La postulación de Martín Sabbatella para el Afsca anticipa la discusión sobre lo que hará el Gobierno para aplicar la ley de medios. Clarín dice internamente que “no pasará nada”, pero ya se habla de planes de desinversión.
Según dice su currículum, Martín Sabbatella recibió en 2008 un premio de Clarín por las virtudes de su gestión al frente del municipio de Morón. Esta semana fue a ver a la Presidenta para intercambiar ideas acerca de cómo continuarán las estrategias oficiales de cara a la aplicación de la ley de medios. Clarín está en el centro emblemático del asunto, pero no es el único actor involucrado. Por lo que pudo saber este medio, al proponerle encabezar el Afsca, Cristina Fernández de Kirchner habló de aplicar la ley en toda su extensión, no sólo “contra la Corpo”. Eso cuentan fuentes cercanas al hoy diputado y dicen que el ex intendente le planteó dos asuntos a la Presidenta: interlocución directa con ella y no tener que sonreír ante ciertos grupos comunicacionales para enseñarles los dientes a otros. Un relato complementario que trascendió es que Cristina valoró ante Sabbatella su capacidad de gestión, su compromiso con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que subrayó la importancia de esa norma para el proyecto kirchnerista. Le habría dicho más: “Sé que no te vas a doblar, tenés las manos libres para trabajar”.
Una tercera reconstrucción acerca del por qué de la propuesta de designación de Sabbatella viene de funcionarios vinculados con las políticas de comunicación oficial. Se trataría de una apuesta a favor de una figura política sin manchas, prestigiosa, vinculada con la defensa de la libertad de expresión. Más otra consideración menos bella: una cierta reevaluación de la gestión desarrollada desde el Afsca que incluye debilidades en la construcción de esa “otra zona de emisión” democrática a la que se aspiraba con la sanción de la ley, incluyendo la marcha atrás con aquel llamado a licitación de 220 licencias que resultó fallida, y en la que presuntamente buena parte de los que se presentaron eran fantasmas de empresas suficientemente fuertes como para aspirar a más.
Agarrate. Sabbatella tiene por delante una tarea bien dura y se supone que su designación tiene que ver con la capacidad política que tenga para manejarse. No será sólo la complejidad y la intensidad de lo que vaya a suceder a partir del 7 de diciembre (cuando en principio todos los grupos comunicacionales deberán adecuarse a la ley, tema que se retomará más abajo) sino de los relacionamientos que deberá mantener en el sistema mismo del gobierno kirchnerista. Hoy las estrategias sobre la aplicación de la ley de Medios pasan por un equilibrio cambiante en un trípode: el secretario Técnico y Legal, Carlos Zanini; el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el más “operativo” en la estructura comunicacional del Gobierno, Alfredo Scoccimarro. Ser titular del Afsca dentro de ese sistema o de cualquier otro implica dejar de ser “referente” de un espacio que hasta hace algún tiempo se manejaba con cierta autonomía para pasar a ser funcionario y tener que jugar entre los movimientos y opiniones de quienes eventualmente, sea por razones de imperioso realismo político o de acoso mediático, presionen para flexibilizar los vínculos con algún grupo comunicacaional dispuesto a la amistad.
No es un lugar fácil y más teniendo en cuenta la previsible velocidad con que Clarín pasó de premiar a Sabbatella a pegarle. Ejemplos de lo publicado en el diario: “Al frente del organismo que controla los medios quedará un cristinista de alto perfil político y ningún antecedente en la materia”… “Nuevo Encuentro en una pata del cristinismo duro”. Se suma un dato entre jurídico y político que tiene algo de controversial. La definición del Gobierno acerca de lo que se viene quedó clara en una contundente frase presidencial: “La cadena ilegal del desánimo tiene fecha de vencimiento: el 7 de diciembre”. Existen, sin embargo, especialistas muy vinculados con el impulso y sanción de la ley de Medios que entienden que, según el último fallo de la Corte Suprema, el próximo 7 de diciembre no es que las corporaciones mediáticas deban estar ya adecuadas a la norma, sino que ese día deben comenzar a proponer los planes de lo que llaman “desinversión”.
