Cómo repercuten para el gobierno bonaerense la escalada del dólar,
las exorbitantes tasas de interés y las exigencias de ajuste fiscal que
impondrá el Fondo Monetario Internacional. Desde sectores privados
comienzan a advertir inconvenientes en las transacciones con el Estado.
las exorbitantes tasas de interés y las exigencias de ajuste fiscal que
impondrá el Fondo Monetario Internacional. Desde sectores privados
comienzan a advertir inconvenientes en las transacciones con el Estado.
El combo explosivo de la macroeconomía, con un dólar demasiado
volátil, tasas de
interés por las nubes y la inesperada y resistida vuelta a las negocia
ciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), centran la política
económica del gobierno de Mauricio Macri. Pero todo tiene una reper
cusión directa en las provincias, y el territorio bonaerense ya comienza
a sufrir las consecuencias de una economía que no logra es-tabilizarse,
acosada, además, por una inflación que no se detiene.
En el gobierno de María Eugenia Vidal intentan minimizar los efectos de
la crisis, pero la suba del dólar afecta a los cálculos presupuestarios
respecto de los servicios de la deuda pública provincial, igual que el
au-mento de las tasas de interés perjudica las salidas al mercado de las
letras bonaerenses. De todos modos, las consecuencias más severas
sobrevendrán tras el acuerdo con el FMI, y las exigencias innegociables
del organismo de crédito para soltar los dólares del nuevo blindaje. Y
desde organizaciones que nuclean a actividades privadas se asegura
que ya hay medidas que las perjudican.
Las últimas incursiones del Fondo Monetario Internacional en Argentina
fueron en los años 90, y en el período 2004-2005. Durante el gobierno de
Carlos Menem, el país accedió a programas Stand By (como el que se
negocia ahora) con metas a cumplir. Una de las condiciones clásicas del
FMI, puesta a todos los países, incluso a los que han tomado deuda
recientemente, es achicar el déficit fiscal, para lo cual se debe reducir
el gasto. Menem, para demostrar una mejoría en la posición fiscal,
transfirió la educación y la salud a las provincias; entonces, Nación
pudo exhibir equilibrio fiscal. Por entonces no se miraba con tanta
rigurosidad el gasto de las provincias.
La mirada hacia las administraciones descentralizadas por parte del
Fondo ya se notó en 2005, aunque allí el contexto era otro, y la lupa se
posó sobre las cuasimonedas, como el Patacón, que sostuvo financie
ramente a la caja bonaerense. Esa circunstancia cambió, y ahora
habría rigurosidad en la auditoría de las cuentas provinciales que hará
el organismo presidido por Christine Lagarde. Las exigencias a Na
ción se replicarán para los gobernadores.
Ajuste en el gasto público para morigerar el déficit será el punto de
partida para los responsables de los estados provinciales. En el caso
de Buenos Aires puede haber una implicancia directa en la obra públi
ca, que deberá agregarse al anuncio del Gobierno nacional de reducir
la inversión en ese rubro en 30.000 millones de pesos, que para el ca
so de los bonaerenses significaría un falta de obras proyectadas por
alrededor de 7.500 millones (no se conoce aún el número con exactitud).
Deberá sumársele la prohibición del FMI de recurrir al crecimiento en
infraestructura con Proyectos Públicos Privados (PPP), que requieren de endeudamiento por parte del Estado.
No sólo a quienes ocupan mano de obra con las construcciones estata
les perjudicará el acuerdo con el Fondo; otras actividades privadas rela
cionadas con la administración pública ya advierten consecuencias
directas. Desde la Federación Económica de la Provincia de Buenos
Aires (FEBA) se culpa a las negociaciones en Estados Unidos por la
prohibición de cambiar cheques y facturas certificadas en los bancos
(ver aparte), con lo cual muchas empresas sufrirán ahogos financieros
. En tanto, preocupa a la industria y al campo la promoción del libre co
mercio total que hace el FMI, con lo que podría subir el flujo de importa
ciones de productos que en sus países de origen están subsidiados.
La suba del dólar también empieza a ser un dolor de cabeza para los
gobernadores que deben afrontar pagos de la deuda. Para Buenos Aires,
la devaluación es un impacto cuyo costo asciende a medida que el
pe-so pierde valor frente a la moneda norteamericana, sobre todo por
que los principales vencimientos operan en el todavía lejano mes de
septiembre. Nadie se anima a dilucidar con precisión hoy a cuánto co
tizarán los billetes verdes cuando florezca la primavera.
“Es evidente que los servicios de la deuda empiezan a tener cada vez
más peso en el Presupuesto de la Provincia, que está en pesos. Por lo
tanto, eso te saca recursos para hacer otra cosa. Los servicios de la
deuda te encorsetan tu presupuesto porque te sacan recursos para
tener que aplicarlos a eso obligatoriamente”, aseguró la exministra de
Economía bonaerense Silvina Batakis.
