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lunes, 7 de mayo de 2012

Cuentas en rojo en la Provincia y peligro de extorsión



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Una de las características del kirchnerismo es extorsionar con la chequera para garantizarse sumisión política. Por eso, en los últimos años fue común ver distintas situaciones en las que el Gobierno nacional, en función de sus intereses políticos, repartía discrecionalmente recursos del Estado favoreciendo, especialmente, a aquellos gobernadores e intendentes que no muestran el menor grado de autonomía con respecto a la bajada de línea de la Casa Rosada.

 
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Por eso no es casualidad que los K ahora estén asfixiando económicamente a la principal provincia del país, gobernada por Daniel Scioli, que es el peronista que ostenta los niveles de adhesión más altos en la opinión pública de cara a las elecciones presidenciales de 2015.
Cristina Kirchner tiene vedada la posibilidad de presentarse a un nuevo mandato. Solamente lo podrá hacer reformando la Carta Magna, proyecto en el cual ya están abocados distintos operadores kirchneristas y que, necesariamente, requerirá la compra de voluntades, tal como sucedió en el llamado Pacto de Olivos de 1994 y en el oscuro proceso que le permitió a Eduardo Duhalde acceder a un segundo mandato como gobernador de la Provincia en 1995.
Ante la posibilidad de que el proyecto político K se agote dentro de tres años, el kirchnerismo está empeñado en desgastar la figura de Scioli, ya que ello le permitiría tener allanado el camino al no haber, al menos por el momento, otra figura dentro del peronismo que le pueda hacer sombra. Pero se trata de un juego extremadamente peligroso, que le puede resultar contraproducente. Poner en aprietos económicos a una provincia, en cuyo territorio se despliegan los bolsones estructurales de pobreza e indigencia más importantes del país, nunca puede constituir un experimento exitoso. Y una clara muestra de ello ocurrió hace más de diez años, cuando las disputas entre Carlos Ruckauf y Fernando de la Rúa se sumaron a las consecuencias de una aguda crisis económica, cuyo resultado fue un presidente de la Nación huyendo en helicóptero.
En definitiva, la estrategia kirchnerista es un juego político perverso, ya que Buenos Aires es la provincia que más aporta al PBI, pero es la más afectada por la reducción de los fondos coparticipables, situación que ya está repercutiendo en los municipios que recibirán una suerte de salvataje, a través de un bono, que será utilizado para pagarles a los proveedores y evitar que se corte la cadena de pagos en el interior de la Provincia. Los proveedores del Estado bonaerense no están mucho mejor; al contrario: muchos arrastran deudas de seis o siete meses, con lo cual se está poniendo en riesgo la prestación de servicios básicos en educación, salud y seguridad. 
¿Hasta qué punto se podrá sostener esta situación? Si finalmente la Provincia no obtiene recursos frescos a través de los nuevos pedidos de endeudamiento, no quedará otra alternativa que recurrir a medidas extremas que le garanticen la autonomía necesaria para que no haya una cesación de pagos. Una de estas medidas podría ser el regreso de las cuasimonedas. Y si ello ocurre, quien pagaría el mayor costo político sería la Casa Rosada, ya que se llegaría a esa situación producto del proceso de asfixia económica y financiera orquestado desde el Gobierno nacional.
Por otra parte, el despilfarro de recursos que está haciendo el kirchnerismo, en medio de una crisis internacional que no cesa, prácticamente no registra antecedentes. Están metiendo mano en cuanta caja del Estado hay: hacen uso y abuso de los fondos previsionales de la Anses, poniendo en riesgo el pago de las futuras jubilaciones, y una acción similar están emprendiendo con las llamadas reservas de libre disponibilidad del Banco Central. Se trata de recursos que se usan para cubrir gastos improductivos, que no generan valor agregado ni crean fuentes de trabajo, como son los subsidios millonarios para privatizadas, trenes y empresas de transporte manejadas por empresarios amigos del Gobierno, que hacen viajar a la gente como ganado.
Además, como si se tratara de una película de Boris Karloff, se buscará paliar las represalias por la expropiación de YPF con posibles nuevas inversiones provenientes de países como Angola, una nación africana que sufrió una cruenta guerra civil durante veinte años y que actualmente tiene más de 50% de pobres. Si no fuera trágico, hasta resultaría cómico.

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