El origen de la discrepancia interpretativa parece radicar en la ambigüedad deliberada en ciertos párrafos del último fallo de los supremos. A su vez, ese fallo (firmado por seis de los siete jueces, María del Carmen Argibay por esos días estaba internada) fue todo un avance, especialmente si se considera que en algún momento sus señorías se tentaron por quitarse de encima el problemón de “la guerra con Clarín”. Finalmente, los supremos fueron muy claros y duros con Clarín (firmaron entre otras cosas que de ningún modo el Grupo demostró que se afectaran las libertades) y contra la cultura de las cautelares. Tampoco faltó el párrafo destinado a la Afsca que decía que la autoridad de aplicación “no se ha mostrado demasiado apresurada en el proceso de implementación de la normativa”. La duda acerca de cuándo vence o comienza el plazo de adecuación tiene que ver con el hecho de que la medida cautelar por el artículo 161 presentada inicialmente por Clarín ante el juez Edmundo Carbone (ya jubilado) no fue definitivamente levantada. Hasta hoy el holding no pidió prórroga de esa cautelar. A la vez, y mientras cacerolea con furia redoblada, su comunicación pública y semiprivada (ver recuadro) se muestra confiada en que todo está bajo control. Esa impresión es al menos la que transmitió uno de los cerebros del grupo, Martín Etchevers, en una reunión con gerentes de programación y conductores de programas el miércoles pasado. En sentido contrario, parece que la posición de Clarín al frente de Adepa, donde deben renovarse autoridades, está en riesgo.
Entre Macri y Clarín. Una de las primeras respuestas del Grupo ante la propuesta de designación de Martín Sabbatella apareció publicada no en Clarín sino en La Nación. La firmó alguien llamado Fabián Rodríguez Simón. El artículo sostiene que “La Corte, pese a reducir el plazo de vigencia de la cautelar, no modificó lo dicho por la Cámara respecto de sus alcances: ‘Vigente el efecto de la traba de la medida cautelar, la parte actora no tenía obligación de adecuar su conducta a la reglamentación del artículo 161’. En consecuencia, si la sentencia de primera instancia no sale antes del 7 de diciembre y ese día cesa la suspensión del art. 161 para Clarín, éste todavía tendrá un año más para obtener el fallo a su favor o para diseñar y presentar el plan de adecuación que menos perjudicial le resulte”.
Parte de lo interesante del artículo tiene que ver más con la estrategia política que con lo estrictamente jurídico. Rodríguez Simón plantea que de un 7 de diciembre al siguiente “podrá ocurrir que la vertiginosa dinámica de la política nacional, de mano de las elecciones legislativas de mediados de 2013, produzca algún cambio de escenario con consecuencias favorables para las libertades de imprenta, prensa y expresión, que de alguna forma beneficien a Clarín. Pero, incluso en el peor caso, salvo que lo haga voluntariamente, parece improbable que Clarín pierda ninguna de sus licencias audiovisuales antes de que termine 2013”.
Es una admisión de que las eventuales apuestas de Clarín tendrán relación con la posible presentación de nuevas chicanas judiciales, con un eventual cambio del clima político, o con respaldarse en el “tiempismo” de los jueces, conocidos por leer cautelosamente cada escenario antes de decidir nada. Es igualmente interesante saber quién es la persona que firmó en La Nación, cosa que el diario no aclaró. En Linkedin, Rodríguez Simón aparece como asesor del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, formado en la Harvard Law School y la UBA. Hay quienes dicen además que Pepín Rodríguez Simón fue armador de la célebre UCEP (la brigada macrista encargada de golpear y expulsar indigentes del espacio público) y que es uno de los estrategas jurídicos del gobierno porteño en temas tales como el eventual traspaso de la Justicia y los subtes. Y sobre todo, según publicó Perfil, el ex integrante del estudio Llerena & Asociados trabajó con el Grupo Clarín para trabar la ley de medios. Curioso: en la página web de ese estudio, un link que dice “clientes” lleva a esta frase: “No damos información sobre nuestros clientes”.