Argentina se quedó sin flujo de dólares por los vencimientos extraordi
narios de Lebacs (una solución en su momento que ha mutado a proble
ma de dificilísima resolución); además se achican las formas de obtener
moneda extranjera para pagar el flujo financiero y el flujo de importacio
nes, que se calcula en 12 mil millones.
Pese a todo, funcionarios del gobierno de Vidal prefieren tener una
visión optimista del acuerdo con el Fondo, y esquivan hablar de las con
secuencias que la crisis tendría para la administración bonaerense. “No
sotros teníamos dos opciones. Una era la que venía, que íbamos a un
proceso de desabastecimiento, sin producción local, a ser Venezuela. Y
la otra, que era lo que nos pedía el mercado, era ha-cer un shock de ajus
te. Pero no podíamos hacerlo, no estaba el clima social ni político, y por
eso optamos por este gradualismo. Pero esto es nada más que un sobre
salto; hoy, Argentina tiene solvencia, que hace que esta crisis no
im-pacte”, aseguró a La Tecla un ministro.
Agregó que “nosotros (por el Gobierno nacional) tenemos que buscar
financiamiento externo para este gradualismo, y podemos hacerlo en
parte por la solvencia y la confianza. El otro gobierno no se endeudó
porque no podía, le daban tasas a 16 por ciento; nosotros conseguimos
Desde calle 6 aseveraron que “con la inercia que tomó la Provincia, el i
mpacto no se va a sentir. Hoy estamos funcionando bien, las obras que
están en marcha no van a bajarse, ni a perder ritmo. Lo que va
frenarse son las que están proyectadas, pero ni siquiera están en
proceso de licitación, son obras que nosotros queríamos empezar
a hacer”.
Insisten cerca de Vidal que, por ahora, se trata sólo de un “sobre
salto”, pese a que el combo explosivo en el cual se ha metido la
macroeconomía argentina trastocará de ma-nera directa e indirecta
las proyecciones provinciales. Desde la oposición, obviamente, son
menos optimistas, y remarcan que el acuerdo con el FMI tendrá un
impacto in-mensamente mayor que el que el Gobierno quiere trans
mitir. En la calle, la sensación se acerca mucho más a la visión opo
sitora, que ve al Fondo como un diablo desafiante e insensible.
Las situaciones que eran malas pasaron a ser dramáticas (por Silvina
Batakis)
El Presupuesto nacional tenía previsto un crecimiento de la actividad
económica dado por el aumento de las inversiones, que iban a
venir, la mayoría, por el proyecto de inversión público privada
(PPP), pero el Fondo Monetario ya dijo que ese sistema no se
puede aplicar, porque la obra pública es endeudamiento, y si es
endeudamiento, aumenta el déficit.
A la caída de los PPP debe sumarse que el Gobierno ya anunció
un recorte en la obra pública de 30.000 millones de pesos.
volátil, tasas de
interés por las nubes y la inesperada y resistida vuelta a las negocia
ciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), centran la política
económica del gobierno de Mauricio Macri. Pero todo tiene una reper
cusión directa en las provincias, y el territorio bonaerense ya comienza
a sufrir las consecuencias de una economía que no logra es-tabilizarse,
acosada, además, por una inflación que no se detiene.
En el gobierno de María Eugenia Vidal intentan minimizar los efectos de
la crisis, pero la suba del dólar afecta a los cálculos presupuestarios
respecto de los servicios de la deuda pública provincial, igual que el
au-mento de las tasas de interés perjudica las salidas al mercado de las
letras bonaerenses. De todos modos, las consecuencias más severas
sobrevendrán tras el acuerdo con el FMI, y las exigencias innegociables
del organismo de crédito para soltar los dólares del nuevo blindaje. Y
desde organizaciones que nuclean a actividades privadas se asegura
que ya hay medidas que las perjudican.
Las últimas incursiones del Fondo Monetario Internacional en Argentina
fueron en los años 90, y en el período 2004-2005. Durante el gobierno de
Carlos Menem, el país accedió a programas Stand By (como el que se
negocia ahora) con metas a cumplir. Una de las condiciones clásicas del
FMI, puesta a todos los países, incluso a los que han tomado deuda
recientemente, es achicar el déficit fiscal, para lo cual se debe reducir
el gasto. Menem, para demostrar una mejoría en la posición fiscal,
transfirió la educación y la salud a las provincias; entonces, Nación
pudo exhibir equilibrio fiscal. Por entonces no se miraba con tanta
rigurosidad el gasto de las provincias.
La mirada hacia las administraciones descentralizadas por parte del
Fondo ya se notó en 2005, aunque allí el contexto era otro, y la lupa se
posó sobre las cuasimonedas, como el Patacón, que sostuvo financie
ramente a la caja bonaerense. Esa circunstancia cambió, y ahora
habría rigurosidad en la auditoría de las cuentas provinciales que hará
el organismo presidido por Christine Lagarde. Las exigencias a Na
ción se replicarán para los gobernadores.
