Luis Tagliapietra, Isabel Polo y María Rosa Belcastro Rumi lo confirma
ron en el marco del expediente que se abrió a partir de la denuncia pre
sentada ayer por la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI),
Cristina Caamaño. Por su parte, el fiscal Daniel Adler ya ordenó diversas
medidas de prueba.
Tres de los familiares de los tripulantes fallecidos en el ARA San Juan
aseguraron hoy que ya en 2018 sospechaban de la existencia de activi
dades de espionaje mientras el submarino permanecía desaparecido y
confirmaron que se presentarán como querellantes en la causa que se
abrió a partir de la denuncia presentada ayer por la Agencia Federal
de Inteligencia (AFI), intervenida por Cristina Caamaño.
Tal como informó este medio, la funcionaria nacional solicitó la citación
a indagatoria del ex director general de AFIA, Gustavo Arribas; de la sub
directora Silvia Majdalani, y del ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri,
en una lista que también incluiría a ex funcionarios nacionales que se
desempeñaban en la región en los hechos que se habrían registrado
mientras el submarino se encontraba desaparecido.
En declaraciones a distintos medios, Luis Tagliapietra, Isabel Polo y
María Rosa Belcastro Rumi aseguraron que pedirán constituirse en
querellantes en la causa. "Ya habíamos hecho una presentación por
que veíamos que cada vez que hablábamos entre nosotros, teníamos pro
blemas con el celular, que se recalentaba o se cortaba la llamada", dijo
a radio Continental Belcastro Rumi.
Además, sostuvo que, meses después de la tragedia, muchos de los
familiares de fallecidos "salieron de los grupos de Whatsapp" que habían
establecido entre sí. "Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias por
que todavía no sabemos lo que pasó con nuestros hijos; la Armada me
tiene que decir la verdad sobre qué pasó con mi hijo y con sus compañe
ros y sé que la Armada estuvo investigando mis redes sociales", agregó.
En tanto, en diálogo con diálogo con la radio FM Rock&Pop, Tagliapietra
aseveró que los familiares de fallecidos en el ARA San Juan se enteraron
"un par de horas antes de hacerse pública la denuncia" y destacó que
"el Ministerio de Defensa tuvo la deferencia de avisarnos".
"Yo había denunciado en marzo de 2018 sobre esa posibilidad, ya que habían
cuestiones que eran muy extrañas: comportamientos raros o mensajes que
aparecían borrados cuando nadie había hecho nada", recordó el abogado,
que representa a nueve familiares de los submarinistas del ARA San Juan,
con quienes se perdió contacto el 15 de noviembre de 2017.
Por otro lado, Tagliapietra contó que mientras se realizaba una audiencia
en Caleta Olivia en la que estaba tomando declaración testimonial, “te
nía el teléfono apagado”, pero cuando salió vio “un montón de mensa
jes de Google diciendo que habían intentado acceder” a su mail personal
desde “otro dispositivo".
Asimismo, en declaraciones a FutuRöck, Isabel Polo, hermana del tripu
lante del submarino ARA San Juan, Daniel Alejandro Polo, dijo que los
familiares habían presentado una denuncia en este sentido a principios
de 2018, aunque "tanto el fiscal Lucas Collia como la jueza Marta Yañez
no le habían dado la importancia que merecía porque no podíamos apor
tar pruebas".
"Sospechábamos del espionaje porque el teléfono de repente se reinicia
ba solo y cuando lo volvíamos a encender faltaban contactos, videos,
imágenes: nos borraban el material de los celulares", explicó.
Avances en la investigación
Por otro lado, en las últimas horas se confirmó que, luego que el juez
federal Santiago Inchausti delegara la investigación en la Fiscalía Fede
ral N°2 de Mar del Plata, el fiscal general Daniel Adler impulsó el caso
y ordenó diversas medidas de prueba,
El letrado entendió que deberá investigarse el presunto desarrollo y
producción de actividades de inteligencia ilegal –de acuerdo a la ley
27.126-, del que habrían resultado víctimas familiares y/o allegados
tanto de los 44 tripulantes y personas trasladadas en el submarino
ARA San Juan, quienes perdieran la vida como consecuencia de su
hundimiento en noviembre de 2017, como de los tripulantes del bu
que pesquero Rigel, quienes fallecieron a causa de su naufragio el 9
de junio de 2018.
De acuerdo con la denuncia efectuada, como se detalló, la imputación
recae sobre el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, responsable
de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la políti
ca de inteligencia nacional; el ex director general de la AFI, Gustavo
Arribas; la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; y varios agentes
de inteligencia.
Según se indica en la presentación que dio origen a la investigación, per
sonal de la AFI habría realizado el seguimiento y la recopilación de infor
mación vinculada a los familiares y allegados de los fallecidos en el hun
dimiento del ARA San Juan y el buque Rigel, durante los años 2018 y
2019, actividad que no había sido ordenada por ninguna autoridad judi
cial. La denuncia de Caamaño expresa que tampoco se encuentra ampa
rada por la normativa que regula el trabajo de la agencia, toda vez que
los integrantes de dicho colectivo de personas, según se indica, no inte
graban grupos terroristas ni pertenecían a organizaciones de criminali
dad organizada.
En efecto, recuerda que la Ley Nacional de Inteligencia prohíbe “obte
ner información, producir inteligencia o almacenar datos sobre perso
nas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u
opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones parti
darias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales,
culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen
en cualquier esfera de acción”.