La aplicación de fitosanitarios en los campos de la provincia de Bue
nos Aires tiene sus duras secuelas, tanto para las sociedades linde
ras a las zonas productivas como para los consumidores. El caso de
Pergamino destapó una olla a presión. La política y una deuda de la
democracia.
nos Aires tiene sus duras secuelas, tanto para las sociedades linde
ras a las zonas productivas como para los consumidores. El caso de
Pergamino destapó una olla a presión. La política y una deuda de la
democracia.
xicos en las proximidades de la escuela y en pleno horario escolar.
En una de esas ocasiones el producto utilizado fue 2,4-D, y me volví
a mi casa con una parestesia facial y con una insuficiencia respirato
ria. Somos muchas las docentes rurales que padecemos esta misma
realidad, las fumigaciones nos atravesaron la vida y en muchos
casos se llevaron por delante nuestra salud”, escribió la docente
Ana Zabaloy para denunciar, hace algunos años, la trama de aplica
ciones desmedidas de fitosanitarios.
Zabaloy, falleció en junio de este año como causa de un cáncer con
el que luchó durante mucho tiempo. La docente creadora de la Red
Federal de Docentes por la Vida se había convertido en una de las
caras visibles de la lucha contra la fumigación desmedida. Su caso,
en San Antonio de Areco, acabó por impulsar la normativa local para
poner un freno a las fumigaciones, que ya lleva cuatro años vigentes.
Como ocurrió con Zabaloy, son varios las situaciones que proliferan
a lo largo de la patria agroproductiva, con principal foco en la zona
norte de la Provincia. Los denominados pagos “sojeros” de la Segun
da y Cuarta Sección, dan cuentan de denuncias de vecinos por el uso
de fitosanitarios.
En las últimas semanas, la Corte Suprema de Justicia dio cuenta de la
contaminación en Pergamino, comuna conducida por el macrista
Javier Martínez. Solamente en dos manzanas, se detectaron 53 casos
de cáncer en Pergamino. En definitiva, se prohibió el uso de glifosato
en varias zonas por afectar duramente la vida de los pergaminenses.
Desde pérdida de embarazos hasta diagnósticos de cáncer se dieron
en la región donde se confirmaron la presencia de diez agrotóxicos
diferentes en el agua potable. Claro está, la Justicia determinó que no
es apta para el consumo humano. Como respuesta, el jefe comunal
Martínez chicaneó: “yo tomo agua de la canilla”.
La situación tomó tal trascendencia mediática que, por ejemplo, el
conductor televisivo Marcelo Tinelli, lanzó una postura en redes socia
les con fuertes críticas a las fumigaciones. “El glifosato está prohibido
en 74 países. Acá en Argentina siguen fumigando a personas, escue
las, y a los alimentos que comemos. ¿No vamos a hacer nada?”, sos
tuvo en su Twitter.
Claro, el impacto que generaron las denuncias en la patria sojera, y la
posterior resolución judicial que avaló las sospechas de los vecinos
de Pergamino, derivó en una serie de sospechas en distritos aledaños.
Trenque Lauquen, Chivilcoy, Bragado, y Alberti son algunas de las co
munas que ponen la mirada sobre la aplicación de fitosanitarios y la
potabilidad del agua.
Por ejemplo, el relevamiento realizado por los Vecinos Autoconvoca
dos en los últimos días en el Barrio Centenario en Trenque Lauquen,
arrojó números terroríficos: “87 casas, donde viven 4 bebes con mal
formaciones; 6 madres que perdieron su embarazo, 3 de ellas joven
citas; 14 vecinos que hoy, en unas pocas cuadras a la redonda, tienen
cáncer, y otros 14 que han fallecido en los últimos 10 años. Tres perso
nas nos expresaron que un familiar tenía Lupus”. En dicha región, las
fumigaciones ocurren hasta a
Al igual que ocurrió en San Antonio de Areco hace varios años ya, y
como pasa por estos días en Pergamino, la luz de alerta la pusieron
los propios vecinos organizados ante la falta de una respuesta política.
La ¿solución? política
“Si no sos parte de la solución, sos parte del problema”, un viejo pro
verbio chino que a lo largo de la historia fue adjudicado a una gran
cantidad de figuras públicas, como el soviético Lenin, puede marcar
con claridad la realidad que atraviesa en la actualidad a la situación
de los fitosanitarios en la provincia de Buenos Aires. Es que, con el
una legislación para la aplicación de agrotóxicos en lo que es otra de
las deudas de la democracia.
