La oposición duda que el Gobierno pueda cumplir con sus promesas a los jubilados

LPO“Es una ley de encuestas”, sentenció Bossio. El FpV quiere saber cuánta plata hay en el FGS y cómo se usará.

DyN

Aunque esperan el proyecto y la experiencia les impide creer cie
gamente en los anuncios oficiales, en la oposición tienen claro que avalarán la recomposición a los jubilados anunciada por Mauricio
 Macri, pero a pocos les queda claro cómo hará el Gobierno para 
financiarla en el tiempo.

Así las cosas, en la Cámara de Diputados, donde ninguna bancada
 tiene mayoría propia, en el kirchnerismo, el Bloque Peronista y el 
Frente Renovador especulaban con apoyar en general la norma y 
poner la lupa sobre el financiamiento en la votación en particular.

En la Casa Rosada se anticiparon a la jugada y optaron por incluir
 en un sólo proyecto el pago a los jubilados alcanzados por los fa
llos de la Corte y el blanqueo y/o repatriación de capitales, que se
 usarían en parte para cancelar esa deuda. 

Si la oposición lo respalda en general y hace modificaciones en el 
articulado, Macri podría promulgarlo parcialmente con nuevos reto
ques en la reglamentación y dejar todo en paz. Pero aún es una es
peculación lejana porque el texto no apareció.

La versión más firme es que entraría por el Senado para que tenga 
dictamen el 8 y se trate el 15, cuando el Gobierno confía en avalar a
 los jueces de la Corte Suprema.

El reciente acuerdo de Macri con los gobernadores por la copartici
pación lo dejó confiado en al menos obtener una parte de los sena
dores que le facilite la mayoría simple. 

En Diputados el clima es más denso, porque abundan especialistas
 previsionales y todos tienen más dudas que certezas.

“Esta es una ley de encuesta”, ironizó Diego Bossio, diputado del Blo
que Justicialista y director de la Anses hasta diciembre, en referencia
 a la especulación política que rodea el anuncio. 

Para evitar suspicacias, Bossio dejó claro que apoyará el resarcimien
to a los jubilados que disponga el Gobierno, negado durante su ges
tión.

“Cuando uno es gobierno establece prioridades. Para nosotros fueron
 las jubilaciones mínimas y la ampliación de la cobertura. Por eso apelá
bamos estos juicios”, justificó, en un breve contacto con periodistas.

Con la tranquilidad de ser opositor, Bossio puso la lupa sobre el flujo
 de dinero que necesitará el gobierno para financiar estos juicios en el 
tiempo.

“La única forma de garantizar el dinero es con 4 millones de aportantes
. Sino hay que revisar todo el sistema, porque muchas actividades no 
pagan aportes y otras pagan menos”, señaló. Recordó el decreto 814 
firmado por Domingo Cavallo en 1991, que nunca convenció a Cristina
 Kirchner de derogar.

Sin el proyecto de ley presentado el financiamiento no deja de ser un 
misterio. El Gobierno sólo habló de ir liquidando las utilidades del Fon
do de Garantías de Sustentabilidad, creado en 2008 con la expropia
ción de las ex AFJP. 

Alrededor del 10% son activos de empresas privadas, que el Gobierno
 no termina de confirmar si venderá o no, sobre todo porque la oposi
ción no parece dispuesta a ayudarlo. 

 Como anticipó LPO, Luis Blaquier, presidente del FGS, recorrió New 
York en busca de potenciales inversores, pero el Gobierno se niega a re
conocerlo, tal vez para no agitar el Congreso antes de tiempo. 

El resto son bonos del tesoro u otros activos financieros y Macri podría
 echar mano usando las facultades que le dio el decreto que creó la Asig
nación Universal Por Hijo.

“Nosotros preferimos no tocar el FGS porque un sistema previsional 
siempre tiene fondos de garantías. Como se hacían aportes al tesoro, 
si Anses tenía déficit lo completábamos con rentas generales”, explicó 
Bossio.

Y anticipó que se negará de plano a vender las acciones en empresas. 
“Yo voy a votar en contra de vender las acciones en empresas. Son el 
mejor activo de Anses y por eso hay tantos interesados. Sería un paso 
peligroso porque se iniciaría una privatización”, alertó.

El diputado del Frente para la Victoria Juan Carlos Díaz Roig, histórico 
experto en temas previsionales, presentó ayer un pedido de informes al 
Gobierno para conocer el estado financiero del FGS, que desde diciem
bre dejó de informarse al Congreso.  Su último saldo  es de $ 770.000 mi
llones, con utilidades líquidas entre 70.000 y 90.000 millones anuales. 

Como nunca se conformó la bicameral de seguimiento, Blaquier jamás ex
plicó si esos activos siguen intactos tras los sobresaltos económicos del
 último semestre y aún así Macri los puso como garantía del pago a jubila
dos.

“No sabemos aún cuñanto vulneró el FGS la devaluación de diciembre y 
el aumento de la inflación”, sostuvo Díaz Roig a LPO.

