Así lo dictaminó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en el marco
de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la
renegociación de contratos por peajes con el Estado nacional durante
el gobierno de Mauricio Macri.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral citó a indagatoria a los exmi
nistros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Guillermo Dietrich (Transporte)
en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la
renegociación de contratos por peajes con el Estado nacional duran
te el gobierno de Mauricio Macri.
El magistrado también dispuso la convocatoria a declarar en calidad
de imputados al exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y
del extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, según informaron
fuentes judiciales.
En la causa, se investiga si funcionarios del gobierno de Mauricio Ma
cri cometieron defraudación al Estado y negociaciones incompatibles
con la función pública al prorrogar los contratos de concesión pese
a que las firmas Autopistas del Sol (AUSOL) y Grupo Concesionario
Oeste no habían cumplido con sus obligaciones y reclamaban deudas
millonarias.
“Se investiga las maniobras defraudatorias y actos en violación a las
leyes vigentes que resultaron gravemente lesivas para las arcas del
Estado, llevados a cabo por los funcionarios públicos, en connviven
cia dolosa con particulares, que intervinieron en las negociaciones y
procedimientos de renegociación Integral del Contrato de Concesión
del Acceso Norte de la C.A.B.A”, señaló el juez Canicoba Corral en la
resolución a la que accedió Télam.
En el mismo expediente se analiza un contrato de concesión del
Acceso Oeste firmado durante del gobierno de Cambiemos, según
surge del documento.
En ambos casos, los hechos denunciados se iniciaron “formalmen
te” con una resolución de la Dirección de Vialidad Nacional durante
la gestión de Iguacel en 2016 y culminaron con la firma de un decre
to del Poder Ejecutivo Nacional en 2018.
Las indagatorias, que también alcanzan al exjefe de Asuntos Jurídi
cos de Vialidad Nacional Ricardo Stoddart y el presidente ejecutivo
de Ausol Andres Barberis, se realizarán por videoconferencia en fe
chas a confirmar a raíz de las medidas dispuestas para evitar la pro
pagación del coronavirus.
A todos los citados a indagatorias se les impuso, además, la prohi
bición de salir del país.
La causa se inició con una denuncia presentada por los diputados
kirchneristas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau quienes relata
ron que para concretar la negociación irregular se montó un esce
nario que incluyó dos reclamos de la empresa española Abertis (vin
culada con Ausol) ante el tribunal de arbitraje internacional CIADI
exigiendo valores millonarios en dólares por atrasos tarifarios.
La denuncia ante el CIADI fue presentada días antes de que Macri
asumiera la presidencia de la Nación en 2015 y retirada años des
pués, sin mayor trámite, cuando el gobierno de aquel entonces
acordó extender las concesiones a Ausol y a Grupo Concesionario
Oeste hasta el 2030, lo que implicó reconocerle a la primera de las
firmas una supuesta de deuda de 500 millones de dólares por par
te del Estado.
La relación del expresidente Macri con Ausol fue formalmente reco
nocida cunado la exvicepresidenta Gabriela Michcetti debió firmar
el decreto de la prórroga de la concesión, para evitar eventuales
conflictos de interés, por recomendación de la entonces jefa de la
Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.
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