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domingo, 7 de agosto de 2016

El gobierno y grandes empresarios presionan a Cornejo para que derogue la ley antiminera

LPO (Mendoza)"No somos Canadá porque no desarrollamos la minería",
afirmó en Mendoza el funcionario de Macri a cargo del sector.
La excusa fue la presentación de uno de los tradicionales informes de coyuntura económica que viene realizando el Consejo Empresario Mendocino desde diciembre del 2001. En este caso, el trabajo se titu
ló: “Minería responsable para el crecimiento sustentable con equidad”
, y fue utilizado por los hombres de negocios más poderosos de Men
doza y por el gobierno de Mauricio Macri para enviarle un claro men
saje al gobernador Alfredo Cornejo.
El gran obstáculo que tiene el sector minero en la provincia es la ley 
provincial 7.722, conocida como ley antiminera, que prohíbe la mega
minería en territorio mendocino. Cornejo se comprometió a mantener
 la vigencia de esa ley, sancionada en su momento con un importan
te aval social. Pero la presión para eliminarla es cada vez más fuerte.
En este caso, el CEM contrató al Cippec (Centro de Implementación
 de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) para que rea
lizada el estudio, con el aval de la Fundación Vida Silvestre. ¿El ob
jetivo? Pedir por una minería “integral” que tenga aval del sector pú
blico, de la ciudadanía, que sea controlada y que se esfuerce por 
ser sustentable. En este sentido, la gran ausente en el informe fue la
 referencia a la ley 7.722.
El gobierno nacio
nal y fundaciones
 cercanas al macris
mo impulsaron en
 Mendoza la reali
zación de un en
cuentro para em
pujar la minería, 
que estimaron po
dría dejarle a la pro
vincia más de 300
 mil millones de dó
lares.
Cippec es un centro de estudios cercano al macrismo y de hecho importantes cuadros de esa institución asumieron cargos con el PRO. Su ex presidente, Fernando Strafase, es el nuevo secretario General del gobierno porteño y el presidente del Consejo de Administración, Eduardo Levy Yeyati, pasó a integrar el directorio del BICE con la asunción de Francisco Cabrera como ministro de Industria.
El trabajo presentado cita un estudio previo realizado por la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camen), que estimó que el valor bruto de la producción metalífera potencial en Mendoza podría alcanzar un máximo de 349.234 millones de dólares, teniendo en cuenta los recursos conocidos y susceptibles de valoración económica. La cifra sin embargo, fue cuestionada localmente, por considerarla estimada en un plazo no determinado y calculada según difusas “actividades de ex
ploración en distintos grados de avance”.
El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Min
gorance; el subsecretario de Energía y Minería, Emilio
Guiñazú y el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario 

Capello.
Que el CEM sea quien presione para que se le dé vía libre a minería
 en la provincia no es casualidad. La situación económica en la pro
vincia es alarmante, y los más poderosos hombres de negocios en
tienden que diversificar la matriz productiva de Mendoza es la clave 
para mejorar su rentabilidad. Así, destacan que “los niveles de produc
ción minera local son reducidos, erráticos y en baja desde el 2010”, y 
que “la producción minera en la provincia representa 0,5% del total ar
gentino y 0,2% del PBG”.
Mendoza tiene además
 a la mano el ejemplo 
de Chile con gracias a
 la minería logró con
vertir a la economía de
 su país en una de las
 más dinámicas de la 
región.
Pero no sólo los empresarios presionan. Al acto de presentación del informe, fue invitado especialmente el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Capello, quien dejó en claro la postura del gobierno de Mauricio Macri: “Hay una gran esperanza sobre lo que pueda hacer Mendoza con la minería. Se pensaba que iba a ser el centro de la actividad del país. Hoy Chile exporta sólo en cobre, por año, el doble de lo que nosotros exportamos por el pool de soja –42 mil millones de dólares contra 24 mil millones–”, dijo, y agregó una temeraria afirmación: “No somos Canadá sólo porque no hemos desarrollado la actividad”.
Para dejar en claro que una ley provincial es un problema que debería 
ser fácilmente solucionable en un esquema económico general, Cape
llo expresó: “Negamos miles de millones de dólares en inversión y hoy
 se hace minería a cielo abierto con cianuro –lo que prohíbe la 7.722–
 en Asia, Canadá, o con sulfuro, son químicos inherentes al método que
 los países aceptan para beneficiarse con sus riquezas minerales”, y 
cerró: “Cada provincia decidirá, pero el país necesita inversión y los ar
gentinos necesitan encontrar trabajo; es una vergüenza que importe
mos minerales que hay en el sueño nacional y que generemos menos
 riquezas que las que obtiene Chile, país que no cuenta ni con una me
seta patagónica, ni con una sierra pampeana, ni una precordillera”.
El que le contestó, in situ, a Capello, fue el secretario de Ambiente lo
cal, Humberto Mingorance, quien afirmó estar en “permanente diálogo” 
con los empresarios mineros y de la Secretaría de Energía de la Provin
cia “para que se avance con la actividad sin incumplir con la Ley 7,722”
. “No es nuestra intención, y tampoco lo ha planteado el gobernador, 
modificar la 7.722”, debió aclarar ante los empresarios y el funcionario
 nacional.

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