Están en el Senado las leyes de las nuevas policías

El Ejecutivo envió al Senado de la Provincia los proyectos de ley que crean la denominada Policía de Prevención, que funcionará en los municipios con más de 70 mil habitantes, y la Policía Judicial que se encargará de la investigación de los delitos y etará baja la órbita de la Procuración

En cuanto a la Policía de Prevención, en principio funcionará en los distritos con más de 70 mil habitantes, no comprendidos actualmente en las policías comunales creadas en su momento por Carlos Arslanián. De todos modos, en el artículo 3 de la normativa ingresada al senado este viernes 3 de febrero, se deja abierta la posibilidad de que haya excepciones para distritos más pequeños.

La Ley establece que la Policía de Prevención quedará bajo el mando del jefe de Policía de Distrito. Si bien la fuerza dependerá fiuncionalmente del intendente, pero orgánicamente será regida por el Ministerio de Justicia y Seguridad. Cada uno de los alcaldes podrá diseñar las políticas preventivas que considere pertinente, pero la capacitación (en los institutos habilitados actualmente para tal fin) y los sueldos, por ejemplo, serán abonados por el ministerio.

Es decir que los agentes estarán bajo la Ley de Personal de las Policías de la provincia, el horario de trabajo es de ocho horas diarias y cuatro horas extraordinarias. Además también podrá ser investigada por Asuntos Internos del Ministerio.
Entre las funciones que establece el proyecto están: desarrollar tareas de observación, patrullaje y vigilancia; hacer cesar la comisión de delitos y contravenciones, colaborar en las tareas de análisis preventivo en base a mapas delictivos y contravencionales; colaborar en la fiscalización y prevención de las faltas de tránsito, vehicular y peatonal; mantener el orden y la seguridad pública; colaborar en la detección de conflictos relacionadas con la convivencia entre vecinos; participar en caso de siniestros y catástrofes y prestar auxilio u orientación a todo vecino que lo requiera.

Policía Judicial

En cuanto al otro proyecto de Ley enviado a la Legislatura, y que crea la Policía Judicial, se establecen como ejes esenciales los siguientes puntos:

1.- La organización de la Policía Judicial como institución del Poder Judicial, enmarcada en los principios de respeto a los derechos humanos, no militarización, especialidad, objetividad y deber de reserva.

2.- su competencia específica dirigida a la investigación de delitos complejos, bandas organizadas, homicidios dolosos, o delitos cometidos por funcionarios públicos.

3.- La especialización y la profesionalización de sus miembros y la creación de un instituto que asegure el perfeccionamiento constante.

4.- La integración de su estructura con funcionarios jerarquizados, la división en áreas especializadas y la creación de cuerpos regionales.

5.- El procedimiento de selección por concursos transparentes, públicos y abiertos a la participación ciudadana

6.- El control institucional externo con la remisión de informes anuales a la Legislatura
La Policía Judicial dependerá directamente de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, y su competencia es:

-En aquellos casos en los que debido a la estructura organizativa de los autores que involucra a las características propias de la comisión del hecho o la complejidad requerida para la investigación , los fiscales dispongan su intervención

-En la investigación de homicidios dolosos o cometidos en ocasión de otro delito doloso

-En la investigación de ilícitos cometidos por funcionarios públicos o fuerzas de seguridad
Como se puede apreciar, la intervención se hace en todos los casos cuando ya se ha realizado la comisión del delito; es decir que la Policía Judicial no interviene en casos de flagrancia. Esta era una de las principales discusiones que precedieron la elaboración del proyecto.

En cuanto a las autoridades, el artículo 9 establece que “la Policía Judicial estará a cargo de un Director General”, quien estará secundado por un Subdirector. Habrá tres secretarías: Técnico-Científica; de Investigación e Instrucción; y de Formación y Capacitación.

Por su parte, el proyecto establece, en su artículo 36 que “cada cinco años, la Procuración General, deberá realizar un programa de gestión para la Policía Judicial. Este tendrá como objetivo realizar un diseño de gestión estratégico que respete los objetivos y principios establecidos por la presente ley”. En el artículo 37 se establece que dicho programa será presentado en audiencia pública ante las ambas Cámaras de la Legislatura. En las audiencias podrán participar “todas las organizaciones de la sociedad civil, sindicales y del ámbito académico o ciudadanos que puedan verse afectados o tengan un interés particular sobre el asunto objeto de la convocatoria”

En el artículo 39 se establece que “dentro del primer mes del período ordinario de sesiones de cada año, el Procurador General deberá presentar en audiencia pública ante el Poder Legislativo, y en forma alternada ante cada Cámara el informe de Gestión de la Policía Judicial

Desde la UCR piden tratar con cuidado a YPF

El diputado nacional Ricardo Alfonsín expresó sus dudas acerca de que “la recompra de YPF sea lo que más le conviene a los argentinos”. “La YPF actual no es, ni por asomo, la YPF que vendimos”, señaló el excandidato a presidente

El diputado nacional Ricardo Alfonsín recordó que “la UCR se opuso a la privatización de YPF” y que siempre ha “sostenido la conveniencia de recuperar para el Estado el control de recursos que son estratégicos”.

