El Gobierno dio un paso para quitarle las escuchas judiciales a la Corte

Rechazó en la bicameral dos decretos de Macri que las transfería 
desde la procuración, que los volvería a tenerlas a su cargo. La 
oposición se fue a los gritos por considerar ilegal el procedimiento.

La bicameral de trámite legislativo rechazó este martes dos decretos 
de Mauricio Macri que transfirieron a la Corte Suprema la dirección 
de escuchas judiciales, hasta entonces a cargo la procuración general.

Si la decisión se repite en ambas cámaras del Congreso quedarían 
anulados y la intercepción de llamadas volvería a la órbita del Minis
terio Público Fiscal que controla Eduardo Casal en forma interina 
desde 2017, cuando renunció Alejandra Gils Carbó.

Alberto Fernández propuso a Daniel Rafecas y confía en los votos de
 un sector de la UCR para aprobar el pliego en el Senado, pero por 
ahora no se trató. La pandemia estiró la negociación.

La reunión de la bicameral, por teleconferencia, tuvo un nuevo escán
dalo de gritos y golpes de mesa, esta vez por el rechazo de la oposi
ción a tratar estos dos decretos de Macri aún cuando ya habían sido
 dictaminados.Exclusivo: detalles de la denuncia a la AFI de Macri por espionaje ilegal a Monzó y Massot 

"La caducidad es para las comisiones permanentes, no para las bica
merales. La ley es clara: hay 10 días para tratarlos y después de ese 
tiempo pueden considerarlo cada Cámara", sostuvo el diputado del 
PRO Pablo Tonelli.

Su compañero de bloque Omar de Marchi recordó que en la última reu
nión de comisión su presidente, el diputado oficialista Marcos Cleri,
 había propuesto tres paquetes temáticos de decretos para tratar, to
dos firmados por Alberto Fernández.

Pero el viernes cambió las reglas del juego y llamó a la comisión con 
dos DNUs de Macri en el temario, una decisión sin antecedentes. 
"Tenemos la oportunidad de fijar posición el mismo día en que hubo
 una denuncia penal por espionaje ilegal, que involucra a mi persona"
, justificó Cleri. 

Los decretos eliminados transferían a la Corte las
 escuchas judiciales y se la adjudicaban a dos ca
maristas penales. Cambiemos dicen que ya habían
 sido tratados en la comisión y denunciaron un 
pacto de impunidad. 

El rosarino apareció en la lista de correos electrónicos de dirigentes 
espiados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el ante
rior Gobierno, según una denuncia de su interventora, Cristina Caama
ño, que también menciona a ex oficialistas perseguidos. Consideró, 
además, que los decretos fueron ilegítimos por tratarse de una materia
 vedada como la penal, que junto a la electoral y la tributaria no pueden
 modificarse por decreto.

Su intervención ocasionó una sucesión de gritos entre los legisladores
 conectados que comenzó a hacerse costumbre en tiempos de telecon
ferencia. "¡Quieren definir todo de facto! ¡Quieren la impunidad como 
ya sucedió con Gils Cargó!", reclamó De Marchi.

El diputado radical Gustavo Menna insistía en que no eran temas ve
dados si en la misma comisión se debatía otro decreto sobre la inter
vención de la AFI dispuesta por Fernández. "Están armando esto para
 garantizar la impunidad", dijo sin levantar la voz el diputado radical 
Luis Petri. 

"¿Que son estos discursos de barricada? Ponga orden presidente", 
reclamó la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti. Cleri no per
dió la calma y le dio la palabra a la senadora radical Silvia Giacoppo, 
que anunció que se desconectaba. Pronto le siguieron sus pares de 
Cambiemos y la teleconferencia siguió sólo con oficialistas.

Los polémicos DNU son el 252 de 2015, que transfirió el sistema de es
cuchas judiciales a la Corte; y el 102 de febrero de 2017, que garantiza
 por 3 años a los jueces a cargo de llevarlas a cabo a partir de una acor
dada del máximo tribunal. Eran el presidente de la Cámara Nacional de
 Apelaciones en lo Criminal Correccional Federal, Martin Irurzun; y el 
de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, doctor
 Javier María Leal de Ibarra, a quienes Cristina Kirchner responsabiliza
 por las filtración de sus diálogos telefónicos. 

En ese entonces los decretos tuvieron dictamen favorable por el aval 
de un sector del peronismo cercano a los gobernadores, que dominaba
 el recinto del Senado y garantizaba la mayoría en Diputados. Nunca 
fueron tratados en ningún recinto y por lo tanto pudieron aplicarse. 

El diputado santacruceño Pablo González consideró que son inconstitu
cionales porque infiere en el procedimiento penal y el derecho penal es
 un todo".  Y defendió que las escuchas vuelvan a estar en el Ministerio
 Público. "Dicen que no puede ser juez y parte y no es cierto, porque las
 escuchas las pide un juez no un fiscal. Estos decretos fueron para qui
arle las escuchas a Gils Carbó. La escapada de la oposición tiene que 
ver con no revisar la historia", insistió.

En soledad, el oficialismo aprobó también el decreto 52 de 2019, que 
dispuso la Intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por
 el plazo de 180 días. También aprobó el 487/20, que prorroga la prohibi
ción de efectuar despidos; el 488/20 que establece un precio para la fac
turación de entregas de petróleo crudo en el mercado local; y los 391 y
 404, sobre la oferta de restructuración de deuda a los bonistas, que to
davía está en negociación. No tuvieron voces en contra.