El juez Bonadío ordenó la detención del ex secretario de Transporte por sobreprecios en una obra del Belgrano Cargas. Jaime anunció a través de sus abogados su negativa a presentarse y se convirtió así en el primer prófugo del kirchnerismo. El trasfondo político de la decisión que dejó en estado de shock al Gobierno.
El juez federal Claudio Bonadío se dio el gusto de ser el primero en ordenar la detención de un funcionario kirchnerista. Bonadío procesó hoy con prisión preventiva al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y ordenó su inmediata detención. Lo acusó de pagar sobreprecios en la realización de obras para el Belgrano Cargas y lo hizo en medio de la campaña para las primarias y con el telón de fondo de la dura pelea entre el Gobierno y la Justicia.
Jaime no pudo ser localizado en sus domicilios de Córdoba y de Puerto Madero, en el Complejo Terrazas del Dique, donde compró un piso casi al mismo tiempo que lo hizo quien era su jefe formal, el ministro de Planificación, Julio de Vido.
Por la tarde se supo su decisión de convertirse técnicamente en un prófugo, cuando a través de su abogado, Andrés Marutián, anunció que no se presentaría a derecho porque en su particular visión entiende que la decisión de Bonadío “no está firme” y por lo tanto podía ignorarla. Esta decisión extrema también confirma que la decisión del juez tomó por sorpresa al Gobierno y al propio Jaime que no pudo preparar una respuesta más elegante.
El enojo fue visible en Marituán, quien advirtió incluso a Bonadío en tono de amenaza, que los jueces que quisieron apartarse del Gobierno en los finales de ciclo no terminaron de buena manera. “En la historia judicial argentina es típico de muchos magistrados que han intentado cruzar El Jordán en ciertos momentos políticos que eran propicios para purificarse de sus conductas anteriores. Muchas veces la correntada se llevó a varios de los aspirantes”, afirmó el abogado.
El pedido de detención de Jaime llegó en el peor momento de la relación entre la justicia y el Gobierno, que sancionó hace meses una reforma judicial diseñada por el camporista Julián Álvarez y frenada en los tribunales, que apuntaba a controlar a gusto el nombramiento y remoción de los magistrados.
Esta embestida puso en crisis el sistema de relaciones con el fuero federal que el kirchnerismo usufructuó durante una década, en la que nunca avanzaron seriamente causas contra los integrantes del Gobierno. Detrás de la famosa reforma federal lo que se esconde fue la torpe ambición de los camporistas de concentrar la interlocución con los jueces. Una movida que el propio ministro de Justicia, Julio Alak, en la intimidad nunca acompañó porque intuía los gravísimos costos que podría acarrearle al Gobierno.
"Nosotros nos pasamos 10 años cuidándoles las espaldas y ahora resulta que vienen por nosotros", dijo indignado uno d elos magistrados de mayor peso del fuero federal.
Las primeras consecuencias de la errada estrategia de Cristina no tardaron en llegar. Desde que lanzó su iniciativa de aspiración fundacional, la Casa Rosada sólo recibió malas noticias de Tribunales. Desde la caída del 7D de la ley de medios, el amparo para impedir la expropiación de la Sociedad Rural y la propia demolición de la reforma judicial, a los fallos contra la Anses y el cepo cambiaron, que incluyó sugestivas burlas a la "decada ganada".
Pero hoy la pelea subió un escalón en intensidad. Hasta ahora los fallos venían a derribar decisiones políticas y administrativas. Hoy la pelea pasó al plano mucho más delicado del derecho penal y por primera vez se decidió privar a un funcionario de su libertad ambulatoria.
Bonadío no es además cualquier juez. Es un peronista de larga trayectoria que supo ser el segundo de Carlos Corach, cuando este ocupaba la Secreatría Legal y Técnica y empezaba a concentrar la relación con el mundo judicial.
Hombre del poder, con fluídos contactos en el peronismo su audaz decisión habla acaso más del clima de fin de ciclo que cualquier análisis político.