“Hay que reconocer que es la primera medida del Gobierno para incenti
var el consumo y eso merece apoyo”, aceptó el formoseño, pero recono
ció no tener claro la cantidad de beneficiados y la solvencia para financia
rlo.

Las 50 mil sentencias que van a pagar ya están previstas en el presupuesto, o sea, fue un anuncio innecesario. También prometieron pagarle a los que iniciaron juicio y no llegaorn a sentencia, que el gobierno calcula en 250 mil, pero existe un interrogante nada menor: la estadística indica que entre el 16 y 25% de los litigantes pierde el juicio por su reclamo no era válido. 

“Si ahora la justicia no va a determinar cuántos de los juicios pendientes se ajustan a derecho, queremos saber qué organismo lo hará. Pagar por las dudas es mucho dinero”, planteó Díaz Roig. 

Encima, a esos 250 mil se les reconocería un pago retroactivo a 4 años y se trata en mayor parte de jubilaciones altas, algunas que pueden llegar a 100 mil pesos mensuales con las costas judiciales.  

Menos claro está cómo se resarcirá a quienes nunca fueron a Tribunales y puedan ser alcanzados por los beneficios del fallo Badaro (donde la Corte sostuvo entre 2002 y 2006 los jubilados no habían sido tratados con igualdad) y Ediff (que cuestiona el cálculo a la hora de pagar). Serían casi 2 millones de ancianos. 

Según el anuncio de Macri, deberán adherirse a un “programa” y firmar un convenio judicial para obtener el aporte, aunque sin retroactividad. "Hay que estudiar bien caso por caso, porque cada jubilado es una historia de vida". 

Además de marcar el final de la moratoria, la pensión a la vejez, que alcanza el 80% de la mínima, esconde una trampa: es a los mayores de 65 años, aun cuando las mujeres se jubilan a los 60. Tal vez anticipe una reforma de fondo que se viene y no sea tan festiva. 

Otro punto de conflicto son los jubilados que no estén alcanzados por la medida y quieran litigar, como los 3 millones y medio beneficiarios de las moratorias y los autónomos.

“Cuando Cristina Kirchner vetó el 82% móvil nos explicó que era inviable por lo que se había ampliado la cobertura y todos buscarían reclamar”, recordó Díaz Roig.

Mirta Tundis, diputada del Frente Renovador, que pasó gran parte de la tarde comentando el anuncio con Sergio Massa, alertó sobre lo pobres que quedarán las jubilaciones mínimas y pidió llevarlas a 7000, al margen de la actualización semestral que se hace por ley.

De lo contrario, este grupo quedaría en desventaja respecto a los que pasearon por los estudios de abogados que esta noche brindarán con champagne. Es lo que pasa cuando se empiezan a dar derechos: un error puede ser motivo de otro litigio y la rueda sigue girando. 

Tundis recordó que cancelar la deuda con los jubilados fue una de las propuestas de Massa en la campaña, pero confesó que sin el proyecto no puede aventurar hipótesis. “Por ahora es sólo un paquete de medidas con encabezamientos importantes”.

Blanqueo, la pelea más fuerte 

Respecto al blanqueo también habrá un debate fuerte. Ni bien se informó, Héctor Recalde, jefe del bloque FpV, pidió que no fueran incluidos los funcionarios públicos.

En el resto de la oposición le restaron importancia al asunto. Entendían que no muchos funcionarios traerían dinero sin una actividad privada que lo respalde, porque no será nada fácil justificarlo en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. 

Pero el kirchernismo presiona además por conocer el origen de los fondos blanqueados. “Para las personas jurídicas entendemos que la creación de una Comisión Bicameral de fiscalización en colaboración con la AFIP y la UIF sería un buen instrumento para controlar qué capitales ingresan, su origen y procedencia”, propuso Recalde. 

El blanqueo es bien generoso, con impuestos desde 0 (menos de $305.000) hasta sólo 15% (más de 800 mil), menos que si cualquiera de esos argentinos que se llevó la plata afuera hubiera pagado en el país por una mínima inversión. Todo un premio.  

Además, ante la posibilidad de apreciar la moneda en el mercado se comenta que podrían blanquear la plata y dejarla afuera como resguardo. La mayoría se usaría para el Anses con el objetivo de pagarle a los jubilados y no manosear tanto el FGS. 

El blanqueo es un tema espinoso, porque a partir de la presión de Estados Unidos para enterrar los paraísos fiscales los controles se extremaron y el año próximo 48 países comenzarán a compartir información.

El margen para esconder plata en negro sería mínimo y blanquearla a bajo costo puede ser buen negocio, pero no sin quedar en la mira del Congreso por posible complicidad con delitos internacionales. 

Ya pusieron la lupa sobre los 4040 argentinos con cuentas declaradas en el HSBC de Suiza, cuna del lavado de activos, filtradas por el ex empleado Herve Falciani y facilitadas al ex jefe de la Afip Ricardo Echegaray.

Con esa información el año pasado se creó una bicameral que investigó a sus titulares y abrió sospechas sobre más de una figura actual de este Gobierno. El más apuntado fue el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, por su rol de custodio de la fortuna de Amalita Fortabat. Y fue el que anunció el plan de blanqueo.