¿Cuál es la reforma que quieren y cuáles sus verdaderos objetivos?

Por Margarita Stolbizer (*)

No empezó bien el camino de la reforma judicial promovida
 por el Gobierno y no es posible augurarle un mejor destino:
 el vicio de origen es la falta de un diagnóstico adecuado,
 completo y consensuado.

Cualquier reforma estructural como ésta requiere de acuer
dos amplios, diversos y sostenibles.

La conformación del Consejo Consultivo y sus ausencias
 deslegitimará su tarea, no tanto por los evidentes conflic
tos de intereses de algunos de sus miembros, sino más
bien por las ausencias en esa integración.

Una primera observación es que el Presidente constituye
l grupo en el mismo momento en que anuncia y eleva al
Congreso un proyecto de reforma que debió ser el resulta
do de la tarea.

Dijo: "vamos a terminar con la intromisión del poder políti
co sobre el judicial". Y se trata de un flagrante acto de
intromisión, no solo, - como veremos más adelante- por
 la decisión de evaluar el funcionamiento de un poder des
de el otro poder.

El principal déficil de esta iniciativa es su falta de consen
so. Sin duda, debió haberse convocado a los representan
tes de los diversos estamentos del poder judicial (jueces,
fiscales, defensores), así como empleados, abogados,
 colegios profesionales, facultades y academias de dere
cho, para que, junto con los nominados por la confianza
 de los titulares del poder ejecutivo, establecieran, ante
 todo, un diagnóstico preciso sobre los inconvenientes
que tiene el funcionamiento del sistema judicial.

De ese modo, la fijación de metas y objetivos, mediante
 acuerdos amplios, hubieran dado una base más sólida
para poder avanzar en lo que se pretende lograr. Pero
claro, ahí podría estar la divergencia más importante: en
 lo que cada cual pretende como sentido mismo de la re
forma.

Y si estos objetivos no resultan explícitos de la manifes
tación de las voluntades y sobre todo, producto de los
 acuerdos, se abren las sospechas sobre qué es lo que
se busca.

No parece que el hombre y la mujer del común, yendo a
los tribunales para procurar el reconocimiento de un de
recho, hayan sido tenidos en cuenta para esta reforma.
Están ausentes del fuero hacia donde se está apuntando.

Esas personas no tramitan sus conflictos en el fuero pe
nal federal en el que se radican las causas del poder polí
tico y económico: el narcotráfico y la corrupción.

Para poder desentrañar más profundamente el verdadero
 objetivo de la reforma de Alberto Fernández no hay más
que ir a su mensaje firmado con la elevación del proyecto.

Ha dicho el Presidente: "A partir del 10 de diciembre de
 2015 la mirada respecto de la justicia fue muy distinta y
 las reformas encaradas significaron un retroceso signifi
cativo en materia de transparencia en la actividad de inte
ligencia.

Por otra parte, organismos técnicos como la Unidad de
 Información Financiera y la Oficina anticorrupción privile
giaron el impulso de las causas penales en contra de opo
sitores y opositoras al gobierno, obteniendo así que, en
muchos casos, se dispusieran graves medidas cautelares,
 personales y reales, en violación de los principios de ino
cencia y de defensa en juicio...".

Mis observaciones a este párrafo que fija una posición
extremadamente peligrosa para las instituciones de la
república: la crítica al funcionamiento de la actividad de
 inteligencia del estado es, por lo menos, inoportuna.

Se trata de acciones y conductas convalidadas desde el
 poder desde mucho antes de la fecha en que pretende
Fernández.

Pero, además, fue precisamente el gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner el que impulsó la transformación
 de la SIDE en la actual AFI para que solo le cambiara el
nombre y nada en su estructura ni en sus prácticas.

No se aceptó avanzar en los temas más sensibles de la
 inteligencia en Argentina: qué información se maneja,
para quién, y los fondos reservados que se manejan.

Se ha hecho una calificación sobre las causas judiciales
que tiene, al menos un error grosero de apreciación: no
 eran políticos/as opositores/as, sino ex funcionarios im
putados/procesados por delitos de corrupción.

En lo personal tengo para acotar que la causa Hotesur
-de la que soy denunciante-, fue iniciada cuando aún eran
 oficialistas.

La posición fijada por el Presidente lo pone en una viola
ción constitucional severa, ya que el art.109 de la Carta
Magna le impide de manera absoluta inmiscuirse en com
petencias propias del poder judicial, en causas que se
 encuentran en trámite.

"En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer
funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de cau
sas pendientes o restablecer las fenecidas".

La consideración acerca de que las referidas causas ha
brían violado los principios de inocencia y defensa en
juicio, afecta severamente el sistema de división de po
deres e implica un claro abuso de poder por parte del
primer mandatario de la Nación.

Al decir del Dr. Miguel Ortiz Pellegrini en un artículo
reciente, "El fundamento suena como un alegato de un
 buen abogado en un juicio penal, solicitando la nulidad
de un procedimiento viciado.".

Eso es arrogarse el conocimiento de causas pendientes,
 con el agravante que, desde ese lugar, pretende además
 señalar a los jueces lo que se debe hacer.

En conclusión, la reforma que pretenden los titulares del
gobierno excede ampliamente la letra del proyecto enviado.

Sin duda, vienen por más, porque buscan redimir a aque
llos que cometieron delitos contra la administración pú
blica (corrupción) y cuyos procesos y condenas se
encuentran pendientes. Crearán cientos de cargos, mo
verán muchos magistrados y disciplinarán a tantos más.
Es demasiado pesado lo que tienen encima como para
pensar que solo con este proyecto de ley les sería sufi
ciente.

Habrá que poner aún más atención a lo que viene.

 

(*) Presidenta Partido GEN.

BUENOS AIRES, NA