Se profundizó la subejecución de partidas en áreas sensibles para derivar fondos al pago de obligaciones salariales.
Llega fin de año, y en el gobierno bonaerense prácticamente están contando las monedas para ver cómo harán para pagar el medio aguinaldo a los más de 600 empleados públicos en tiempo y forma.
Por eso, según pudo saber Hoy, se está instrumentando un plan que consiste en derivar gran parte de los recursos disponibles en diversos programas gubernamentales para cumplir con las obligaciones salariales.
Ni siquiera el aumento en la recaudación tributaria del 40% en noviembre, que fue anunciado ayer por el Ministerio de Economía bonaerense, que conduce Silvina Batakis, sería suficiente para solucionar las consecuencias de los problemas estructurales que arrastra la Provincia que más aporta al PBI nacional, pero que se encuentra a la retaguardia en el reparto de recursos federales.
Las autoridades bonaerenses prometen que no habrá inconvenientes para pagar los haberes de acá a fin de año, pero ello implica un alto costo, como es no tener recursos disponibles para cuestiones sensibles de la gestión.
Por ejemplo, el último fin de semana largo dejó como resultado varios accidentes mortales en las rutas bonaerenses. Se trata de un flagelo que tiene que ver, especialmente, con la deteriorada y colapsada infraestructura vial que existe en la Provincia, a la que ahora se le sumó la autopista La Plata-Buenos Aires, cuya concesión pasó a dependencia del Estado bonaerense. La administración provincial, de este modo, se hizo cargo de un camino en deplorable estado.
Ahora bien, según un informe del diputado provincial Walter Martello, producto de la delicada situación económica de la Provincia, solamente se pudo ejecutar el 25% del presupuesto asignado de la Dirección de Vialidad, área encargada del mantenimiento vial en territorio bonaerense. De los 1875 millones presupuestados, al 31 de agosto solamente se habían gastado 474 millones. Se sospecha que los $ 1.400 millones restantes se habrían derivado al pago de sueldos. No es el único caso: la subejecución presupuestaria afecta a casi todas las áreas sensibles de la administración provincial, desde obra pública, pasando por seguridad, desarrollo social y salud.
Al mismo tiempo, el gobierno provincial avanza con el pago en bonos a proveedores del Estado, en medio de una creciente incertidumbre respecto al valor que tendrán esos títulos en medio de las turbulencias financieras que se vienen registrando en el país producto del conflicto con los acreedores de deuda pública que quedaron fuera del canje.
La Provincia también tiene previsto profundizar la emisión de letras de tesorería para quedarse con el superávit del Instituto de Previsión Social, recursos que son redireccionados para cubrir gastos de caja de la administración bonaerense.
En lo que va de gestión sciolista, se habría utilizado más de 6.000 millones de pesos de los recursos del IPS, organismo encargado de pagarles a los jubilados y pensionados de la administración pública bonaerense, que se nutre de los aportes realizados por los trabajadores del Estado provincial.
Desde distintos sectores alertan sobre una suerte de desfinanciamiento del instituto previsional, producto de que las Letras sólo pagan una tasa de interés del 8%, cuando el Gobierno nacional -en momentos en que se registraron problemas con el pago de la primera cuota del aguinaldo- le otorgó un préstamo a la Provincia -con fondos de la Anses- a una tasa del 18%.
De hecho, cada vez que el Estado bonaerense sale al mercado doméstico para financiarse con Letras de tesorerías, con vencimientos en el corto plazo, paga tasas que rozan el 18%, cuatro veces más de lo que se le cobran a países como Bolivia y Uruguay.
