a amenazar con votar la anulación del aumento junto a
todo el peronismo en la sesión especial que había convocado la opo
Finalmente, a diferencia de la propuesta del partido centenario, el
Estado se hará cargo de la totalidad de la deuda, la cual abonará en 30
cuotas hasta el 2021. En el mercado no tomaron de buena manera la
noticia, ya que constituye un nuevo aumento del gasto y altera el sen
dero de reducción del déficit fiscal.
"Lo logramos, el radicalismo consiguió frenar la suba retroactiva del
gas", celebró insólitamente en Twitter el Senador Ángel Rozas. Por
su parte, su correligionaria Silvia Elías de Pérez mantuvo el tono de
festejo y señaló que "es una gran noticia que esperemos lleve tran
quilidad a la sociedad".
La decisión se tomó luego de una reunión de algunos miembros del Gabinete y marca el triunfo del ala política de Cambiemos. Este sector comandado por Frigerio, entre otros, manifestaba que el incremento dificultaría aún más las negociaciones en el Congreso para poder aprobar el Presupuesto 2019.
A su vez, el freno por vía judicial era inminente. El fiscal Marijuán había pedido una medida cautelar de forma urgente y la presentación de amparos en todo el territorio nacional no paraba de aumentar. "Los contribuyentes han hecho pagos y uno de los efectos del pago es la cancelación total, con lo cual no se puede en modo alguno quitarles la entidad jurídica que tienen justamente el acto del pago", había manifestado el fiscal.