El anuncio de Mauricio Macri de habilitar las fuerzas armadas a intervenir
en actividades de seguridad interior provocó un rápido repudio del
kirchnerismo y la izquierda y críticas de Ricardo Alfonsín, referente de
los radicales díscolos que amenazan con enfrentar a Mauricio Macri en
2019.
En declaraciones radiales cuestionó que Macri haya hablado de "saldar
una deuda con las Fuerzas Armadas", durante su discurso. "Hay que
cuidar las cosas que decimos. La democracia no tiene deudas. Ni siquie
ra la política. Son los políticos los que tenemos deudas, en materia de
justicia social y de igualdad, la tenemos".
"Es necesario leer un poquito de la relación que ha existido entre las fuer
zas armadas comprometidas en la seguridad interior en América para dar
se cuenta de los riesgos que implica una decisión de esta naturaleza",
recomendó el ex diputado.
El primer comunicado opositor lo envió el bloque de senadores del FpV-PJ,
integrado por Cristina Kirchner, que exigió debatir el rol de las fuerzas
armadas en el Congreso.
El primer comunicado opositor lo envió el bloque de senadores del FpV-PJ,
integrado por Cristina Kirchner, que exigió debatir el rol de las fuerzas
armadas en el Congreso.
El bloque de Cristina pidió debatir en el Congreso el rol de las fuerzas armadas.
Solá y Alfonsín recordaron que cuando actuaron en seguridad interior en la
región todo fue peor. El peronista Kosiner avaló que actúen en la frontera,
pero no en las ciudades.
"Entrometer a las FFAA en seguridad interior exige la modificación de tres
leyes piramidales de la democracia argentina: Defensa, Seguridad Interior
e Inteligencia. Sin ello sería ilegal. Por lo tanto, la medida anunciada debe
ser debatida por el Congreso de la Nación".
"Casualmente, cuando recrudece la crisis social por el ajuste y el pacto con
el FMI, Mauricio Macri apela a la demagogia punitiva y profundiza la degrada
ción de la democracia y del Estado de Derecho", plantearon.
Para evitar el Congreso, las nuevas funciones de las fuerzas armadas se
asignarían mediante un decreto simple que reforme el 727/2006, con el que
Néstor Kirchner reglamentó la ley de Defensa.
No ocurriría lo mismo si optara por un decreto de necesidad y urgencia
(DNU), que requiere aval del parlamento y si las dos cámaras lo rechazan
pierde validez.
Sería posible con una unidad opositora plena, como sucedió con la ley
antitarifas, pero el justicialismo hasta ahora aportó cautela. Sólo habló
Pablo Kosiner, jefe de Argentina Federal en Diputados: exigió un diálogo
parlamentario, pero advirtió que no tolerará ver militares en las calles.
"Me parece bien que se redifinan roles en función de narcotrafico y terro
rismo internacional pero no seguridad interior propiamente dicha",
explicó LPO.
"O sea, me parece bien desplazar las fuerzas a cuidar fronteras y en caso
de tener que actuar frente a un caso de narcotrafico fijar protocolos con
gendarmería y policía federal. Hoy algo de eso está previsto en la ley de
seguridad interior. Pero no estoy de acuerdo en patrullar ciudades o
intervenir en conflicto sociales", aclaró.
Recién por la noche, el bloque de Kosiner pidió en un comunicado que
los cambios se hagan por ley. "La política de seguridad interior ya está
regulada en la Ley 24.059, lo que implica la delimitación entre los campos
de defensa exterior y seguridad interna".
"Para debatir la respuesta del Estado en materia de seguridad desde un
concepto moderno y democrático, es necesaria la participación de todas
las fuerzas políticas en el Congreso y no otro decretazo".
En el peronismo recordaban además que Cristina lanzó el plan "escudo
norte" en su gestión, que incluía enviar radares y aviones para la luchar
contra el narcotrafico, con base en las ciudades salteñas Tartagal y Gener
al Mosconi.
Más duro fue Felipe Solá, diputado del Frente Renovador pero que hace
campaña presidencial con un discurso kirchnerista.
"Meter a las Fuerzas Armadas en seguridad interior empeoró el problema
en todo el mundo. El narcotráfico se combate en red con los adictos en
recuperación, con sus familias, con las madres que denuncian dónde se
vende drogas y con una policía especializada, profesional y bajo control
civil", protestó.
La izquierda evitó matices: "Es la preparación de un régimen para descar
gar su fracaso sobre la mayoría trabajadora nacional, de lo que se trata el
pacto con el FMI", denunció Néstor Pitrola, del Partido Obrero.
