Luego que el Presidente Milei publicada esta semana en el Boletín
Oficial el decreto que designa a los letrados Ariel Lijo y Manuel
García Mansilla como jueces de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, este viernes el Colegio de Abogadas y Abogados del parti
do de La Costa emitió un comunicado que lleva la firma de más de
50 letrados del distrito. En el comunicado se expresa el rechazo
frente a esta decisión del Gobierno nacional, ya que se sostiene
que esto “afecta gravemente la independencia del Poder Judicial,
genera un retroceso institucional y agrava el descreimiento de la
sociedad en las instituciones republicanas”. Al mismo tiempo, el
escrito indicó que “la idea de una corte adicta al Ejecutivo generó
hace 30 años las peores sentencias de dicho Tribunal”.
Al respecto se refirió el Dr. Leandro Alonso durante una entrevista
ofrecida para Opinión, en la que explicó los varios motivos por los
cuales se rechaza la medida del Gobierno nacional. En principio,
precisó que “está previsto en la Constitución que el nombramiento
de un juez de la Corte requiere la propuesta del Ejecutivo y que lo
apruebe el Senado”, y recordó que en este caso “los dos jueces que
el Gobierno ha nombrado y pretende que se incorporen a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación hace un año que fueron propues
tos y no lograron el visto bueno del Senado”, al tiempo que conside
ró que “nada hace prever que pueden lograr el visto bueno del Sena
do”, ya que sostuvo que “se ve que efectivamente no hay ningún tipo
de posibilidad que esto suceda, al menos con uno de estos jueces
, especialmente Lijo”.
A pesar de ello, el Dr. Alonso señaló que “a dos días de iniciar el pe
riodo de sesiones ordinarias, es decir cuando ya estaría esta facultad
legal de hacer este nombramiento, el Presidente los nombra con este
decreto”, lo cual ha generado serias dudas. Sobre ello, el letrado ma
nifestó: “Cuando uno ve ese tipo de cuestiones empieza a plantear
seriamente el porqué de este tipo de maniobras tan burdas, por qué
insistir con jueces que no tienen el consentimiento necesario, por qué
hacerlo a dos o tres días de que perdía esta potestad, por qué insistir
a pesar de las tremendas observaciones que ha tenido más que nada
el juez Lijo. Se empiezan a generar distintas preguntas, como la nece
sidad de contar con una corte adicta, de querer generar algún tipo de
reforma que pueda tener su traba lógica en el Poder Judicial y que en
tonces prefieran tener directamente jueces amigos”.
Por otra parte, el Dr. Alonso advirtió que toda esta maniobra del Go
bierno nacional “nos lleva a un tema más complejo, que es la famosa
seguridad jurídica”, y en este sentido recordó que durante años “es
tuvimos debatiendo la necesidad de tener seguridad jurídica para qu
e las inversiones del exterior puedan venir”, y lo cierto es que aseguró
que este tipo de medidas “realmente no dan seguridad jurídica”, ya
que sostuvo que “una empresa seria no viene cuando los jueces son
puestos a dedo y en forma turbia, sino cuando sabe que la seguridad
jurídica realmente existe”, por lo cual manifestó que “en todo caso al
guna empresa medio trucha que piensa que pueden venir y hacer algo,
alguna barbaridad como la que hizo hace poco Milei con la criptomone
da”, basándose en el hecho que “la Corte tiene jueces amigos del Presi
dente que fallan a su favor”.
Al mismo tiempo, el letrado recordó que en la época del Gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner “la seguridad jurídica era algo que tan
tas veces le criticamos del kirchnerismo”, incluso señaló que “con el
Colegio de Abogados en su momento hicimos una presentación muy
fuerte de amparo contra las reformas de la Justicia que quiso hacer
Cristina Kirchner”, ya que indició que “pensábamos que avanzaba so
bre el poder judicial”. Lo cierto es que consideró que “lamentablemen
te lo que criticábamos tanto termina siendo igualado o superado en
muy poco tiempo”, ya que además consideró que el Presidente Milei
“nunca quiso generar el consenso con el Senado”, sino que por el
contrario “siempre quiso imponer, y cuando no puede imponer hacer
estas cosas”, y estimó que lo motiva el hecho de poder “generar una
mayoría en la Corte que avale cierto tipo de decisiones, más allá de la
necesidad de un cambio de Constitución”.
Por último, el letrado agregó: “Hoy tenemos primero una cuestión
e cupo, porque mínimo de los dos nombramientos uno tiene que ser
mujer aunque no lo diga la Ley. Segundo queda claro que Gabriel
Lijo no iba a conseguir la mayoría, entonces por qué insistir salvo
que lo necesite por alguna cuestión que nada tiene que ver con sus
conocimientos jurídicos, porque lejos está de ser un gran penalista,
porque tiene los peores índices de actuación en el ámbito de la Jus
ticia Federal, no tiene escrito ningún libro importante, no tiene escri
ta ninguna disertación importante. Se podrían buscar con seguridad
infinidad de abogados penalistas con mayor prestigio que Lijo si efec
tivamente la idea era poner un abogado con conocimiento de derecho
penal”.
