hechos entre 2008 y 2015.
La revelación de LPO sobre la polémica decisión del juez Claudio
Bonadio de acotar la causa de los cuadernos al período 2008-2015
(lo que deja afuera de la investigación a la familia Macri y a Techint)
desató un fuerte debate sobre la prescripción o no de los delitos
relatados por el chofer Oscar Centeno y admitidos por varios
"arrepentidos".
El inicio de la polémica fue la extraña decisión del magistrado de
difundir a través del CIJ un "resumen" de la causa, en el que sin
explicación alguna señala que la presunta asociación ilícita coman
dada por Néstor y Cristina Kirchner y Julio De Vido dedicada a pedir
sobornos a contratistas de obra pública actuó "entre los años
2008 y 2015".
Como explicó este medio, la elección de ese período en principio
dejaría afuera de la investigación parte del relato del chofer
Centeno y testimonios claves como los de Claudio Uberti, que
integró el gobierno hasta 2007. Ex titular del Órgano de Control
de Concesiones Viales (OCCOVI) y hombre clave por aquellos
años del equipo de De Vido, declaró ante el fiscal Carlos Stornelli
que desde la esfera más alta del poder estaban "al tanto" del
traslado de los bolsos con dinero.
Además, detalló con mucha precisión los sucesivos pagos de coimas
que realizó Techint a través de Luis Betnaza y también involucró en
el pago de sobornos al fallecido empresario José Relats, operador a
través de su hija del elegante Hotel Los Sauces del Calafate,
proyecto personal de la ex presidenta. Ambos hechos se produjeron
en el 2007, por lo que la decisión del juez dejaría fuera de esta
causa tanto a Betnaza como a Héctor Zabaleta, con la curiosidad
que ambos confesaron la veracidad de los hechos relatados.
Otro testimonio clave fue el de Carlos Wagner, el ex presidente de la
Cámara Argentina de la Construcción que mencionó a varias
empresas en el circuito de las coimas y por eso podría salpicar
incluso a la familia del Presidente. Habló de un sistema que empezó
en 2003 de mesas de cartelización y reparto de obra pública en
base al pago de coimas, del que ya en 2004 participaba Iecsa. En
ese entonces, la firma no estaba a nombre de Ángelo Calcaterra
sino de la familia Macri.
Se trata de al menos dos testimonios que podrían ser impactantes
para desentrañar el esquema de corrupción del kirchnerismo y de
los empresarios de obra pública, pero que ahora aparentemente
quedarían en la nebulosa por la decisión de acotar el período. Esto
siempre teniendo en cuenta la escasa información suministrada por
Bonadio, polémica sobre todo porque no se conoce la justificación
de porque se corta la investigación en 2008.
No hay comentarios:
Publicar un comentario