La Nación se queda con 3 de cada 4 pesos de la recaudación. Mientras que las responsabilidades por la educación, salud pública, vivienda social, infraestructura, justicia y seguridad son de las provincias, los recursos fiscales se concentran arriba
La región Sudamericana goza de un contexto internacional históricamente favorable. Países con antecedentes y características muy diferentes –como Brasil, Chile, Perú, Uruguay– están aprovechando la oportunidad a través de procesos de modernización económica y progreso social. La Argentina, que por su condición de productor de alimentos es uno de los más beneficiados con este favorable entorno internacional, va a la zaga.
Por ejemplo, sólo 1 de cada 3 jóvenes terminó la secundaria a tiempo en el año 2009 y el deterioro en la calidad educativa es severo como lo documentan las pruebas internacionales que colocan a la Argentina detrás de Chile, Uruguay, Brasil y Colombia. La mortalidad en niños menores de 5 años ha disminuido entre los años 2000 y 2008 (de 20 a 15 por 1.000 nacidos vivos), pero sigue siendo mayor a la de Chile (9 por 1.000) e incluso a la de países de menor desarrollo como Costa Rica (11 por 1.000). Según el Censo 2001 en aquel año el 76% era propietario de su vivienda; en el Censo 2010 sólo el 70% declara ser dueño.
En la génesis de estos fracasos –que obviamente responden a una multiplicidad de factores– opera la forma en que se distribuyen los recursos fiscales. Según datos del Ministerio de Economía sobre la distribución de la recaudación de la AFIP aparece que:
• Entre los años 1993 y 2001, las provincias recibían de manera automática el 32% de la recaudación total.
• Entre los años 2002 y el 2008, esta proporción cae al 28%.
• En los años 2009 y 2010, las provincias apenas recibieron el 25% de la recaudación nacional.
Frecuentemente se destaca entre los rasgos más notables de la década el fuerte crecimiento económico y un nivel inédito de presión impositiva. Otra característica es el sostenido proceso de concentración de recursos fiscales a favor del Estado nacional. Esto se mantiene incluso a partir del 2009 cuando se crea como medida compensatoria el Fondo de la Soja. Actualmente, 3 de cada 4 pesos que los ciudadanos pagan en concepto de impuestos a la AFIP quedan en el Estado nacional.
La concentración contrasta con el hecho de que gran parte de las responsabilidades del Estado –especialmente las más vinculadas al desarrollo humano– están en manos de las provincias. Entre las más relevantes, educación básica, salud pública, infraestructura, vivienda social, seguridad y justicia. El argumento de que la Nación usa estos recursos para “ayudar” a las provincias a cumplir con sus responsabilidades resulta al extremo endeble.
La concentración implica violentar la Constitución Nacional y supone que en el nivel central hay más inteligencia y capacidad de gestión que en las provincias. Lo cierto es que la acumulación de recursos en el Estado nacional fatalmente deriva en arbitrariedades, mayores oportunidades de corrupción y errores de diagnóstico e instrumentación de las políticas. Más grave aún es que degrada la calidad de las instituciones provinciales y municipales. Frente al fracaso, las autoridades locales eluden sus responsabilidades escudadas detrás del argumento de que las carencias y las arbitrariedades les impiden actuar. Así, en lugar de promover el esfuerzo, la creatividad, la idoneidad y la sensibilidad para diagnosticar adecuadamente los problemas y encontrar soluciones apropiadas, se incentiva la subordinación –en algunos casos a niveles denigrantes– frente al poder central.
La Argentina todavía está a tiempo de no desaprovechar el ciclo positivo que ofrecen los mercados internacionales. Para esto, es fundamental encarar el esfuerzo de la reconstrucción institucional sobre las ideas federales que inspiraron a los fundadores del país. El eje central para promover este proceso es que el nivel central deje de apropiarse de recursos que pertenecen a las provincias y se comprometa a actuar como un activo promotor de mecanismos democráticos y republicanos para que todos los gobernantes locales (provinciales y municipales) estén sometidos a reglas rigurosas y efectivas de transparencia, rendición de cuentas y control social ante su población.
Por ejemplo, sólo 1 de cada 3 jóvenes terminó la secundaria a tiempo en el año 2009 y el deterioro en la calidad educativa es severo como lo documentan las pruebas internacionales que colocan a la Argentina detrás de Chile, Uruguay, Brasil y Colombia. La mortalidad en niños menores de 5 años ha disminuido entre los años 2000 y 2008 (de 20 a 15 por 1.000 nacidos vivos), pero sigue siendo mayor a la de Chile (9 por 1.000) e incluso a la de países de menor desarrollo como Costa Rica (11 por 1.000). Según el Censo 2001 en aquel año el 76% era propietario de su vivienda; en el Censo 2010 sólo el 70% declara ser dueño.
En la génesis de estos fracasos –que obviamente responden a una multiplicidad de factores– opera la forma en que se distribuyen los recursos fiscales. Según datos del Ministerio de Economía sobre la distribución de la recaudación de la AFIP aparece que:
• Entre los años 1993 y 2001, las provincias recibían de manera automática el 32% de la recaudación total.
• Entre los años 2002 y el 2008, esta proporción cae al 28%.
• En los años 2009 y 2010, las provincias apenas recibieron el 25% de la recaudación nacional.
Frecuentemente se destaca entre los rasgos más notables de la década el fuerte crecimiento económico y un nivel inédito de presión impositiva. Otra característica es el sostenido proceso de concentración de recursos fiscales a favor del Estado nacional. Esto se mantiene incluso a partir del 2009 cuando se crea como medida compensatoria el Fondo de la Soja. Actualmente, 3 de cada 4 pesos que los ciudadanos pagan en concepto de impuestos a la AFIP quedan en el Estado nacional.
La concentración contrasta con el hecho de que gran parte de las responsabilidades del Estado –especialmente las más vinculadas al desarrollo humano– están en manos de las provincias. Entre las más relevantes, educación básica, salud pública, infraestructura, vivienda social, seguridad y justicia. El argumento de que la Nación usa estos recursos para “ayudar” a las provincias a cumplir con sus responsabilidades resulta al extremo endeble.
La concentración implica violentar la Constitución Nacional y supone que en el nivel central hay más inteligencia y capacidad de gestión que en las provincias. Lo cierto es que la acumulación de recursos en el Estado nacional fatalmente deriva en arbitrariedades, mayores oportunidades de corrupción y errores de diagnóstico e instrumentación de las políticas. Más grave aún es que degrada la calidad de las instituciones provinciales y municipales. Frente al fracaso, las autoridades locales eluden sus responsabilidades escudadas detrás del argumento de que las carencias y las arbitrariedades les impiden actuar. Así, en lugar de promover el esfuerzo, la creatividad, la idoneidad y la sensibilidad para diagnosticar adecuadamente los problemas y encontrar soluciones apropiadas, se incentiva la subordinación –en algunos casos a niveles denigrantes– frente al poder central.
La Argentina todavía está a tiempo de no desaprovechar el ciclo positivo que ofrecen los mercados internacionales. Para esto, es fundamental encarar el esfuerzo de la reconstrucción institucional sobre las ideas federales que inspiraron a los fundadores del país. El eje central para promover este proceso es que el nivel central deje de apropiarse de recursos que pertenecen a las provincias y se comprometa a actuar como un activo promotor de mecanismos democráticos y republicanos para que todos los gobernantes locales (provinciales y municipales) estén sometidos a reglas rigurosas y efectivas de transparencia, rendición de cuentas y control social ante su población.
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