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sábado, 29 de abril de 2017

Presos en comisarías: más que apretados

La sobrepoblación en los calabozos de las seccionales parece no encon
trar solución. Los números detrás de esta problemática de larga data, que 
demandará fuertes inversiones en cárceles
Presos en comisarías: más que apretados
Hacinados. Así pasan las horas los detenidos en comisarías de la provin
cia de Buenos Aires. Si bien no es novedad, esta problemática regresó a
 la escena mediática tras conocerse la muerte de siete de los diecinueve
 presos que había alojados en una departamental de Pergamino.

Fue el 2 de marzo de este año, cuando se desató un incendio en la zona 

de calabozos de la comisaría Primera del mencionado distrito. Las llamas 
no sólo terminaron con la vida de los presos que se encontraban en la 
dependencia, sino que también pusieron tras las rejas a cinco policías, 
acusados de “abandono de persona seguido de muerte”.

La tragedia de Pergamino volvió a poner bajo la lupa al sistema carcelario bonaerense, uno de los más deficientes del país de muchos años a esta 

parte.

A pesar de estar prohibido desde 2001 por un fallo de la Suprema Corte 

de Justicia, el último informe arrojó que son 3.166 las personas alojadas
 en comisarías de las distintas jefaturas departamentales de la Provincia.
 Los números surgen a partir de un relevamiento realizado por el Centro 
de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre la base de datos del Ministe
rio de Seguridad bonaerense, y demuestran una preocupante sobrepobla
ción. En conjunto, todas las dependencias policiales de la Provincia 
tienen capacidad máxima para albergar en sus calabozos a 1.105 deteni
dos; es decir que, aproximadamente, hay tres presos en espacios habilita
dos para uno.

De acuerdo al informe del CELS, al que tuvo acceso La Tecla, es en las

 dependencias bajo la órbita de la Jefatura Departamental de Lanús don
de se encuentra la mayor cantidad de detenidos, con un total de 393 per
sonas; seguida por La Matanza, con 361.

A pesar de que, en general, el número de presos se vio incrementado en

 185 por ciento en un año, en algunas departamentales la cifra se redujo.
 Por ejemplo: San Martín, que en 2016 tenía 244 detenidos en comisarías,
 un año después cuenta con 196; mientras que en el Conurbano norte se
 alojó a 167 personas el año pasado y éste se redujo a 128.

“En las cárceles no hay lugar, entonces se te acumulan en las comisarías.

 Hay una cadena de crisis en esto. Son muchos eslabones”, argumenta
ron desde el Ministerio de Seguridad ante esta problemática.

Por ello, tal como publicó La Tecla, la Provincia puso en marcha un ambi

cioso plan de construcción de cárceles en todo el territorio, que llevará, 
al menos, más de cuatro años.
“El único penal que se está construyendo para más de 400 internos es el 

de Campana. Durante este año, además, se van a refaccionar y reacondi
cionar todos los penales y unidades de Buenos Aires”, señalaron a este 
medio desde el Ministerio de Justicia, que conduce Gustavo Ferrari.

En esta línea, la sobrepoblación carcelaria no podrá solucionarse en lo 

que resta del año pero, como se dijo, es un flagelo que atraviesa a todo el 
sistema desde hace décadas. De todos modos, en términos generales, se 
ha visto un avance en los últimos tiempos. En efecto, de 1998 a la actuali
dad, el peor período tuvo lugar en 2002, cuando se registró un pico en la sobrepoblación en comisarías de más de 7.500 presos. Luego, el índice 
se redujo considerablemente, hasta que en 2005 se dio un nuevo pico, 
con 6.035 detenidos.
En relación con estas estadísticas, los números registrados a comienzos 

de 2017 no resultan tan alarmantes, pero la gravedad del asunto sí lo es. 
Sólo basta observar la tragedia en Pergamino. Para avanzar en la solución
 de la problemática, la Provincia puso manos a la obra.
La semana pasada, la gobernadora María Eugenia Vidal traspasó obras

 dependientes del Ministerio de Infraestructura a la órbita del Ministerio
 de Justicia. Según fue publicado en el Boletín Oficial el viernes 21, son 
seis los trabajos que se van a realizar sobre el sistema penitenciario y 
judicial, que quedarán bajo el seguimiento de la cartera que conduce 
Gustavo Ferrari y no del ministro Roberto Gigante, como hasta entonces.

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