Lo peor no terminó: el agua y el gas están muy por debajo de la inflación

Por Carlos Belloni Todavía se ubican 53% y 37% por debajo del  IPC, a pesar de haber subido 560% y 371%  respectivamente.

Hace poco menos de dos años el tema de las tarifas también estaba 
en boca de todos los medios debido a los importantes aumentos 
propuestos por el gobierno. Si bien todos concuerdan con que el 
ajuste es algo lógico y necesario en una economía inflacionaria 
como la argentina, la discusión sobre cómo hacerlo y cuánto modi
ficar sus valores sigue generando un gran debate.

Si pensamos a los valores de las tarifas desde un punto de vista más 
estructural de la economía, un aspecto importante para determinar si 
los ajustes son pertinentes consiste en observar la evolución de los 
precios de las mismas desde 2002 hasta la actualidad y compararlos 
contra la evolución de los precios de la economía. Si bien esta mira
da no contempla la evolución de los costos de generación, transmi
sión, distribución y comercialización, brinda una perspectiva intere
sante de largo plazo.El gobierno sigue firme en su posición intentan
do acercar rápidamente el valor de las tarifas al verdadero costo real 
de los servicios. Detrás de esta idea no sólo está el objetivo de mejo
rar la capacidad de generación de energía del país sino también el de 
virar hacia una visión más federalista del costo de los servicios 
públicos y, por supuesto, la reducción del déficit fiscal ya que los 
subsidios económicos representan una gran proporción del déficit 
y su disminución contribuiría para alcanzar la nueva meta fiscal.

Tomemos, por ejemplo, el caso de la Ciudad de Buenos Aires donde 
los subsidios a las tarifas residenciales fueron los más importantes.
 En el caso de la tarifa de electricidad, ésta se mantuvo en línea con 
la inflación hasta el 2008, luego se congeló. Las tarifas de gas y agua, 
por su parte, se mantuvieron constantes por más de 10 años, inician
do los ajustes en 2013. En el año 2015 las tarifas registraban un atraso
 promedio del 80% respecto al índice de precios. A partir de entonces, 
con la llegada del nuevo gobierno el ajuste fue muy importante, 
especialmente en las tarifas de electricidad que se incrementaron
 en promedio un 1.000% y lograron superar al IPC. En el caso de 
agua y gas, el incremento también fue muy significativo (371% y 
560%, respectivamente) pero todavía se ubican un 53% y 37% por
 debajo del índice general de precios.

En el 2015 las tarifas 
registraban un atraso 
promedio del 80%. El 
principal desafío que 
enfrenta el gobierno 
es lograr que las
 tarifas sean atractivas
 para la inversión y a 
la vez aceptables para 
la sociedad, sin impactar significativamente en 
el salario real. 

La principal crítica del gobierno al proyecto de la oposición fue el impacto fiscal. El proyecto opositor proponía que las tarifas se retrotraigan a noviembre de 2017. Luego las tarifas residenciales se ajustarían en la misma medida que los hacen los salarios y las tarifas para las PyMEs lo harían en base a los precios mayoristas. Si bien la lógica del proyecto opositor era razonable, esto sería ideal en un contexto donde no haya subsidios importantes en los precios. En la situación actual, esta propuesta no permitiría el ajuste gradual de subsidios pretendido por el gobierno impidiendo así mejorar las cuentas fiscales y manteniendo inalterado el valor de las tarifas en términos reales.

Desde el Ministerio de Energía estimaban que la implementación de ese proyecto generaría un costo fiscal total de $170 mil millones en los próximos 2 años ($80 mil millones en 2018 y $90 mil millones en el 
próximo año). Según un informe del IARAF, el costo fiscal en 2018 de 
este proyecto sería del 0,7% del PBI, magnitud equivalente a la mitad 
del esfuerzo fiscal requerido para cumplir la nueva meta de déficit 
primario del 2,5% del PBI.