El peronismo se abroquela en defensa de Alberto y la democracia

 

Por Nicolás Lantos  Los golpes de Estado son una realidad en América Latina este siglo y van siempre en el mismo sentido. Un 17 de octubre para blindar al Presidente. Si en la Argentina hubiera un golpe de Estado exitoso contra el gobierno peronista, los diarios del día siguiente hablarían de transición, de unidad y de preservar las instituciones.

La mayoría de los canales de noticias y de las radios consagradas le  darían voz solamente a los conspiradores y callarían las denuncias  sobre la violencia y la ilegalidad de los acontecimientos. La oposición  política no quebraría lanzas para defender la democracia. Los gobiernos  de la región, como Brasil y Bolivia, no tardarían en reconocer la legitimi dad de las autoridades de facto. Estados Unidos tampoco. Si todo llega a consumarse, revertirlo será una tarea imposible. De ahí la urgencia,  más actual que en ningún otro momento desde la década del ‘80, de  que todos aquellos que estén comprometidos con el estado de Dere cho, políticos, sindicalistas, empresarios y referentes de la sociedad  civil, medios y comunicadores, de todos los colores políticos, dejen  de lado cualquier diferencia para trazar una línea y renovar el compro miso del Nunca Más. Es un escenario todavía lejano, a solo nueve meses de las elecciones  que Alberto Fernández ganó con holgada mayoría, con una gestión  que a pesar de la doble crisis de la economía y el coronavirus consi gue sostener una tensa calma social, con algunos números que invitan  a pensar en una incipiente recuperación y con el apoyo de las dos cá maras del Congreso, las centrales obreras y una enorme mayoría de  los gobernadores. También es cierto que la sociedad argentina ha tra mitado su vínculo con la dictadura de forma más madura que sus veci nos, con un compromiso por los derechos humanos que es ejemplar  en todo el mundo y la resistencia a un intento golpista, al parecer,  aún es muy fuerte en la sociedad, incluso entre sectores netamente opo sitores. Sin embargo, dar por sentada la estabilidad institucional es un  error que puede salir caro: tanto Evo Morales en Bolivia, como Dilma  Rousseff en Brasil, víctimas de sendos golpes de Estado, reconocieron  luego que habían subestimado el riesgo. Los casos de Morales y de Rousseff no fueron hechos excepcionales  en la historia latinoamericana del siglo XXI. Una vez que la región, de la  mano de Lula Da Silva, Néstor Kirchner y Hugo Chávez, comenzó a  alejarse del consenso de Washington, comenzaron los intentos de de sestabilización, con métodos diversos. En los últimos 18 años, la región  pasó por ocho golpes de Estado: prácticamente uno cada dos años.  En 2002, un golpe cívico-militar logró destituir a Chávez por 48 horas,  antes de ser sofocado. En 2004, el presidente de Haiti Jean-Bertrand  Aristide tuvo que dimitir después de un ultimátum del ejército. En 2009  la Corte Suprema depuso de forma ilegal al hondureño Mel Zelaya. En  2008, Bolivia había sofocado un alzamiento paramilitar y en 2010 el ecua toriano Rafael Correa estuvo secuestrado por un motín policial durante  varias horas. En Bolivia como en Ecuador, el peligro fue desactivado gra cias a la crucial intervención de Unasur. A partir de entonces, los méto dos que adoptó la derecha se volvieron más sofisticados y efectivos. En 2012, el presidente paraguayo Fernando Lugo fue destituido tras un  juicio político express que duró menos de 48 horas y no cumplió con  las garantías mínimas para la defensa. La coalición que lo había llevado  al gobierno, amplia y heterogénea, estalló en el Parlamento, dejándolo  a tiro del golpe institucional. Algo parecido le sucedió a la brasileña Dil ma Rousseff, en 2016, cuando fue depuesta en un impeachment cons truido sobre una irregularidad administrativa. Ese día saltó al estrellato  un ignoto diputado y ex militar que dedicó su voto al torturador de  Rousseff durante la dictadura. Su nombre: Jair Bolsonaro. El golpe se  completó con la persecución y proscripción de Lula en las elecciones  que llevaron a ese diputado al poder, dos años más tarde. Así como  Paraguay puso a prueba el método que luego se perfeccionó en Brasil,  la elección fraudulenta de Bolsonaro sentó las condiciones para lo  que sucedió en Bolivia. Las piezas de un rompecabezas que va dejando  pocos huecos en el mapa regional. Luz amarilla. Con la Unasur desactivada, los mecanismos regionales para bloquear  intentos antidemocráticos quedaron en desuso. Por el contrario, el año  pasado en Bolivia vimos por primera vez a la OEA actuar como cabeza  de playa de la maniobra golpista, cuando su titular, el uruguayo Luis  Almagro, se apresuró a denunciar fraude en una elección que ahora  sabemos no tuvo irregularidades y donde Morales había triunfado lim piamente. La intervención directa de Estados Unidos en la región, que  también pudo apreciarse con el culebrón de Juan Guaidó en la trágica  Venezuela, no era tan desembozada desde la década del setenta. Por  supuesto, a diferencia de entonces, los golpes ahora se hacen en nom bre de la República y las instituciones. Por supuesto, al igual que enton ces, los medios de comunicación del establishment juegan un rol clave  para normalizar el discurso y la práctica de los conspiradores. Las redes  sociales y en particular las fake news, que distraen la atención de lo que  sucede realmente, completan un cuadro de situación delicado. Esta semana, tres hechos extraordinarios, que en condiciones norma les habrían acaparado la atención de la sociedad, fueron silenciados  por los principales medios. El martes, la Policía de la Ciudad de Buenos  Aires reprimió a un grupo de enfermeras que se manifestaba pacífica mente frente a la Legislatura. El miércoles, la Agencia Federal de Inte ligencia rebeló pruebas de que los familiares de la tripulación del sub marino ARA San Juan habían sido víctimas de espionaje ilegal duran te el gobierno de Mauricio Macri. El jueves, el juez Alejo Ramos Padilla  dio a conocer evidencia de otra red de espías ilegales montada durante  el gobierno de Juntos por el Cambio que tenía como objetivo a organiza ciones políticas, sociales y sindicales en plena campaña electoral de 2017.  La diferencia entre la abundante documentación probatoria de estas cau sas y la magra que se registra en las investigaciones contra funcionarios  de gobiernos peronistas en el marco del lawfare es evidente para cualquier  observador bienintencionado que se tome el trabajo de conocer los detalles.