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El hombre de 36 años estaba en un hotel y tuvo alucinaciones. La poli
cía lo trasladó a la comisaría donde murió luego de haber sido golpeado.
La opinión de los organismos de derechos humanos.
El asesinato de Alejandro Nicolás Martínez en la comisaría de San
Clemente del Tuyú puso de manifiesto no sólo la violencia policial extre
ma sino también el mal abordaje para situaciones relacionadas con
la salud mental. Según los datos de la Comisión Provincial de la Memo
ria, durante el año pasado se registraron tres asesinatos por parte de
policías a personas con padecimientos mentales que estaban detenidas
en comisarías o centros penitenciarios. Las organizaciones de dere
chos humanos reclaman el accionar urgente del Estado para que no
queden en manos de las fuerzas de seguridad, que no están capacita
das para actuar.
Nueve policías bonaerenses están detenidos por el asesinato de Alejan
dro Martínez, de 36 años, en la Comisaría tercera de esa localidad de
la costa. Ocurrió el jueves 18 de noviembre.
El hombre estaba hospedado en un hotel y fue aprehendido luego de una
situación de gritos en la habitación en la que se encontraba solo. Según
relatan las empleadas del lugar, gritaba que se prendía fuego en una es
pecie de brote. En las imágenes del hotel se ve como es traslado sin opo
ner resistencia. El sábado, los policías dieron aviso de la muerte de Martí
nez y armaron una versión sobre una muerte natural. Sin embargo, tres
de ellos, Christian Rohr, Maximiliano Munche y José Carlos Pereyra, es
tán acusados de “homicidio agravado por ser cometido por un miembro
integrante de la fuerza policial, abusando de su función y de “tortura y
abandono de persona seguido de muerte”.
Las otras seis personas, Paola Mansilla, Carla Cantranella, Evelyn Garó
falo, Miguel Boulos, Sandro Mujica y Laura Chiarullo, son investigadas
como partícipes necesarias del homicidio y “omisión de evitar tortura, in
cumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona
seguido de muerte”. La autopsia determinó que Martínez murió por “asfi
xia mecánica” y que recibió numerosos golpes en distintas partes del cuer
po.
Esto muestra la violencia policial extrema que se vive en diferentes instituciones de la provincia de Buenos Aires y del país, pero también la incapacidad del sistema para abordar situaciones vinculadas con la salud mental, que en los casos más extremos termina con la muerte.
La Comisión Provincial por la Memoria se presentó como particular damni
ficado en la causa y tiene intervención. Su secretario, Roberto Cipriano,
explicó que se investigan situaciones previas de Martínez en las que inter
vino la policía local. “Un tema central es que se trata de una persona que
estaba en una crisis aparentemente por un cuadro de salud mental. Lo que
tendría que haber pasado ahí es que la policía no intervenga, que directa
mente llame a la ambulancia y sea abordado por los dispositivos de salud
. Ese es un reclamo que venimos haciendo al gobierno provincial”, señaló.
Además destacó que estos abordajes violentos se dan con frecuencia. “El
año pasado registramos tres casos similares de personas con padecimien
to mental que terminaron asesinadas por la policía o en servicios peniten
ciarios. Personas que en lugar de llevarlas a un hospital las llevan a una co
misaría o lugar de detención y la forma de contenerlo es a través de la gol
piza. Suponen que la golpiza contiene la excitación que provoca el cuadro
que esta persona padece. Ahí hay una deuda pendiente del Estado provin
cial que tiene que generar rápidamente protocolos de intervención donde
esté claro que si hay una persona con padecimiento mental, tiene que inter
venir el Ministerio de Salud, no la policía. Es un tema grave, central, que
tiene que resolverse pronto porque estos casos se siguen reiterado”,
agregó.
En el mismo sentido se expresó Mariano Lanziano, coordinador del equipo
Política criminal y violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS), que explicó que se reitera “el uso de la violencia como
única forma de intervención sea cual sea el conflicto: contravenciones o
delitos leves. Todo termina en una comisaría con una intervención policial
violenta”.
“No queda claro si hubo algún tipo de resistencia por parte de él, pareciera
que no. Se alega que pudo haber tenido alguna reacción que no controla
ron y la intervención fue golpearlo hasta que lo asfixiaron y lo mataron. Es
tas son prácticas que suceden constantemente y tienen que ver con no
pensar intervenciones que requieran de algún tipo de abordaje más com
plejo por parte del Estado como situaciones de salud mental y adicciones”,
dijo Lanziano.
Además indicó que es necesario pensarlo desde un abordaje no penal o
punitivo. “No debería ser la policía la que intervenga en ese caso. El pro
blema central es ese, más allá de que deberían estar entrenados y prepa
ados para casos de estas características. El abordaje del Estado debería
pasar por otros lugares, no por la intervención penal. El uso de la fuerza
termina en esto. La Ley de Salud Mental tiene dispositivos interdisciplina
rios muy concretos para este tipo de intervención que no tienen al uso de
la fuerza como centralidad”, afirmó.
Celeste del Bianco | Faro Noticias