La problemática no es novedosa, al contrario. Desde hace varios años
ya, el glifosato, por caso, pasó a ser la estrella de los agroquímicos
en los campos argentinos y su aplicación desmedida trae consecuen
cias fatales para la sociedad. Vale recordar el emblemático caso de Per
gamino, con vecinos afectados de cáncer en unas escasas cuadras de
distancia.
En ese sentido, el ministerio de Agroindustria bonaerense que condu
ce Leonardo Sarquis ensayó una resolución, sin consenso legislativo,
pero debió dar marcha atrás ante la presión judicial. Conforme lo de
tallado en su momento, a finales de 2018, desde la cartera se buscó
generar una alternativa mientras diputados y senadores avanzan en
consensos para legislar sobre la aplicación de fitosanitarios. Lo cier
to es que, en los cajones de la Legislatura ni siquiera duerme un pro
yecto de Ley relacionado a la problemática.
La resolución oficial fue dejada sin efecto una vez que la abogada
Florencia Casamiquela, en representación de escuelas rurales de
Chivilcoy, presentó un amparo por la fumigación cerca de zonas
urbanas y establecimientos educativos. Dicho punto es el que pre
senta el mayor de los conflictos a la hora de avanzar en una solu
ción a la aplicación de fitosanitarios. Es que, desde sectores pro
ductores buscan libertad plena a la hora de aplicar herbicidas so
bre las plantaciones. Incluso, una vez que la Provincia dio marcha
atrás con la resolución que permitía fumigar cerca de zonas urba
nas y escuelas, desde la Confederación de Asociaciones Rurales
de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), pusieron el grito en el cielo
y reclamaron “que tomen el toro por las astas”. Claro, la medi
a firmada por Sarquis que quedó sin efecto era a gusto de los pro
ductores.
Con dicho panorama, Casamiquela remarcó a LaTecla.info que para
evitar situaciones donde corra riesgo la vida de los bonaerenses
“tiene que existir por lo menos en una primera instancia mecanis
mos de compensación desde lo administrativo y también el estímu
lo de llevar adelante otro modo de producción”. De esa manera, re
marcó que “es rentable” avanzar en un modo productivo que no
abuse de fitosanitarios.
“El agro negocio se encargó de generar esta dependencia (a los
fitosanitarios) donde pareciera que no hay lugar para hacerlo de
modo más saludable, tanto para el que produce y para el que co
me los alimentos”, subrayó la abogada y candidata a diputada
bonaerense de Consenso Federal por la Cuarta Sección. Así,
sostuvo que con políticas públicas se puede avanzar en un con
trol. Actualmente, “el contralor está en manos de los municipios,
delegando el poder de policía y no tienen el poder suficiente pa
ra hacerlo”.
Uno de los casos testigos de la Provincia es el de San Antonio de
Areco, que junto con Bolívar, se convirtieron en los primeros dis
tritos en generar ordenanzas que regularicen la aplicación. “Hace
4 años que esta prohibida la fumigación aérea y no hemos tenido
ningún problema con eso. Siempre hay puja de intereses con pro
ductores y no son todos iguales. Quienes más reaccionaron fue
ron los grandes, pero hoy convivimos con eso y nadie dejó de pro
ducir”, lanzó a este medio, el intendente Francisco Durañona.
En ese marco, sostuvo que “si de verdad queremos promover el
arraigo, hay que regular el uso del suelo para el hábitat y la pro
ducción, regular la aplicación de agroquímicos con sus límites y
prohibiciones, garantizar cinturones y zonas verdes para la agri
cultura familiar natural, y garantizar propiedad de los predios a
los pequeños y medianos productores familiares”.
En tanto, después de la marcha atrás de Agroindustria, y en el con
texto de un año en clave electoral, la cartera que conduce Sarquis
direccionó su trabajo en materia preventiva y fiscalizadora. De esa
manera, al tiempo que destacan que quienes deben llevar las rien
das son los gobiernos municipales, detallaron que se realizaron
211 cursos de capacitación a operarios y se entregaron más de
7 mil carnets habilitantes, además de unas 500 fiscalizaciones.
Asimismo, en el equipo provincial destacan la creación de un la
boratorio para controlar la plaga de “tucuras”, que deriva en la
disminución del uso de agroquímicos.
En definitiva, la aplicación a fitosanitarios no cuenta con una le
gislación provincial y los distritos están a la suerte de las políti
cas que puedan –o quieran – impulsar. Mientras, los productores
aprovechan el vacío legal para continuar con la utilización des
medida en detrimento de los vecinos.
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