Los impulsores de la iniciativa necesitan conseguir los dos tercios en
ambas cámaras para forzar la salida de los denunciados por su fallo
sobre las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.
El pedido de juicio político contra cuatro jueces de la Corte Suprema im
pulsado por un grupo de juristas encabezados los ex jueces Raúl
Zaffaroni y Lucila Larrandart y el abogado constitucionalista Eduardo Bar
cesat ingresó hoy por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados.
Así lo confirmó a NA el propio Barcesat, quien precisó que aún después
de presentado el pedido “se siguen sumando adhesiones” al texto.
El documento, de ocho páginas, cuestiona el fallo del alto tribunal ante
el reclamo del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por
las clases presenciales en la Capital Federal.
Según la denuncia, la Corte se extralimitó al fallar como lo hizo, prescin
diendo –además- de la opinión consultiva de expertos sanitaristas,
epidemiólogos o incluso del propio Cuerpo Médico Forense, que depen
de de la cabeza del Poder Judicial.
“Lo único que los jueces deben controlar es que la medida adoptada por
el Ejecutivo Nacional no sea irracional, o sea, que resulte conducente al
objetivo propuesto conforme al saber técnico disponible”, sostuvo el
escrito.
La Cámara de Diputados actúa como instancia acusadora y, en caso de
aprobarlo por una mayoría calificada de dos tercios de sus integrantes,
lo envía al Senado.
La Cámara alta, en esa instancia, actúa como una suerte de tribunal de
juicio.
Para resolver la destitución de un magistrado también necesita de los
dos tercios de los legisladores.
“Cualquier funcionario público que tomase una decisión en la emergen
cia, sin conocimientos científicos propios por su especialidad o, en caso
contrario, sin la debida asistencia de peritos, cuando los tuviese dispo
nibles en nivel técnico y en cantidad, es obvio que incurriría en una im
prudencia gravísima”, advirtió la denuncia.
Los jueces para los cuales el documento reclama la remoción son Carlos
Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
La causal de remoción, según el escrito, es la de “mal desempeño de sus
cargos y su posible participación en los delitos de homicidio, lesiones,
propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, violación de los de
beres de funcionario público y prevaricato”.
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