Sin embargo, expresó sus dudas acerca de que “la recompra de YPF sea lo que más le conviene a los argentinos”. “La YPF actual no es, ni por asomo, la YPF que vendimos”, señaló.

Alfonsín explicó que “lo que sí nos interesa son las áreas de explotación y, en este sentido, creo que es necesario realizar una auditoría sobre la situación legal y de producción de las mismas. Desde este punto de vista existen otras alternativas más convenientes para el país”.

El diputado radical también dijo que “habría que debatir acerca de la explotación off shore” y consideró que “sería interesante pensar la posibilidad de un acuerdo con el Brasil que es un país de punta en explotación submarina”

Nieva Woodgate: el silencio tiene precio

El Fiscal general de Morón, Federico Guillermo Nieva Woodgate,  fue acusado formalmente por la Comisión Bicameral de Enjuicia- miento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos  Aires en diciembre en relación a una causa que lo vincula con  la violación de derechos de lesa humanidad. En tiempo récord , la Secretaría Permanente de jury habría conformado el jurado  de enjuiciamiento y se habla de “acuerdos” para que la causa  de Nieva sea cerrada. La moneda de cambio sería el silencio  sobre las conexiones policiales y políticas en el caso Candela.  ¿Nieva canjeó jury por encubrimiento?