Interpretando la ley. Gustavo López, además de ser subsecretario general de la Presidencia, es periodista, abogado, fue responsable del Comfer y es un veterano militante de lo que hoy se conoce como ley de medios. Antes de opinar aclara sabiamente que las interpretaciones sobre los fallos las hace la Justicia y no los ciudadanos. Pero entiende que la cautelar presentada por Clarín efectivamente “cae el 7 de diciembre”, particularmente teniendo en cuenta algunos considerandos del fallo de la Corte. “Es obvio que Clarín hace su propia interpretación”, enfatiza también López, y reitera que si el Grupo no inicia alguna nueva acción legal, acaso ante el juez subrogante de Carbone, “la cautelar se cae automáticamente”. De más está decir que Clarín se cuida de informar acerca de cuál será su estrategia exacta, aunque bastante se insinúa en el artículo antes citado y en la comunicación interna.
Otro veterano militante de la democratización del mapa de medios y reconocido especialista es el docente de la Unqui, Martín Becerra. El investigador respondió de esta manera ante la consulta de Miradas al Sur: “Si bien la Corte en mayo dijo que a partir del 7 de diciembre el artículo 161 se le aplicará a Clarín plenamente, considero que es difícil que el Gobierno haga prevalecer su interpretación en la Justicia, toda vez que el 161 suspendió el proceso de adecuación para el Grupo y cuando caduque esa suspensión (la cautelar) se iniciaría un proceso que dura, al menos, un año. Además, es posible que se agreguen otras dilaciones administrativas o judiciales, vinculadas a ciertas ambigüedades que ofrece el texto de la ley en cuanto a los límites establecidos para la concentración, lo que otorga discrecionalidad a una autoridad de aplicación en la que aún no se permitió su constitución plena, con la inclusión de los representantes de partidos de la oposición”.
Julio Raffo, legislador de Proyecto Sur y un abogado que trabajó mucho en los temas de las industrias infocomunicacionales, opina que el 7 de diciembre recién se inicia el plazo de desinversión aunque a la vez, algo cáustico, dice que “yo, si fuera ellos (por los grandes grupos), iría desinvirtiendo”. También advierte que antes de que llegue el 7 de diciembre podría haber novedades judiciales sobre el asunto de la constitucionalidad de la ley, lo que llevaría a nuevas dilaciones por vía de la apelación.
Hay quienes añaden otros elementos de juicio, como que Clarín, tras los repetidos retos de la Corte, ya no podría presentar otra cautelar, pero en cambio podría pedir algún tipo de prórroga. También están los que alertan acerca de la necesidad de que la ley se cumpla por y para todos los grupos concentrados. Ya no sólo para ser consecuentes con la ley de medios, sino porque si un grupo violara alguno de los límites de audiencia previstos en las normas o incumpliera aspectos que tienen que ver con el origen del capital, esa eventual discriminación podría convertirse en un excelente argumento para que Clarín presentara, por ejemplo, un recurso ante la Corte Interamericana. Otro análisis posible que suman los conocedores: aún si la Justicia interpretara que Clarín u otros grupos tienen un año más para adecuarse, eso implicaría a la larga “el imperio de la ley”, la aceptación de una nueva realidad por parte de las empresas, sólo que con demora. Sería tal vez ese escenario de reconocimiento de la vigencia de la ley que sugiere Fabián Rodríguez Simón cuando habla de “presentar el plan de adecuación que menos perjudicial le resulte” al Grupo Clarín.
Fantasmas de tanquetas. El Grupo Clarín ya hizo circular en alguna de sus señales un nuevo y extenso spot, muy bien elaborado, en el que se cuestiona la ley como si ésta no hubiera sido ya aprobada tres años atrás. El spot, titulado “La ley de medios: del slogan a la realidad”, tiene casi cuatro minutos de duración y puede verse en la página corporativa del Grupo. También desplegó sus recursos hace cinco semanas ante las instalaciones de Cablevisión. Seguidos por las cámaras de TN y Telenoche, empleados y directivos de esa empresa se movilizaron “en defensa de los puestos de trabajo” y aparecieron hablando con el discurso de “somos una gran familia”, si bien muy creíbles ante la audiencia.
