Tandil: el cabaret del Poder

La Justicia clausuró un bar en el que se ejercería la prostitución. El inmueble es propiedad de la familia del legislador Carlos Fernández, muy cercano al intendente Lunghi. El fiscal apuntó la mira al gobierno municipal y el accionar de la Bonaerense

“Usted puede alquilar un local a una persona que pone un kiosco y resulta que esa persona, en realidad, no lo alquila para un kiosco, sino para un fin encubierto o solapado. Entonces no sé hasta qué punto tiene responsabilidad el dueño, si de buena fe alquiló su propiedad para un rubro legal”, expresó César Bayerque, director de Inspección de la Municipalidad de Tandil. 
A esta altura, el escándalo ya había estallado. Media ciudad hablaba del bar Ekeko, que lejos está de ser uno de los tantos atractivos turísticos de la capital del salamín.

Las palabras del funcionario municipal apuntaban, nada más y nada menos, a ensayar una especie de defensa del ex secretario de Gobierno, y actual senador provincial, Carlos Fernández.

¿Por qué? Un inmueble propiedad de la familia del legislador radical, ubicado al 604 de la calle Lisandro de la Torre, había sido allanado por la Justicia y personal de la Policía Federal, luego de que una chica denunció que en el bar (Ekeko) que funciona en el lugar, su mamá era obligada a ejercer la prostitución. Cabe reiterar la palabra “inmueble”; la familia Fernández, a través de una inmobiliaria, lo alquilaba.

El parte policial indica que “el viernes 5 de abril, a partir de las 23, personal de la Brigada de la subdelegación Tandil, Delitos Federales y Complejos de la Policía Federal, llevó a cabo dos allanamientos en el marco de investigaciones por ‘averiguación de delito’, seguidas por la UFI Nº 22, a cargo del doctor Fabio Molinero. Las medidas judiciales fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías Nº 1 de Tandil”. 

Agrega que “los allanamientos dispuestos fueron sobre un local del rubro Bar- Pool denominado Ekeko, donde se halló la presencia de cinco mujeres (todas mayores de edad), las cuales supuestamente ejercerían la prostitución. El local comercial presentaba en una planta alta habitaciones donde supuestamente se concretaban los ofrecimientos sexuales. Se secuestró dinero en efectivo, un libro con anotaciones de interés para la investigación y celulares de la encargada”. El fiscal confirmó a este medio que “la actividad se desarrollaba en dichos cuartos”.

A todo esto, al igual que el director de Inspección municipal, a la hora del descargo mediático el senador Fernández se desligó rápidamente de cualquier eventual vinculación con el caso. Así, expresó: “Esto es lo mismo que si alquilás una casa y dentro de ella el marido mata a la mujer”. Y agregó que “nunca” imaginó que en el bar Ekeko, al que calificó de “mala muerte”, se estuviera ejerciendo la prostitución.

Antes reconoció que la propiedad pertenece a su familia, más precisamente a su madre, y pidió a la Justicia que “les caiga con todo el peso de la ley” a sus hasta hace algunos días inquilinos, ya que, como era de esperar, el senador explicó que “se inició un procedimiento para rescindir el contrato”. “Ahí se alquilaba una vivienda y un bar, y terminó en esto”, culminó un sorprendido Fernández.

Sin embargo, para la gente del barrio (y de barrios vecinos), el periodismo y, al parecer, la Policía, no resulta sorpresivo que en el bar Ekeko se ejerciera la prostitución. “Es un ‘cabarulo’ hecho y derecho. Afuera, el lugar tenía un foco color naranja, y adentro una luz azul. Había un pool, una fonola y una barra”, cuenta un periodista tandilense, que sigue la causa de cer-ca, incluso desde antes que se produjeran los allanamientos. 

“El (por Fernández) sería el vínculo con la inmobiliaria que se hacía cargo de la cobranza del alquiler”. Por último, destaca: “Dice que no sabía qué pasaba, pero ahí funciona un prostíbulo por lo menos desde hace una década”.