La acusación
Jaime que fue secretario de Transporte entre 2003 y 2009 y uno de los hombres más cercanos a Néstor Kirchner, fue el gran operador del opaco sistema de subsidios multimillonarios que el ex presidente tejió con un puñado de empresarios que llevaron al sector al colapso actual. Fluyeron millones como nunca en la historia, pero por algún misterio ese gasto no redundó en mejoras en el servicio, que se deterioró a niceles criminales, como demostraron las tragedias de Once y Castelar.
El ex secretario enfrenta decenas de causas penales por su polémica gestión, en este caso la que motivó la decisión de Bonadío trata de una investigación por presunta defraudación al Estado a través de una obra en el ferrocarril de cargas Belgano en la que habría pagado un sobreprecio de más de dos millones de pesos.
Su orden de detención fue ratificada por Bonadío horas más tarde de dar a conocer su primera resolución, luego de rechazar un pedido de eximición de prisión presentado por su abogado.
El juez, que también procesará a Jaime por la tragedia ferroviaria de Once, también dispuso su prisión preventiva por el peligro de fuga y los graves delitos por los cuales lo acusa en las distintas causas que enfrenta.
Luego de conocida la resolución, sus abogados anunciaron que presentarán en 24 horas una apelación a la denegatoria de eximición y hasta que no s eresuelva sobre esa apelación, su intención es que Jaime permanezca prófugo.
“Es posible sostener que Jaime, atento a sus vínculos con altos funcionarios del Estado al haber formado parte del Gobierno actual, de continuar en libertad podrían entorpecer el accionar judicial y en consecuencia el descubrimiento de la verdad”, explicó Bonadío en su resolución para justificar el pedido de detención.
La acusación estableció que Jaime pagó un sobreprecio en la realización de una obra pública del Belgrano Cargas entregada a la firma SOESA.
La obra era la realización del tendido de vías entre Tucumán y Concepción y, si bien el costo de la misma era de ocho millones de pesos, luego de una carta dirigida al titular de la empresa, el monto se incrementó en más de diez millones.
En la misma causa, Bonadío procesó al sindicalista José Pedraza (actualmente detenido tras ser condenado por el homicidio del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra); a su mujer Graciela Coria (quien presidió el Belgrano Cargas en nombre del gremio de la Unión Ferroviaria); el contador Ángel Stafforini; el presidente de SOESA, Luigi Capelli, y el ex interventor en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Pedro Ochoa Romero.
Bonadío resolvió imputarles los delitos de defraudación a la administración pública y abuso de autoridad ante la denuncia formulada en 2009 por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
La obra fue autorizada por la Secretaria de Transporte en 2003 y Jaime -según señaló el juez- "autorizó el pago de un anticipo del 50 por ciento del valor de los trabajos propuestos, cuando dicho proceder no se condecía con la práctica usual del organismo, siendo que a ese momento nada se sabía respecto de quién ni de cómo se efectuarían las obras aprobadas".
Jaime según Bonadío tuvo un "interés ajeno al de la administración por haber dispuesto que se destinen más fondos de los previstos para la obra y por no controlar el destino que tuvieron los mismos".
Y agregó que "los hechos de autos pueden entenderse como un mismo negocio jurídico con diversos actores y participantes relacionados, donde cada uno de los responsables cumplió un rol determinado, lo que finalmente produjo un perjuicio para el Estado de 2.524.065,24 pesos".
"Sin importar que esta fue la única obra de infraestructura del ferrocarril, licitada y aprobada durante los siete años que duró la concesión, cabe mencionar que no se tomaron los debidos recaudos para asegurar de un modo inequívoco la forma en que se desarrollaría la contratación", sostuvo Bonadío, en una sutil crítica a la gestión de Jaime que permitió que avanzara la ruina del tren de cargas más importantes del país.
Además, el juez entendió que al firmar la licitación de las obras Jaime excedió sus facultades ya que esta debía ser firmada por el Jefe de Gabinete de la Nación.
"Todo ello permite traslucir una inequívoca voluntad del Secretario de Transporte de convalidar arbitrariamente hechos y giros de dinero que ya se habían concretado, motivados en una licitación que duplicaba el monto inicial presupuestado y que no tenía respaldo legal por parte de la administración", subrayó y destacó la inusitada "velocidad y esfuerzo" de Jaime en girar a la empresas los fondos.
http://www.goear.com/listen/98d8845/a-prueba-de-rusticos-omega-radio
