Todas las semanas, un funcionario es imputado
Un funcionario del Gobierno nacional por semana es imputado en
Tribunales por cometer algún tipo de delito: enriquecimiento ilícito,
malversación de fondos públicos, abuso de autoridad o poseer socie
dades off shore en paraísos fiscales. Nombres y causas que
atormentan a la administración de Cambiemos
Cuando el pasado 10 de diciembre Mauricio Macri asumió la primera
magistratura nacional, nadie pensaba que a tan solo un año de ges
tión casi medio centenar de funcionarios tendrían problemas con
la Justicia por diversos ilícitos cometidos en la función pública.
Una de las promesas que llevó al poder a Cambiemos fue justamente su
intención de no interferir con el Poder Judicial a la hora de realizar
investigaciones que indaguen en el centro del poder político. Por ello,
tanto desde la oposición como de oficio, por parte de diferentes
fiscales, se han abierto un sinnúmero de causas que tienen a los
hombres de la coalición gobernante contra las cuerdas en los Tribunales.
En estos primeros doce meses de gestión macrista, más de 50 funcio
narios han sido denunciados por diversos delitos. Entre los
nombres más rimbombantes figura no solo el jefe de Estado, sino
también muchos de sus más predilectos colaboradores, como lo
son Marcos Peña, Gabriela Michetti, Alfonso Prat Gay, Juan José
Aranguren, Mario Quintana, José Torello, Gustavo Lopetegui,
Guillermo Dietrich, entre otros hombres y mujeres del oficialismo.
Causas como los Panamá Papers, el dólar futuro o el destino de los
fondos con los que se financian las campañas políticas son algunas
de las que actualmente se encuentran en el ámbito judicial, donde
se intenta dilucidar cuál es la responsabilidad de los funcionarios de
la coalición gobernante en hechos que han sacudido a la opinión pública.
La podredumbre dirigencial no parece haber sido solo propia del
kirchnerismo, con más de 100 exfuncionarios de los gobiernos de
Néstor y Cristina Kirchner procesados en el último año, sino que tam
bién atraviesa a toda la clase política, haciendo mella ahora en el oficialismo,
que ve así confundir a una sociedad que adquirió como propio el discurso
de lucha contra la corrupción, y que ahora pone bajo la lupa el
accionar de Cambiemos y sus hombres.
Hechos que dejan en evidencia la endeblez de un relato que, a la
hora de llevarlo adelante en la gestión, cae en los viejos vicios del pa
sado, poniendo un tendal de dudas sobre el proceder del jefe de Es
tado y sus más cercanos colaboradores.
Vicepresidenta con obstáculos con la ley
El mismo día en que Cambiemos lograba vencer al Frente para la
Victoria en el balotaje, en la casa que la vicepresidenta Gabriela Miche
tti posee en el barrio porteño de San Cristóbal se producía un robo de
245.000 pesos y 50.000 dólares que la dirigente tenía guardados en
cajas dentro de su dormitorio.
a noticia, que se conoció meses después, produjo un sacudón políti
co porque la plata sustraída no estaba comprobada en las declaraciones
juradas, por lo que se abrió una causa en el juzgado del juez federal
Ariel Lijo para saber si se incurrió en algún delito en el origen del dinero.
Según Michetti, el dinero -que no figura en ningún registro-, fue
dado por la Fundación SUMA que ella dirige para pagar salarios de la
misma, a pesar de que en los registros de la institución no figuran
empleados registrados.
Al menos cuatro testigos que declararon ante el magistrado en las
últimas semanas certificaron que la fundación no emitió nin
guna clase de comprobantes por las donaciones recibidas en la colec
ta electoral del año pasado.
Aranguren: acusaciones al por mayor
La cara pública de una de las decisiones que menos rédito político
le ha traído a Cambiemos en este año de gestión, como lo ha sido los
tarifazos a los servicios públicos, es el ministro de Energía y Mine
ría, Juan José Aranguren.
El exdirector de Shell en la Argentina ha sido múltiplemente denunciado
por diversos delitos, como negociaciones incompatibles con la función
pública para favorecer a la empresa de la cual fue CEO en nuestro país
hasta el año pasado, así como también por incompatibilidad y apro
vechamiento personal del cargo por seguir siendo accionista de la firma
petrolera.
