El ex ministro de Transporte de la gestión de Mauricio Macri volvió
a quedar en el centro de la tormenta. Apareció en presuntas manio
bras irregulares relacionadas a una famosa firma low cost.
cado por la aerolínea FlyBondi. Es que, la Unidad de Investiga
ción de Anticorrupción y la unidad del Departamento del Estado
de Estados Unidos informó sobre movimientos sospechosos y
datos bancarios de la Argentina.
Conforme lo especulado, hay indicaciones de pago de sobornos
denunciados por asociaciones vinculadas a la actividad aérea y
que coinciden con los depósitos y movimientos de cuentas inves
tigadas en 2017. De esa manera, quedó una vez más a la deriva
del avance judicial.
Vale recordar que, son varias las denuncias que recaen sobre el
funcionario con pasado en la actividad privada automotriz. Además
de las diferentes acusaciones que presentó la Asociación de Pilo
tos de Líneas Aéreas por abuso de autoridad e incumplimiento de
los deberes de funcionario público ante situaciones de medida
de fuerza gremial, Dietrich está implicado junto al presidente Ma
cri en la investigación por “presuntas anomalías” por la “adjudica
ción indebida mediante direccionamiento” de la obra del Paseo
del Bajo. Si bien el soterramiento del Paseo del Bajo es uno de los
principales dolores de cabeza en materia judicial, no es la única.
Es que, dos semanas antes de los comicios generales que ratifica
ron la victoria de Todos, Dietrich fue denunciado penalmente por
la abogada Stella Maris Ageitos bajo la carátula de “comisión y/o
tentativa de comisión de ilícitos contra el Estado argentino por la
nueva concesión del Puerto de Buenos Aires”. En definitiva, la acu
sación sostiene una serie de irregularidades para beneficiar a un
viejo conocido, Nicolás “Nicky” Caputo por el módico lapso de 50
años.
El entramado denunciado por Ageitos no puede entenderse sin retro
traerse a diciembre de 2018 cuando Macri designó a su hermano de
la vida, Caputo, como “cónsul honorario de Singapur” (aprobado por
el Congreso). Desde allí, el ministerio de Transporte a cargo de Die
trich comenzó a trabajar en los pliegos de la licitación del Puerto Bue
nos Aires que vencen en marzo de 2020. Es decir, la actual gestión in
tentó licitar la concesión (en primera instancia por 20 años) antes de
conocerse su futuro electoral.
A su vez, los pliegos para la nueva licitación pasaron de tener tres ga
nadores posibles a uno solo. En ese sentido, Ageitos presentó pruebas
ante la Justicia de que la Administración General de Puertos, a cargo
de Gonzalo Mórtola, “pagó con dineros públicos una contratación direc
ta a una compañía española (ALG-INDRA) para que elabore los pliegos
para la licitación” a medida de PSA, una empresa de Singapur, donde
Caputo oficia como Consul desde diciembre de 2018.
La licitación de la cartera de Dietrich y que fue denunciada ante la Justicia traía consigo varias aristas. Además de beneficiar al nuevo paraíso de Nicky Caputo, extendía la explotación de
Por ello, los tiempos del Gobierno se aceleraron y la actuación fue más rápida que un rayo. En diciembre de 2018, “Nicky” se convirtió en embajador y para junio de 2019 se avanzó en la licitación sin ningún estudio previo de impacto ambiental ni audiencias públicas. Seis meses para consolidar el entramado inmobiliario y la explotación por medio centenar de años a fin de esquivar la posibilidad – luego realidad – de un cambio de gobierno.
En un inicio, la maniobra fue denunciada por el titular del Partido Justicialista, José Luis Gioja; y el diputado nacional Rodolfo Tahilade. Los dos legisladores evidenciaron la contratación directa por unos 700 mil dólares de la AGP a una firma española (INDRA) para la conformación de los pliegos que beneficien a la firma de Singapur (PSA), tal como formalizó Ageitos ante la Justicia.
La denuncia tiene peso específico propio. Así, el Poder Judicial pone la mira sobre los pasos de Dietrich al frente del ministerio de Transporte y la búsqueda de negocios para los amigos del poder lo transformaron en el hombre del Gobierno que más se nombra por los pasillos de Tribunales.
Imputado
Dietrich fue imputado por la Justicia por el rol que tuvieron, uno como titular de Vialidad y el otro como ministro de Transporte, en las explotaciones de los peajes de siete corredores viales. La imputación fue firmada por el fiscal Eduardo Taiano.
La denuncia, que fue realizada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVYARA), sostiene que la cartera de Dietrich autorizó la prolongación de la explotación de los corredores viales a varias firmas y evadió la renovación de las licencias como lo estipula la legislación vigente. Entre las beneficiarinas apareció nada más y nada menos que IECSA, vinculada a Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.
Con el objetivo de diluir la acción judicial en Comodoro Py, el Gobierno decretó que la explotación de dichos corredores viales quedaría en manos de Corredores S. A por el lapso de cinco años. Sin embargo, el fiscal Taiano argumentó que “aunque rescindan los contratos, el delito igual se cometió”. Por ello, imputó a Dietrich, que es investigado por los peajes y certificados de obras por un monto de 30 mil millones de pesos.
La investigación, bajo el nombre de “negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica”, se mantiene vigente en el juzgado de Sebastian Casanello.
Las empresas que operaron con contratos vencidos fueron: CPC SA y Benito Roggio SA; Esuco SA y Decavial SA; Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA; Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA; Iecsa SA; Corporación América y Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA.
El Paseo del Bajo
Dietrich es investigado por el juez Claudio Bonadio junto al ministro de Desarrollo Urbano porteño, Franco Moccia, el presidente y la jefa de Compras de AUSA, Carlos Frugoni y Natalia Bustos; más Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. En la obra del Paseo del Bajo, un emblema de la gestión Cambiemos, la empresa IECSA, que era propiedad del primo presidencial Ángelo Calcaterra, fue la beneficiada con la construcción de un tramo de la obra por el que se presupuestaron $4.480 millones de pesos, pero la empresa lo cotizó en 3.183 millones. Luego, esa firma fue vendida a Marcelo Mindlin, otro empresario cercano al mandatario.
La fiscal Alejandra Mángano, que inició la investigación, sostuvo era necesario investigar la "alteración sustancial de la licitación" mediante circulares "inconsultas" que muestran "una maniobra burda e insólita, sospechosa per se". Es decir, sospechan de irregularidades en el proceso licitatorio por el cual cuatro de las oferentes no pudieron participar de la puja y no emitieron queja al respecto.
