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viernes, 20 de octubre de 2017

Un fallo habilita a Macri a echar por decreto a Gils Carbó

LPOUn juez declaró inconstitucional el juicio político como forma 
de remoción de la Procuradora.

DyN
Un juez en lo Contencioso Administrativo avaló la remoción de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sin nece
sidad de recurrir al mecanismo del juicio político, con lo que
 habilitó al gobierno de Mauricio Macri a echarla por decreto.
La medida del juez Cayssials es en respuesta a una demanda que 
habían impulsado la agrupación Será Justicia y el Colegio de Aboga
dos de la Ciudad de Buenos Aires, ambos muy ligados al Gobierno 
nacional, que apoyó la presentación.La decisión fue adoptada por el
 juez Pablo Cayssials, quien consideró "inconstitucional" un artículo 
de la ley del Ministerio Público que equipara al procurador general 
con los jueces de la Corte Suprema en las formas de removerlo de su 
cargo.
El artículo de la ley que "establece que el Procurador General de la 
Nación sólo puede ser removido por las causales y mediante el proce
dimiento establecido en a Constitución Nacional, resulta contrario a lo 
dispuesto en ésta", resolvió el juez Cayssials. Para ello, citó jurispru
dencia de la Corte Suprema y doctrina de constitucionalistas, entre 
ellos el ex canciller Rafael Bielsa. 
"Una norma como la cuestionada en autos -dictada a los efectos de 
organizar el Ministerio Público Fiscal- no puede elípticamente modificar
 (la Constitución), ya que todo medio o forma diferente de los procedi
mientos regulares que aquélla establece para su reforma, renovación o 
cambio, tendrá el estigma de su inconstitucionalidad y convertirá en 
inválida la modificación que se incorpore", sentenció el juez.


El fallo es apelable ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal y en última instancia la Corte Suprema, pero
 mientras se resuelve podría permitirle al gobierno sacar del cargo
 a Gils Carbó mediante una decisión administrativa que excluya el
 juicio político, una tentación que Macri tiene desde hace meses.
Más aún luego de que la semana pasada el juez federal Julián Ercolini 
procesó a Gils Carbópor el presunto delito de administración 
fraudulenta en la causa por la compra de un edificio para la Procur
ación, por el que se habrían pagado comisiones millonarias.
La idea de echar a Gils Carbó por decreto, que había sido admitida 
por el oficialismo meses atrás, fue frenada por Elisa Carrió, quien
 justamente se valía del argumento de que el mecanismo constitu
cional de remoción es el juicio político. Antes, la dirigente de la CC 
también había frenado en el Congreso ese proceso, cuando exigió
 también enjuiciar a Ricardo Lorenzetti.
Como sea, el procesamiento de la semana pasada había reavivado
 la presión del oficialismo contra Gils Carbó. Mientras los diputados 
empezaron a apurar la investigación y prometieron volver con el jui
cio político tras el recambio legislativo, desde el Poder Ejecutivo le 
exigieron a la legisladora que al menos pida licencia
Sin embargo, como explicó LPO, en el Gobierno preferirían la renuncia 
de Gils Carbó para evitar un proceso engorroso y en el que deberá
 hacer concesiones al peronismo, incluso hasta ofrecerle al reempla
zante.
La propia Gils Carbó entendió que si situación se complicó demasia
do y semanas atrás contrató como su abogado a León Arslanián, 
dueño de uno de los buffets de penalistas más costosos del país. El
 ex ministro tiene fluidos contratos con el peronismo y el radicalismo
 y se especula que su misión podría ser buscarle una salida decorosa.

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