Por Silvana Varela Federico Guillermo Nieva Woodgate, actual Fiscal General del  Departamento Judicial de Morón, asoció su nombre a dos  resonantes casos. Primero intervino en la acusación contra  el sacerdote Julio Grassi y en 2011, quedó al frente de la  investigación por la desaparición primero, y la muerte después , de Candela. Una investigación que desde el primer momento arrojó más dudas  que certezas, y a la que se le cuestiona, entre otras graves  falencias, el no haber sido girada a la órbita de la justicia federal , siendo que ineludiblemente tenía componentes relacionados con el  narcotráfico y que sostuvo un secuestro extorsivo seguido de  muerte. Ambos componentes requieren la intervención de la  Justicia Federal, algo que no ocurrió, y que en cambio, se reservó  al ámbito de la provincia con extrema celosía. A cinco meses del inicio de la causa hay 8 detenidos pero siguen  sin existir certezas sobre la participación y autoría de la mayoría  de ellos. SE sabe ahora, además, que el componente narcotráfico relaciona  a la familia de Candela de manera directa a través de su madre,  Carola Labrador, con bandas que operan en el conurbano. Se  sabe también, mediante el relato de algunos testigos encubiertos , que esas bandas tendrían vinculaciones con efectivos de la fuerza  policial bonaerense, quienes no habrían actuado sólo como “libe- radores” de zona, sino que tendrían participación directa en el  negocio de la venta de estupefacientes. El problema, para la investigación, es que la línea no se agotaría  en unos cuantos policías corruptos, sino que habría al menos un  sector cuyas utilidades serían percibidas incluso por algunos jefes,  y entra además en escena, la vinculación con sectores políticos  locales de la zona de influencia de estas bandas. Casi una bomba de tiempo para una fuerza altamente cuestionada  desde hace años, y que cada vez demuestra mayor connivencia  con el delito. Este año hubo casos de denuncias de connivencia  incluso, con bandas dedicadas al robo de casas particulares en  la Costa Atlántica, que terminaron cortando el hilo por lo más  fino, con la separación de un Subcomisario, pero que se sabe,  implicaba a mucha más gente. Sostener a Ricardo Casal al frente del Ministerio de Justicia y  Seguridad de la provincia ha sido una obstinación del gobernador  Daniel Scioli, quien contra viento y marea y enfrentándose a los  embates que llegaron incluso de esferas nacionales adversas a la  política implementada por Casal, reconfirmó una y otra vez, la  permanencia del titular de la cartera al frente de esa área. Federico Guillermo Nieva Woodgate enfrenta desde el 3 de diciembre , la elevación a juicio político. No por su accionar en el caso Candela,  algo que quizá podría estar sujeto también a análisis, sino por he- chos que lo vinculan a delitos de lesa humanidad cuando se desem- peñaba como Titular del Juzgado Penal Nro. 4 del Departamento  Judicial de Lomas de Zamora. El expediente 052/10 caratulado como “Puesta en conocimiento,  solicitud de investigación por delitos de lesa humanidad s/Guillermo  Nieva Woodgate y otros Magistrados y Funcionarios del Poder  Judicial de la Provincia de Buenos Aires”, se inicia el 22 de octubre  de 2010 a partir de la presentación  efectuada por Adolfo Pérez  Esquivel en su carácter de Presidente de la Fundación Servicio de  Paz y Justicia (SERPAJ), quien solicita a la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de  Buenos Aires que “se lleven a cabo las medidas de investigación correspondientes a fin de establecer la verosimilitud de los hechos  presentados, se individualice los participes necesarios para garan- tizar la impunidad judicial de los delitos de lesa humanidad perpetra- dos y consecuentemente,  asuma el rol de denunciante y acusador  de conformidad con lo establecido por la ley 13.661 y cctes”, solici- tando se contemple la posibilidad de realizar el Jury de enjuiciamien- to al Fiscal General de Morón, Federico G. Nieva Woodgate y a todo  funcionario judicial que por acción y/o omisión hubiese garantizado  la impunidad de los genocidas”. Nieva Woodgate fue juez penal de Lomas de Zamora durante los  años de Dictadura Militar, y según una resolución de la Suprema  Corte de Justicia Bonaerense, existe certeza de que todos los  Jueces de la Provincia de Buenos Aires sabían de la existencia de  ciudadanos desaparecidos y en casos particulares se tramitaba  la desaparición forzada de personas como privaciones ilegales  de la libertad para evitar así librar los oficios correspondientes y  en consecuencia, evitar que la naturaleza de los hechos imputa- dos constituyeran delitos de lesa humanidad. En base a esas denuncias, que se desprenden además de los jui- cios llevados a cabo por las desapariciones relacionadas con la  Unidad Penal 9 de La Plata, la Comisión inicia las medidas investi- gativas en noviembre de 2010 a fin de recabar informes para com- probar la verosimilitud de los hechos contenidos en la denuncia. Concretamente, en el expediente surge un informe de parte del  Tribunal Oral en lo Criminal Nro 1 con sede en la ciudad de La Plata  con relación a la causa 2901/09 caratulada “ DUPUY Abel David y  otros s/ Tormentos, Privación ilegal de la libertad y otros” , el que  entre otra documental, aporta una copia de un oficio librado el 27  de enero de 1977 por el Alcaide de la Unidad Carcelaria Nro 9 (La  Plata) al Sr. Juez en lo Penal Dr. Federico Guillermo Nieva Woodgate   (otrora titular del Juzgado en lo Penal Nro 4 del Departamento  Judicial de Lomas de Zamora) poniendo en su conocimiento que  el detenido Georgiadis Otero, Angel Alberto sería  trasladado por  personal militar para indagatoria. Luego, un nuevo informe del  Tribunal Federal en lo Criminal Nro. 1 de La Plata aportó el extracto  del veredicto de esa causa, mediante el cual se tiene por certifica- do que la muerte de Giorgiadis ocurrió  el 2 de febrero de 1977,  esto es, seis