Aranguren además fue acusado por supuestas irregularidades en las
importaciones de gas desde Chile, y denunciado en julio pasado por
disponer un aumento en el gas luego de que la Justicia federal ha
bía ordenado retrotraer los precios de marzo.
Otro hecho que lo sacudió fue la denuncia presentada por la diputada
nacional por la CC-ARI, Elisa Carrió, hacia tres de sus colaboradores,
Luis Sureda, Pablo Popik y Luis Barile, por negociaciones incom
patibles con la función pública por sus trabajos anteriores en Esso,
Pan American Energy, Bridas y otras petroleras.
Causas que preocupan al jefe de Estado
Uno de los ejes centrales de la campaña que llevó a Mauricio Macri a la
Casa Rosada fue sin dudas la de acabar con la corrupción ocurri
da durante la década kirchnerista, que le costó al país miles de millones
de dólares.
De las denuncias públicas por diversos ilícitos que tiene el gobierno de
Cambiemos, sin dudas la principal es la que se ha radicado contra
el Presidente luego de la investigación realizada a nivel mundial por
el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocida
como Panamá Papers, en donde se lo puede ver al jefe de Estado figu
rando en los directorios de dos sociedades off shore radicadas en pa
raísos fiscales, como lo son Kagemusha SA y Fleg Trading.
La acusación, radicada ante el juez federal Sebastián Casanello, inten
ta dilucidar si Macri, a través del estudio de abogados panameño Mo
ssack-Fonseca, se habría valido supuestamente de diversos artilu
gios de la ley internacional para evadir el pago de impuestos en nuestro
país.
Además, en los últimos días el mandatario nacional fue denunciado por
un grupo de diputados nacionales por el delito de “abuso de auto
ridad” por el decreto n° 1.206/2016, que autoriza a ingresar al
Régimen de Sinceramiento Fiscal a familiares de funcionarios, contra
riando la ley votada en el Congreso.
Por otra parte, en mayo pasado la exlegisladora porteña Gabriela Ce
rruti denunció a Macri por enriquecimiento ilícito y falsedad de su de
claración jurada, y reclamó la indagatoria del jefe de Estado, cosa que
aún no ha sido saldada en la Justicia.
Un funcionario del Gobierno nacional por semana es imputado en
Tribunales por cometer algún tipo de delito: enriquecimiento ilícito,
malversación de fondos públicos, abuso de autoridad o poseer socie
dades off shore en paraísos fiscales. Nombres y causas que
atormentan a la administración de Cambiemos
Cuando el pasado 10 de diciembre Mauricio Macri asumió la primera
magistratura nacional, nadie pensaba que a tan solo un año de gestión
casi medio centenar de funcionarios tendrían problemas con la Justicia
por diversos ilícitos cometidos en la función pública.
Una de las promesas que llevó al poder a Cambiemos fue justamente su
intención de no interferir con el Poder Judicial a la hora de realizar
investigaciones que indaguen en el centro del poder político. Por ello
, tanto desde la oposición como de oficio, por parte de diferentes
fiscales, se han abierto un sinnúmero de causas que tienen a los
hombres de la coalición gobernante contra las cuerdas en los Tribunales.
En estos primeros doce meses de gestión macrista, más de 50 funcio
narios han sido denunciados por diversos delitos. Entre los
nombres más rimbombantes figura no solo el jefe de Estado, sino
también muchos de sus más predilectos colaboradores, como lo
son Marcos Peña, Gabriela Michetti, Alfonso Prat Gay, Juan José
Aranguren, Mario Quintana, José Torello, Gustavo Lopetegui,
Guillermo Dietrich, entre otros hombres y mujeres del oficialismo.
Causas como los Panamá Papers, el dólar futuro o el destino de los
fondos con los que se financian las campañas políticas son algu
nas de las que actualmente se encuentran en el ámbito judicial, don
de se intenta dilucidar cuál es la responsabilidad de los funcionarios
de la coalición gobernante en hechos que han sacudido a la opinión pú
blica.
La podredumbre dirigencial no parece haber sido solo propia del kirch
nerismo, con más de 100 exfuncionarios de los gobiernos de Nés
tor y Cristina Kirchner procesados en el último año, sino que también
atraviesa a toda la clase política, haciendo mella ahora en el oficialismo,
que ve así confundir a una sociedad que adquirió como propio el discur
so de lucha contra la corrupción, y que ahora pone bajo la lupa el
accionar de Cambiemos y sus hombres.
