Luego el enojo de la Iglesia Católica por la difusión de sus remunera
ciones, el legislador por la Provincia, Alejandro Echegaray, pidió
derogar los decretos de la dictadura que regulan los salarios. “El
Estado no debe pagar sueldos para que los obispos hagan caridad
sin rendir cuentas”.
ciones, el legislador por la Provincia, Alejandro Echegaray, pidió
derogar los decretos de la dictadura que regulan los salarios. “El
Estado no debe pagar sueldos para que los obispos hagan caridad
sin rendir cuentas”.
En medio de un clima de cierta tensión entre el Gobierno nacional y la
Iglesia, a raíz del impulso dado a la despenalización del aborto, un
diputado radical acaba de presentar un proyecto para dejar a los obis
pos sin sueldo.
El bonaerense Alejandro Echegaray propuso derogar los decretos que
establecen remuneraciones y pensiones para obispos, sacerdotes y
seminaristas de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, asegurando
que “el Estado no debe pagar sueldos para que los obispos hagan cari
dad sin rendir cuentas”.
El legislador consideró que “en un Estado laico, este aspecto debe
ser revisado”, luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informa
ra que el Estado nacional destinará este año 130 millones en sueldos
para la Iglesia Católica.
Echegaray sostuvo que “si bien el artículo 2 de nuestra Constitución
Nacional establece que el gobierno federal sostiene el culto católico
apostólico romano, esto ha sido entendido por la jurisprudencia de la
Corte Suprema de la Nación como una obligación de apoyo económico,
que no se trata necesariamente de sueldos”.
Y añadió: “Este apoyo económico se traduce en diversas formas:
exenciones impositivas, subsidios a establecimientos educativos,
mantenimiento de templos, así como cesiones de inmuebles fiscales
para fines determinados”.
En los fundamentos del proyecto, el legislador cita que las asignacio
nes dispuestas en concepto de remuneraciones, jubilaciones y pensio
nes a favor de distintos integrantes del clero católico se dispusieron
por cinco decretos leyes de la última dictadura militar, cuatro firmados
por Jorge Rafael Videla y el último por Reynaldo Bignone.
"El arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, dijo recientemente
que los 40 mil pesos los gasto en darle a los pobres”, recordó, explican
do que "si ese es el fin, debemos tener en cuenta que la administración
de recursos públicos con fines sociales debe estar a cargo del Ministe
rio de Desarrollo Social y demás reparticiones públicas pertinentes,
que no sólo tienen la responsabilidad de dicho cometido público, sino
además la obligación de rendir cuentas, obligación que no alcanza a
los clérigos beneficiarios de dichos estipendios”.
Iglesia, a raíz del impulso dado a la despenalización del aborto, un
diputado radical acaba de presentar un proyecto para dejar a los obis
pos sin sueldo.
El bonaerense Alejandro Echegaray propuso derogar los decretos que
establecen remuneraciones y pensiones para obispos, sacerdotes y
seminaristas de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, asegurando
que “el Estado no debe pagar sueldos para que los obispos hagan cari
dad sin rendir cuentas”.
El legislador consideró que “en un Estado laico, este aspecto debe
ser revisado”, luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informa
ra que el Estado nacional destinará este año 130 millones en sueldos
para la Iglesia Católica.
Echegaray sostuvo que “si bien el artículo 2 de nuestra Constitución
Nacional establece que el gobierno federal sostiene el culto católico
apostólico romano, esto ha sido entendido por la jurisprudencia de la
Corte Suprema de la Nación como una obligación de apoyo económico,
que no se trata necesariamente de sueldos”.
Y añadió: “Este apoyo económico se traduce en diversas formas:
exenciones impositivas, subsidios a establecimientos educativos,
mantenimiento de templos, así como cesiones de inmuebles fiscales
para fines determinados”.
En los fundamentos del proyecto, el legislador cita que las asignacio
nes dispuestas en concepto de remuneraciones, jubilaciones y pensio
nes a favor de distintos integrantes del clero católico se dispusieron
por cinco decretos leyes de la última dictadura militar, cuatro firmados
por Jorge Rafael Videla y el último por Reynaldo Bignone.
"El arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, dijo recientemente
que los 40 mil pesos los gasto en darle a los pobres”, recordó, explican
do que "si ese es el fin, debemos tener en cuenta que la administración
de recursos públicos con fines sociales debe estar a cargo del Ministe
rio de Desarrollo Social y demás reparticiones públicas pertinentes,
que no sólo tienen la responsabilidad de dicho cometido público, sino
además la obligación de rendir cuentas, obligación que no alcanza a
los clérigos beneficiarios de dichos estipendios”.
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