Los legisladores kirchneristas avanzan en proyectos sobre el sistema de Justicia similares a los pedidos por la Presidenta. El lugar del sciolismo y la resistencia de la oposición
El proyecto que generará mayor impacto será la nueva reforma al Consejo de la Magistratura, con la incorporación del voto popular para designar a los consejeros que representan al Poder Judicial, ya sea del lado de los jueces, del Colegio de Abogados e incluso del Ministerio Público (que no está fijado en la Constitución pero igual tiene un lugar en la estructura).
A diferencia de la Nación, en el Consejo provincial no hay representación académica (aunque funciona como cuerpo de consulta), y el porcentaje de representación del Ejecutivo es mayor (en Nación, uno; en Provincia, tres).
A fines del año pasado el FpV había aprobado una reforma al Consejo, por la que se cambiaba la variable de representación, en detrimento de los abogados, y se modificaba el método de evaluación de los postulantes. La iniciativa tuvo no sólo el rechazo de todos los bloques opositores, sino también el pronunciamiento negativo del Colegio de Abogados y otros sectores de la Justicia.
El ruido generó el retroceso de los diputados, que postergaron su tratamiento hasta nuevo aviso.
Ahora, la cámara Alta vuelve a la carga, de la mano de la jefa del bloque, Cristina Fioramonti, y varios senadores cercanos al tema, como Patricio García, Jorge Ruesga y Luciano Martini, entre otros. Elaboran una nueva iniciativa superadora, y más cercana a las reformas que se aprobaron en el Congreso.
Desde el sciolismo resisten estos cambios, ya que prefieren no acoplarse a una agenda que genera la reacción de los principales representantes de la Justicia.
“Vamos a tratar de bloquearla”, dice, en off, un hombre muy cercano al Gobernador. Para esto iniciarán conversaciones con los bloques opositores, muchos de los cuales ya anticiparon que no votarán “el paquetazo antijudicial”, como comentan algunos en los pasillos.
Además de la Magistratura, también se espera insistir con el proyecto de ley de publicidad de las actividades de los tres poderes, una propuesta presentada en octubre del año pasado por el kirchenismo, que había despertado la crítica de los hombres de La Juan Domingo, por considerar que ya existían esos mecanismos. El resto de los proyectos nacionales tiene información técnica necesaria para que puedan adaptarse a la Provincia.
“El tema acá es el Consejo de la Magistratura, es la discusión principal, la batalla; el resto es una cuestión más jurídica, más técnica, que política”, señala un diputado K, partícipe de la confección de las futuras reformas.
También existen discusiones paralelas, más allá de la agenda fijada por la Presidenta, a través de las que se busca volver sobre la situación del Ministerio Público.
Es sabido que la Procuradora General, María del Carmen Falbo, no es querida por los sectores más duros del kirchernismo, ni por el mariottismo. Muchos esperan que la apertura del debate por una reforma integral del Poder Judicial pueda traer aparejada una nueva discusión sobre las dimensiones de las atribuciones de la funcionaria. Por ahora son sólo expectativas, no hay propuestas concretas presentadas en la mesa de discusión.
Desde los sectores opositores anticiparon que no avalarán la reforma K, aunque las argumentaciones difieren de tono.
Será difícil para el kirchnerismo modificar el Consejo de la Magistratura, tan “en línea” como pide CFK, ya que en el escenario actual no cuenta con los números. Pero hasta ahora eso nunca fue motivo para no dar la pelea.
“A través de foros, en mesas de diálogo, con los representantes del Poder Judicial como invitados, la reforma judicial va a ser el tema de discusión, porque ya está en la agenda legislativa”, sentencian desde el kirchnerismo provincial
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