Esto último, al parecer, es vox pópuli. A través de un comunicado, el Foro por la Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Mujeres de la ciudad de Tandil manifestó que “no puede desconocerse la antigüedad del prostíbulo ‘Ekeko’, sito en la esquina de Lisandro de la Torre y Pratt, que data de más de diez años”.

En el escrito, los integrantes de la entidad añaden: “No desconocemos la existencia de estos lugares habilitados municipalmente como ‘Café-Bar’ y/o ‘Bar’ y/o ‘Bar-Picadas’ y/o ‘Expendios de Bebidas-Bar’ y/o ‘Expendios de Comidas y Bebidas en Bares’, donde presumiblemente se ejerce la prostitución en forma encubierta”.

Y solicitan al intendente, Miguel Angel Lunghi, que “explique, con la responsabilidad que le compete como funcionario público, los términos de la habilitación del prostíbulo Ekeko, haciendo pública toda documentación respaldatoria que obre en la Dirección General de Inspecciones y Habilitaciones respecto de dichos trámites (fechas, conceptos, inspecciones, etcétera) en el menor plazo posible”.

El encargado de poner el pecho a las balas es el ya citado Bayerque, quien, luego de que el fiscal esbozó diversas críticas al Municipio, expresó que “es una opinión del fiscal, no estoy de acuerdo, me avalan las actas de inspección y los controles rutinarios que se hacen semanalmente. Es más, cuando él nos citó por algún procedimiento o pedido de allanamiento, hemos actuado inmediatamente, porque somos auxiliares de la Justicia”.

El fiscal había dicho, entre otras cosas, que “veíamos que al Municipio se le estaba haciendo muy difícil” cumplir las ordenanzas relacionadas con la prohibición de existencia de cabarets, y que, más allá de la intervención de la Justicia, la comuna “tiene la facultad para intervenir por oficio”. Sostuvo a su vez que “si el objeto del comercio no concuerda con la habilitación, se supone que lo deberías clausurar, y eso no estaba sucediendo, o estaba sucediendo de manera no convincente”.

En tanto, consultado por La Tecla respecto de si el lugar ya había sido inspeccionado por el Municipio, Molinero expresó que “no me consta”, y destacó que “si vas a tal lugar durante un año, veinte veces, y no podés establecer lo que yo establezco en dos oportunidades, entonces me da que pensar: si pienso más o menos mal, pienso que hay connivencia; si pienso un poquito mejor, pienso que hay incapacidad”.

Las dudas del fiscal no sólo están dirigidas al Municipio, la Policía también entra en el reparto. “Si yo tengo tres comisarías en Tandil y ninguna me denuncia a mí la existencia de cabarets, me genera dudas”, indicó. Agregó que, tras pedir una investigación que luego fue realizada por la Bonaerense, pasados dos meses le llegó un informe en el que se detallaba que no se había advertido nada. Sin embargo, después él sí advirtió irregularidades. “Tenía a la gente de la Policía Federal, que frecuentaba estos lugares”, añadió.

“En los informes de la Policía de la provincia de Buenos Aires no se decía que funcionaban cabarets, y yo tenía gente que había estado trabajando en la causa. En los informes era todo negativo; entonces, o hay connivencia o hay incapacidad. Si yo trabajo en prevención policial, tendría que saber qué lugares tengo abiertos y qué lugares no; si no, indudablemente, estoy mirando para otro lado”, completó el funcionario judicial.

Quedan por despejar muchas incógnitas. Para eso, precisamente, interviene la Justicia. Según el fiscal, tanto la Policía como el gobierno municipal no hicieron todo lo que tenían que hacer para impedir el proxenetismo. ¿Incapacidad o connivencia?

Lo sumamente llamativo es que en tantos años de funcionamiento del lugar, y teniendo en cuenta que Junín es un distrito del interior de la provincia de Buenos Aires, donde todo se sabe o, por lo menos, se comenta, nunca haya llegado a los oídos del legislador y del intendente que en ese bar, el ya famoso Ekeko, se ejercía la prostitución.