En ambos casos (el spot y el episodio de Cablevisión) media una extrema habilidad a la hora de defender las propias posiciones; es lógico que así sea porque se trata de una empresa que sabe manejar la comunicación. La pregunta es qué escenarios podrían esperarse según el tipo de medidas o acciones que despliegue el Gobierno dada su interpretación del fallo de la Corte. En el país del post-cacerolazo, ¿cuáles podrían ser esas acciones? ¿Intimaciones legales? ¿Nuevas vías judiciales? ¿Intervención de empresas? ¿El empleo de la Gendarmería? Es previsible, dicen los que saben de batallas judiciales, una radicalización de posturas, nuevas dilaciones, pero no necesariamente un escenario con tanquetas en avance. Uno de los razonamientos además es que las eventuales negociaciones que puedan iniciarse no tienen por qué referir a “un todo a tomar”, sino a regateos en cuotas más pacíficas: empresa por empresa, territorio por territorio, licencia por licencia. Alguna versión indemostrable, quizás interesada y nacida del Grupo Clarín, habla de una movida de Marcelo Tinelli para quedarse con Canal 13. Esta podría ser una expresión de otras versiones que dicen que el Grupo Clarín desinvertiría “hacia adentro”, en una operación que consistiría en desmontar la actual ingeniería societaria en beneficio de sus propios accionistas y no vendiendo a terceros.
Martín Becerra, respecto del escenario que pueda darse en diciembre, hace un llamado de atención cauteloso: “El fallo de la Corte Suprema de mayo último contiene un enorme respaldo a la implementación de la ley, golpea a Clarín en su principal argumento que es que la ley lesiona la libertad de expresión, reconoce legalidad en el objetivo de desconcentrar el sector y amonesta al Gobierno por su letargo en la aplicación de la norma. Creo que violentar un proceso que tiene el aval de la Corte Suprema podría quitarle legalidad y legitimidad al mismo. Al revés, considero que lo mejor que puede hacer el Gobierno al respecto es cumplir con la integración plena de Afsca y de la Comisión Bicameral e intimar a todos los grupos (no sólo a Clarín) a que se adecuen a la norma”.
Qué dicen en Clarín
“No debe suceder nada, ni fáctica ni jurídicamente, con los medios del Grupo”
El comunicado circuló firmado por la Gerencia de Recursos Humanos del Grupo Clarín y está dirigido “a todo el personal”. “A raíz de diversas consultas e inquietudes recibidas del personal” –dice la carta interna–, la gerencia traza un cuadro de situación descripto prolijamente en seis puntos. El sexto dice así: “El Grupo Clarín dispondrá de todo el año 2013, como mínimo, para que se dicte una sentencia de inconstitucionalidad en el juicio de fondo”. Y el primer punto del listado asegura que el 7 de diciembre próximo “no debe suceder nada –ni fáctica ni jurídicamente– con los medios del Grupo”.
Todo el comunicado busca trasuntar el tipo de discurso empleado por Martín Etchevers y otros voceros del Grupo Clarín que sostienen algo así como “Tranquilos, acá no pasa nada”, basado en la idea de que la “interpretación oficial” sobre el fallo de la Corte Suprema “carece de sustento legal”. El punto 3 del comunicado asegura que en la estrategia judicial del Grupo la medida cautelar “fue concebida para acompañar un juicio de fondo y proteger los derechos” mientras se lleva a cabo el juicio. “Por eso, del fallo surge que el 7 de diciembre es un plazo razonable para que la Justicia pueda resolver ese juicio de fondo, en el que Clarín planteó la inconstitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley”. El punto 4 agrega que “Si dicho juicio de fondo no estuviese resuelto para esa fecha, podría ampliarse la medida cautelar, tal como dijo la propia Corte en el fallo, ya que el sentido de las cautelares es proteger los derechos mientras éstos se discuten en la Justicia”. Y el 5 asegura que “Si para el 7-12 no hubiera ni sentencia de fondo ni ampliación de la cautelar, recién entonces entraría en vigencia el artículo 161. Y a partir de esa fecha comenzaría a correr el plazo de un año que establece la ley para la llamada ‘adecuación’”.
Finalmente, la carta remata diciendo que “la empresa seguirá llevando adelante todos sus proyectos en materia de televisión, manteniendo y generando nuevos puestos de trabajo, invirtiendo para renovar su liderazgo en contenidos y su apuesta a la vanguardia tecnológica”
miradas al sur
