Un grupo de intendentes volvió a instalar la discusión sobre el control de
la fuerza comunal que viste de azul y presentó un proyecto para quedár
sela. El Gobierno no esquiva el debate, pero estira los tiempos lo máximo
posible.
la fuerza comunal que viste de azul y presentó un proyecto para quedár
sela. El Gobierno no esquiva el debate, pero estira los tiempos lo máximo
posible.
zan en el intendente”, dijeron los jefes comunales que a principios de
agosto volvieron a instalar el debate sobre el manejo de las fuerzas de
seguridad locales, defendiendo su postura de que el control deben tener
lo los distritos y no la Provincia.
Es que el funcionamiento de las Unidades de Policía Local todavía no
está reglamentado, más allá de una resolución ministerial y, luego, un
decreto de la gestión del ex gobernador Daniel Scioli, que en su mo
mento no logró el consenso en la Legislatura para impulsar una ley (te
niendo las mayores diferencias hacia dentro del propio Frente para la
Victoria).
Entonces, la forma en la que fueron creadas limita la capacidad que
tienen los intendentes para conducir a la fuerza. Según el decreto, los
efectivos locales dependen de la estructura del Ministerio de Seguri
dad bonaerense, aunque durante la gestión de Alejandro Granados se
habilitó “de hecho” a los dirigentes comunales a tener injerencia, tan
to en la elección de los jefes policiales como en otros aspectos.
Sin embargo, el desembarco de Cristian Ritondo cambió las reglas de
juego. Primero, el subsecretario de Planificación del Ministerio de Se
guridad, Fernando Jantus -un civil del riñón de Granados-, quien ha
bía sido uno de los principales armadores de las policías locales, que
dó desplazado; y luego, su reemplazante, el ex representante de futbo
listas Patricio Lombilla -otro civil-, también se fue.
De esta forma, el diagrama original de manejo de la Policía Local en
tró en crisis, y el Ministerio de Seguridad volvió a tomar las riendas
de la fuerza policial, generando rispideces y encontronazos con los
intendentes.
Hay que tener en cuenta que si bien a los salarios de los efectivos los
paga la Provincia, muchos municipios han hecho importantes inver
siones para que la Policía Local pueda funcionar (ver aparte), ya sea
en la construcción de comisarías, pago de becas, combustible para pa
trulleros o escuelas de formación, entre otros puntos. Claramente, a
ninguno de los mandatarios le sienta bien poner dinero de la Comuna
para capacitar y desarrollar una fuerza a la que no podrán controlar.
Por esta razón, un grupo de intendentes impulsó un proyecto para re
glamentar por ley a “los pitufos”, solicitando su traspaso a las comu
nas. De todas formas, el debate va para largo.
El presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados
bonaerense, Orlando Yans, afirmó en torno a la iniciativa impulsada
por los alcaldes: “Es un proyecto que está bien para empezar a charlar
, que puede ser razonable, pero en tanto se resuelvan algunas incógni
tas”.
El legislador remarcó que recién se está empezando a “estudiar” la
propuesta, aludiendo a que los plazos van a prolongarse; y objetó
algunas indefiniciones que tiene el proyecto, como el hecho de no
precisar “los escalafones y rangos bajo los cuales va a funcionar
esta fuerza”.
En el mismo sentido, en la reunión que mantuvo con los intendentes
de Lanús (Néstor Grindetti), Lomas de Zamora (Martín Insaurralde),
Quilmes, (Martiniano Molina), Almirante Brown (Mariano Cascallares)
y Esteban Echeverría (Fernando Gray), la gobernadora María Eugenia
Vidal explicó que su intención es primero avanzar en un diagnóstico
preciso sobre la Policía Local, para luego abordar el debate sobre un
posible traspaso.
En lo que parecen consensuar todos los sectores es en la necesidad
de establecer una reglamentación por ley sobre cómo funciona este
cuerpo policial, dado que el decreto que lo rige es impreciso en cuan
to a funciones, escalafones, objetivos y controles.
En ese marco, el diputado del bloque FPV-PJ Rodolfo “Manino” Iriart,
también integrante de la comisión de Seguridad, señaló: “Hay un pro
yecto de mínima, que sería que no pase nada y quede todo como está
; es decir, que salga una ley que reglamente lo que ya está. Segunda
posibilidad: que las policías locales se traspasen efectivamente a los
municipios y que se regularice. La tercera posibilidad es este proyec
to que desde hace dos meses estamos discutiendo: que las poli-cías
preventivas puedan trabajar desde cada uno de los municipios”.
En efecto, el único proyecto de ley que hoy está en debate no sólo
plantea el control por parte de los municipios de las unidades de Po
licía Local, sino también el paso de todas las policías de seguridad
del distrito (esto incluye, por ejemplo, a la llamada CP). La iniciativa
plantea la creación de una Policía de Seguridad Municipal, como una
nueva fuerza, completamente a cargo de las intendencias que se adhie
ran a la normativa.
El debate sobre qué hacer con “los pitufos” tiene hoy estas tres alter
nativas, y de fondo está la disputa entre los intendentes, que quieren
que los recursos que ponen en seguridad se traduzcan en control de
la fuerza, y la Policía Bonaerense, que históricamente se opuso a la
creación de cualquier otro tipo de fuerza que le dispute el territorio y
los recursos.
En este escenario, el gobierno de la provincia de Buenos Aires toda
vía no definió una estrategia clara, y por el momento estira los tiem
pos del debate hasta fin de año.
FUERZAS FEDERALES
En el medio de la disputa por la autonomía o no de la fuerzas comu
nales, y de la creciente inseguridad en la provincia de Buenos Aires,
el Gobierno bonaerense acordó el aporte de Nación para hacer fren
te a la problemática.
En una reunión en la Casa Rosada, María Eugenia Vidal junto a Mau
ricio Macri, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el secreta
rio de Seguridad, Eugenio Burzaco, delinearon la nueva estrategia
para la prevención ciudadana.
De esa manera, definieron que 6200 agentes federales se repartan
entre el Conurbano y Mar del Plata para fortalecer la prevención. A
pesar del acuerdo con bombos y platillos, el ministro de Seguridad
bonaerense, Cristian Ritondo, calmó las aguas y señaló que la me
dida se trata de "un parche" y no ataca a la problemática a fondo.
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