días después de la referida comunicación. También  se tuvo por acreditado que el mismo Georgiadis padeció tormentos  durante su detención. Asimismo en dicho resolutorio judicial es mencionado el Dr. Federico  Guillermo Nieva Woodgate en  un apartado intitulado “Las Omisio- nes del Poder Judicial”, en el cual se deja sentado que el detenido  Georgiadis se encontraba privado de su libertad a disposición con- junta del Dr. Leopoldo Russo, en ese tiempo titular del Juzgado  Federal Nro. 2 de La Plata y del mencionado Dr. Nieva Woodgate  en la causa 5328 formada por el delito de hurto automotor. El ex Diputado Gabriel Villegas, por entonces Presidente de la Comi- sión Bicameral de Enjuiciamiento señaló que “la investigación fue  exitosa, y la votación para constituirnos en denunciantes fue unánime”. “La Comisión representa a la gente, y asumió la responsabilidad  haciéndose cargo de la función que debían cumplir cada uno de  los integrantes, por eso podemos decir que sin miedo, y buscando  la verdad objetiva hemos arribado a esta denuncia que es la  primera de este tipo en la provincia de Buenos Aires”, remarcó Villegas. Efectivamente era así. Llevar a Jury a Nieva Woodgate podría  significar la apertura de una puerta importante para rever el rol  de funcionarios judiciales que desde su civilidad contribuyeron a  que se llevaran a cabo delitos de lesa humanidad, y varios aún  permanecen en las esferas del poder judicial. Olor a podrido Si bien todo indicaba que la contundencia de la acusación de la  Comisión Bicameral determinaría la existencia de un juicio político, -  hay rumores de “acuerdos” y protección política. El exoediente fue girado por la Bicameral a la Secretaría Permanente  de Enjuiciamiento el 3 de diciembre de 2011. El proceso continúa  luego con el sorteo del jurado, un tiempo para que las partes  presenten recusaciones u objeciones si las hubiera, y finalmente,  se estipula una fecha para que el jurado se reúna y considere  si hay causal para avanzar con la acusación. Por lo general, este proceso no demora menos de 6 meses. El  último caso resonante fue el del juez Rafael Sal Lari, titular del  juzgado de garantías n° 3 del departamento judicial de San  Isidro, que demoró varios meses lograr la constitución del  jurado que determinó que sigue el proceso en su contra. El mismo día que se elevó la acusación contra Nieva Woodgate,  se elevó la acusación contra el Fiscal Piotti, de Tandil, con 21  causas que lo señalan como negligente en la intervención judi- cial de casos de abuso sexual. Antes, había sido elevado un pedido de jury contra el Fiscal Dieg o Molina Pico, por su accionar en una causa que debía investigar  la violación de una joven discapacitada de 20 años, en la que  se advierten serias irregularidades y negligencia que impidió la  debida condena del autor del hecho. Ni Piotti, ni Molina Pico tienen jurado sorteado. Es lógico; es dema- siado pronto. Por eso llama la atención que este viernes se cono- ciera que sí se ha resuelto reunirse la semana que viene para ana- lizar el caso de Nieva Woodgate. Cabe recordar que además de que sólo han pasado 2 meses des- de que la acusación de Nieva fuera elevada, un mes de esos dos  no hubo actividad judicial, por la feria de verano, con lo cual, la  premura por “resolver” su situación, es doblemente llamativa. Además, durante el período de feria, la Secretaría Legislativa de  la Cámara de Diputados de la provincia solicitó que se le propor- cionara copia de los oficios remitidos por el tribunal federal, pero  desde la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento manifestaron  que durante la feria no había nadie que lo pudiera facilitar esa  información. Al menos en los últimos dos años de gestión, el sorteo, notifica- ción y fijación de un jurado el de Nievas, tiene el récord de ser  el más veloz. A las suspicacias que despierta esta velocidad, se le suman  algunas anomalías graves. Con la conformación de las nuevas bancadas y los nuevos legis- ladores que se sumaron a la Cámara el 10 de diciembre, la mayo- ría de las Comisiones aún no están debidamente conformadas. Tal  es el caso de la Comisión Bicameral que hasta el 10 de diciembre  era presidida por el diputado Gabriel Villegas quien dejó su banca  en esa fecha. La Bicameral aún no está constituida ni tiene Presi- dente nombrado formalmente, un acto que se esperaba concretar  entre marzo y abril. Los tiempos habituales rondan entre los 5 y 6 meses, lapso en el  que se sortean los conjueces; se los cita para el mes siguiente;  y se notifica a las partes porque pueden solicitar la recusación  de alguno. Acá no solo no notificaron sino que la Bicameral, que  es parte de esta acusación, no está constituida, por lo tanto, se  está violando el procedimiento. Quienes creen ver suspicacias varias, temen que la semana que  viene, entre gallos y medias noches, el jurado decida, artículo 27  mediante, que “no hay elementos para iniciar el juicio”. Si eso  ocurriese, la posibilidad de jury se agota allí mismo, porque la nor- mativa indica que una persona no puede ser acusada nuevamente  por el mismo motivo. La maniobra huele mucho a política y apesta a manipulación con  monedas de cambio. Los pasillos ya comentan que las “negociaciones” entre integrantes  políticos de la Secretaría Permanente llegan a María del Carmen  Falbo y encuentran su anclaje en alguna de las legisladoras  oficialistas que estarían dispuestas a poner paños fríos sobre el  pasado de Nieva, para que éste no hurgue demasiado en las  conexiones de efectivos policiales y políticos locales vinculados  al caso Candela. La tranquilidad de Casal para que no se encienda  el ventilador y salpique por doquier, podría estar paga, entre  otras cosas, con la permanencia indebida de personas quizá inocen- tes, en cárceles bonaerenses a la espera de una justicia que si llega,  será dentro de mucho tiempo.

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