Hechos que dejan en evidencia la endeblez de un relato que, a la hora
de llevarlo adelante en la gestión, cae en los viejos vicios del pasado,
poniendo un tendal de dudas sobre el proceder del jefe de Estado
y sus más cercanos colaboradores.
Vicepresidenta con obstáculos con la ley
El mismo día en que Cambiemos lograba vencer al Frente para la
Victoria en el balotaje, en la casa que la vicepresidenta Gabriela Michetti
posee en el barrio porteño de San Cristóbal se producía un robo de
245.000 pesos y 50.000 dólares que la dirigente tenía guardados en
cajas dentro de su dormitorio.
La noticia, que se conoció meses después, produjo un sacudón po
lítico porque la plata sustraída no estaba comprobada en las declara
ciones juradas, por lo que se abrió una causa en el juzgado del juez fe
deral Ariel Lijo para saber si se incurrió en algún delito en el origen del
dinero.
Según Michetti, el dinero -que no figura en ningún registro-, fue
dado por la Fundación SUMA que ella dirige para pagar salarios de la
misma, a pesar de que en los registros de la institución no figu
ran empleados registrados.
Al menos cuatro testigos que declararon ante el magistrado en las
últimas semanas certificaron que la fundación no emitió nin
guna clase de comprobantes por las donaciones recibidas en la colec
ta electoral del año pasado.
Aranguren: acusaciones al por mayor
La cara pública de una de las decisiones que menos rédito político
le ha traído a Cambiemos en este año de gestión, como lo ha sido los
tarifazos a los servicios públicos, es el ministro de Energía y Mi
nería, Juan José Aranguren.
El exdirector de Shell en la Argentina ha sido múltiplemente denuncia
do por diversos delitos, como negociaciones incompatibles con la
función pública para favorecer a la empresa de la cual fue CEO en
nuestro país hasta el año pasado, así como también por in
compatibilidad y aprovechamiento personal del cargo por seguir
siendo accionista de la firma petrolera.
Aranguren además fue acusado por supuestas irregularidades en las
importaciones de gas desde Chile, y denunciado en julio pasado
por disponer un aumento en el gas luego de que la Justicia federal
había ordenado retrotraer los precios de marzo.
Otro hecho que lo sacudió fue la denuncia presentada por la diputada
nacional por la CC-ARI, Elisa Carrió, hacia tres de sus colaboradores,
Luis Sureda, Pablo Popik y Luis Barile, por negociaciones incom
patibles con la función pública por sus trabajos anteriores en Esso,
Pan American Energy, Bridas y otras petroleras.
Causas que preocupan al jefe de Estado
Uno de los ejes centrales de la campaña que llevó a Mauricio Macri a la
Casa Rosada fue sin dudas la de acabar con la corrupción ocurrida du
rante la década kirchnerista, que le costó al país miles de millones de
dólares.
De las denuncias públicas por diversos ilícitos que tiene el gobierno de
Cambiemos, sin dudas la principal es la que se ha radicado contra el
Presidente luego de la investigación realizada a nivel mundial por
el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocida
como Panamá Papers, en donde se lo puede ver al jefe de Estado fi
gurando en los directorios de dos sociedades off shore radicadas
en paraísos fiscales, como lo son Kagemusha SA y Fleg Trading.
La acusación, radicada ante el juez federal Sebastián Casanello, intenta
dilucidar si Macri, a través del estudio de abogados panameño Mossack
-Fonseca, se habría valido supuestamente de diversos artilugios
de la ley internacional para evadir el pago de impuestos en nuestro país.
Además, en los últimos días el mandatario nacional fue denunciado por
un grupo de diputados nacionales por el delito de “abuso de autori
dad” por el decreto n° 1.206/2016, que autoriza a ingresar al
Régimen de Sinceramiento Fiscal a familiares de funcionarios, contra
riando la ley votada en el Congreso.
Por otra parte, en mayo pasado la exlegisladora porteña Gabriela Cerruti
denunció a Macri por enriquecimiento ilícito y falsedad de su declara
ción jurada, y reclamó la indagatoria del jefe de Estado, cosa que aún
no ha sido saldada en la Justicia.