Ajuste en el gasto público para morigerar el déficit será el punto de
partida para los responsables de los estados provinciales. En el caso
de Buenos Aires puede haber una implicancia directa en la obra públi
ca, que deberá agregarse al anuncio del Gobierno nacional de reducir
la inversión en ese rubro en 30.000 millones de pesos, que para el ca
so de los bonaerenses significaría un falta de obras proyectadas por
alrededor de 7.500 millones (no se conoce aún el número con exactitud).
Deberá sumársele la prohibición del FMI de recurrir al crecimiento en
infraestructura con Proyectos Públicos Privados (PPP), que requieren de endeudamiento por parte del Estado.
No sólo a quienes ocupan mano de obra con las construcciones estata
les perjudicará el acuerdo con el Fondo; otras actividades privadas rela
cionadas con la administración pública ya advierten consecuencias
directas. Desde la Federación Económica de la Provincia de Buenos
Aires (FEBA) se culpa a las negociaciones en Estados Unidos por la
prohibición de cambiar cheques y facturas certificadas en los bancos
(ver aparte), con lo cual muchas empresas sufrirán ahogos financieros
. En tanto, preocupa a la industria y al campo la promoción del libre co
mercio total que hace el FMI, con lo que podría subir el flujo de importa
ciones de productos que en sus países de origen están subsidiados.
La suba del dólar también empieza a ser un dolor de cabeza para los
gobernadores que deben afrontar pagos de la deuda. Para Buenos Aires,
la devaluación es un impacto cuyo costo asciende a medida que el
pe-so pierde valor frente a la moneda norteamericana, sobre todo por
que los principales vencimientos operan en el todavía lejano mes de
septiembre. Nadie se anima a dilucidar con precisión hoy a cuánto co
tizarán los billetes verdes cuando florezca la primavera.
“Es evidente que los servicios de la deuda empiezan a tener cada vez
más peso en el Presupuesto de la Provincia, que está en pesos. Por lo
tanto, eso te saca recursos para hacer otra cosa. Los servicios de la
deuda te encorsetan tu presupuesto porque te sacan recursos para
tener que aplicarlos a eso obligatoriamente”, aseguró la exministra de
Economía bonaerense Silvina Batakis.
Argentina se quedó sin flujo de dólares por los vencimientos extraordi
narios de Lebacs (una solución en su momento que ha mutado a proble
ma de dificilísima resolución); además se achican las formas de obtener
moneda extranjera para pagar el flujo financiero y el flujo de importacio
nes, que se calcula en 12 mil millones.
Pese a todo, funcionarios del gobierno de Vidal prefieren tener una
visión optimista del acuerdo con el Fondo, y esquivan hablar de las con
secuencias que la crisis tendría para la administración bonaerense. “No
sotros teníamos dos opciones. Una era la que venía, que íbamos a un
proceso de desabastecimiento, sin producción local, a ser Venezuela. Y
la otra, que era lo que nos pedía el mercado, era ha-cer un shock de ajus
te. Pero no podíamos hacerlo, no estaba el clima social ni político, y por
eso optamos por este gradualismo. Pero esto es nada más que un sobre
salto; hoy, Argentina tiene solvencia, que hace que esta crisis no
im-pacte”, aseguró a La Tecla un ministro.
Agregó que “nosotros (por el Gobierno nacional) tenemos que buscar
financiamiento externo para este gradualismo, y podemos hacerlo en
parte por la solvencia y la confianza. El otro gobierno no se endeudó
porque no podía, le daban tasas a 16 por ciento; nosotros conseguimos
Desde calle 6 aseveraron que “con la inercia que tomó la Provincia, el i
mpacto no se va a sentir. Hoy estamos funcionando bien, las obras que
están en marcha no van a bajarse, ni a perder ritmo. Lo que va
frenarse son las que están proyectadas, pero ni siquiera están en
proceso de licitación, son obras que nosotros queríamos empezar
a hacer”.
Insisten cerca de Vidal que, por ahora, se trata sólo de un “sobre
salto”, pese a que el combo explosivo en el cual se ha metido la
macroeconomía argentina trastocará de ma-nera directa e indirecta
las proyecciones provinciales. Desde la oposición, obviamente, son
menos optimistas, y remarcan que el acuerdo con el FMI tendrá un
impacto in-mensamente mayor que el que el Gobierno quiere trans
mitir. En la calle, la sensación se acerca mucho más a la visión opo
sitora, que ve al Fondo como un diablo desafiante e insensible.
Las situaciones que eran malas pasaron a ser dramáticas (por Silvina
Batakis)
El Presupuesto nacional tenía previsto un crecimiento de la actividad
económica dado por el aumento de las inversiones, que iban a
venir, la mayoría, por el proyecto de inversión público privada
(PPP), pero el Fondo Monetario ya dijo que ese sistema no se
puede aplicar, porque la obra pública es endeudamiento, y si es
endeudamiento, aumenta el déficit.
A la caída de los PPP debe sumarse que el Gobierno ya anunció
un recorte en la obra pública de 30.000 millones de pesos.
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