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lunes, 10 de julio de 2017

Piden reabrir causa contra Arribas

El fiscal Sergio Rodríguez, pidió a la Corte Suprema reabrir la causa
contra el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, acusado de recibir 850 mil 
dólares del cambista brasileño Leonardo Meirelles, preso por el Lava 
Jato.

Télam
El fiscal de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), 
Sergio Rodríguez, buscó hoy que la Corte Suprema reabra la causa
 contra el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, acusado por un arrepentido
 brasileño de la causa Odebrecht.
La presentación fue hecha ante la 
Sala III de Casación, con la intención
 de que eleve el recurso a la Corte 
Suprema en forma directa.
Se trata de la causa que se abrió con
tra el jefe de los espías, luego de que 
uno de los arrepentidos de la causa 
Odebrecht denunciara que le había 
hecho una serie de giros bancarios en el 2013, cuando se definía el so
terramiento del ferrocarril Sarmiento. 
Arribas había sido sobreseído por el juez Rodolfo Canicoba Corral, en 
un fallo que fue ratificado por la Sala I de la Cámara Federal a raíz de
 que el fiscal General Germán Moldes desistió de sostener la apelación.
Pero la PIA elevó el caso a Casación al validar su papel de procuraduría
 especial contra funcionarios públicos.
Rodríguez es el fiscal designado por la Procuradora Alejandra Gils Carbó
 para unificar todas las investigaciones contra funcionarios por el escan
dalo Odebrecht.
Sin embargo, el 23 de junio pasado, el juez Juan Carlos Gemignani -al que
 se sumaron sus colegas Angela Ledesma y Eduardo Riggi- afirmó que
 "el encausado (Arribas) a la fecha de los hechos materia de investigación
 no había asumido función alguna en el ámbito de la administración pública".
Según Casación, "la Procuraduría de Investigaciones Administrativas ha
 sido creada a efectos de intervenir expresamente en aquellos hechos en
 los que el protagonismo central está asignado a funcionarios públicos, 
esto es, en relación a ilícitos cuyo título de imputación justamente es una responsabilidad institucional".
Casación advirtió que "esa condición funcionaria está ausente en la 
atribución del hecho que se le formula al imputado", por lo que no consi
dera que la PIA tenga legitimación para apelar el sobreseimiento.
Ahora, Rodríguez presentó el recurso de apelación ante la Casación, que 
deberá decidir si hace lugar al planteo (y eleva el caso a la Corte) o si lo
 rechaza, con lo cual -de todas maneras- podría presentarse un recurso 
de queja para que el máximo tribunal revise la decisión.
En enero, el diario La Nación reveló la existencia de cinco transferencias
 que se le habían hecho a Arribas en momentos en que se relanzaba el 
soterramiento del ferrocarril Sarmiento.Arribas lo negó, aunque después 
solo reconoció un giro por unos 70 mil dólares por la venta de un bien
 mueble en Brasil donde vivía.
La causa se abrió por la denuncia de la diputada Elisa Carrió, el fiscal 
Federico Delgado impulso la investigación pidiendo datos, pero un 
informe de UIF aseguro confirmó la versión de Arribas y el juez federal
 Rodolfo Canicoba Corral firmo el sobreseimiento.
El fiscal apeló pero su superior German Moldes desistió de la apela
ción ante la Sala I de la Cámara Federal.
Pero en mayo pasado, por videoconferencia y en otra causa, Leonardo
 Meirelles, uno de los arrepentidos en el escándalo del Lava Jato que
 salpica a la constructora brasileña Odebrecht en el pago de coimas en
 toda la región, aseguró que Arribas recibió 10 trasferencias de dinero 
que alzaron un monto de 850 mil dólares, y que le sonaba la empresa 
IECSA, la constructora de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mau
ricio Macri.
También dijo que él hizo en total unas 400 mil transacciones con distin
tas empresas, entre ellas Obedrecht, y que la plata -incluida la que
 recibió Arribas- era producto de coimas (propinas, dijo).
Cuando le preguntaron sobre el ex ministro de Planificación Julio De 
Vido, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime o su asesor Manuel
 Vázquez pero no podía confirmarlo ni descartarlo porque no los recor
daba.
Inmediatamente, Arribas denunció penalmente a Meirelles por falso
testimonio y cohecho, al sostener que existe una "mendacidad con 
la que se ha pronunciado un condenado por la justicia penal de Brasil". 

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