Un Gabinete repleto de complicaciones judiciales
Gran cantidad de los hombres más cercanos al jefe de Estado han sido
acusados de ilícitos que comprometen seriamente el erario público.
Los casos más resonantes que impactan al seno del Gobierno
El Gobierno de Cambiemos cumplió un año en el poder y los prin
cipales nombres que componen el Gabinete nacional han sido
acusados en la Justicia por la posible comisión de variadas infrac
ciones, que han puesto en el ojo de la tormenta a muchos de sus miem
bros.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue denunciado en los últimos días
por el delito de abuso de autoridad tras habilitar, a través de la
publicación del decreto nº 1.206/2016, el ingreso de familiares de
funcionarios públicos al régimen de blanqueo de capitales. Además,
junto al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, fue acusado de
haber cometido desobediencia a una orden judicial y falsificación de
instrumento público por la disolución de la Afsca y Aftic a principios de
año. Alfonso Prat Gay, ministro de Hacienda y Finanzas, fue acusado
junto a Macri y al presidente del Banco Central, Federico Stur
zenegger, por administración infiel de las arcas de la banca pública.
Otro ministro complicado con acusaciones en su contra
es el de Transporte, Guillermo Dietrich, ya que se lo acusa de
negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autori
dad y violación de los deberes de funcionario público.
Por su parte, Andrés Ibarra, titular del área de Modernización, fue
imputado por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad
y violación de los deberes de funcionario público por el acuerdo firma
do con Corea del Sur para la compra de máquinas de voto electrónico.
Además, fueron denunciados los ministros Germán Garavano, por
abuso de autoridad; Patricia Bullrich, por violación de secreto sobre
la custodia de Cristina Kirchner; José Cano, por el uso de fondos de la
UTN para su campaña electoral en Tucumán; Esteban Bullrich, por
el uso de Tecnópolis en forma privada y
Hernán Lombardi, por defraudación.
Investigados por negociados con el dólar futuro
Estimaciones realizadas por diversos organismos privados sos
tienen que el negociado con el dólar futuro le costó a los argentinos
más de 70.000 millones de pesos, que provienen de 45.000 millones
en el mercado de futuros del Rofex, que es donde se operan derivados
financieros, y 25.000 millones del MAE (Mercado Abierto Electrónico),
generando así una espiral inflacionaria que todavía repercute en el an
damiaje diario de los ciudadanos.
Por esta causa, donde ya se encuentran investigados, procesados y
al borde del juicio oral la expresidenta Cristina Kirchner y 14 exfuncio
narios K, entre ellos Axel Kicillof y Alejandro Vanoli, también se mez
clan una red de complicidades que toca al seno chico del macrismo.
Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, está imputado por haber sido un
actor que se benefició gracias a ser parte de los funcionarios que fijaron
el precio de dólar futuro, con el que resultó favorecido con sumas millo
narias.
En idéntica situación se encuentran el secretario de Coordinación
de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui; el jefe de asesores
del Presidente Mauricio Macri, José María Torello; y el secretario de
Finanzas, Luis Caputo. Todos ellos se encuentran investigados por
haber sido en parte responsables de especificar el precio al que se
cobrarían los contratos de la moneda norteamericana a futuro.
Incompatibilidad de funciones
Muchos funcionarios ligados íntimamente al Presidente Mauricio
Macri se encuentran hoy con causas abiertas en la Justicia, por las que
deberán dar explicaciones ante los jueces. Uno de ellos es el presidente
provisional del Senado, Federico Pinedo, quien fue acusado por pre
suntos negocios incompatibles por beneficiar a una empresa de tele
comunicaciones de la que habría sido socio fundador.
El titular de la AFIP, Alberto Abad, fue denunciado por incumplimiento
de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, por
extender el plazo del blanqueo de capitales. Por su parte, Emilio
Basavilbaso, el mandamás de la Anses, fue imputado por el
presunto delito de extorsión y coacción agravada.
Otra funcionaria con problemas es la cara visible de la Oficina Anti
corrupción (OA), Laura Alonso, quien fue acusada de mal de
sempeño de sus funciones, abuso de autoridad e incumplimiento
de deberes públicos por su actuación en los Panamá Papers.
También tuvo inconvenientes el director del Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial (INPI), Dámaso Alejandro Pardo, quien fue
denunciado por el Observatorio Sudamericano de Patentes por in
compatibilidad de funciones.
