Aseguran que faltan pruebas para determinar en ellos la responsabi
lidad de los funcionarios públicos.
Foto NA.El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y
el fiscal ante la Cámara Federal Jorge Iturbe reclamaron que se reabra
la investigación parcialmente archivada del vacunatorio vip de dosis
contra el coronavirus.
Es porque semanas atrás, la jueza federal María Eugenia Capuchetti ar
chivó parcialmente la investigación por inexistencia de delito, al evaluar
que “en el ordenamiento jurídico nacional no existe un tipo penal que
criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos es
peciales como el que es objeto de esta investigación”. Para la jueza, en
todo caso sí era un tema que puede ser evaluado por “la Ley de Ética del
Ejercicio de la Función Pública (25.188) que explícitamente establece
sanciones de orden administrativo”.
Ese fallo, que determinó que de los 70 casos de personas vacunadas
unas 65 sean considerados no delictuales, fue apelado por el titular de
la PIA ante la Cámara Federal, donde ahora se presentó un nuevo es
crito y el Tribunal está ya en condiciones de resolver si reabre o no ese
tramo del caso que determinó la expulsión de su cargo del entonces
ministro de Salud Ginés González García.
Para los fiscales, el fallo de la jueza fue “erróneo y quedan pruebas por
hacer, pues al momento de sucederse los hechos, entre fines del 2020 y
principios del 2021 el Ministerio de Salud no dispuso aplicación de va
cunas simultáneas y la prioridad era sólo el personal de salud y en todo
caso los denominados estratégicos”, funcionarios públicos con deter
minado cargo.
Los fiscales insisten en que no se respetó ese orden de prioridades en
dar las vacunas, pues aquellas distribuidas a los centros nacionales, “lo
fueron para inocular al personal de salud, incluso podría eventualmente
admitir al personal estratégico, pero bajo ningún concepto a otras cate
gorías”. Por eso, insisten en que la vacunación en esos casos afectó de
rechos consagrados en tratados de Derechos Humanos. Además, asegu
ran que quedan pruebas por hacer.
Entre las pruebas que faltan por hacer, dijeron, es determinar cuáles
funcionarios y qué aportes tuvieron en el proceso de inoculaciones
irregulares realizado con vacunas asignadas a nación y que estaban
destinadas para otras categorías de las utilidades.
Incluso, remarcaron que no se cuenta con un cúmulo de correos electró
nicos que se encuentran resguardados en el Ministerio de Salud, y que
corresponden, entre otros, a González García, de su sobrino Lisandro
Bonelli (quien era funcionario y está investigado) y a la actual ministra
Carla Vizzotti, entre otros.
