El juez federal subrogante de Dolores Martín Bava lo citó para este
jueves. El 29 de septiembre el magistrado había procesado a 2 fun
cionarios municipales por presunta negligencia o imprudencia en
el robo que provocó una defraudación de 2 millones de pesos.
El juez federal subrogante de Dolores Martín Bava citó a indagatoria para
el próximo jueves a Martín Yeza, intendente de Pinamar, en el marco de
una causa que investiga cómo se robaron “Tarjetas Alimentar” de la sede
de la municipalidad, revelaron a Infobae fuentes judiciales. El jefe comu
nal deberá explicar por qué no habría dictado medidas en el marco de su
cargo frente a esta causa.
A fines de julio, el Banco Provincia había intimado a Yeza a que devolviera
$ 2.050.990 por el escándalo generado con las Tarjetas Alimentar. En ese
momento, el intendente de Juntos por el Cambio insistió en que Ponce ya
había sido desplazada de su cargo y sostuvo que “estamos a disposición
de la justicia, como siempre”.
Hasta ahora, el caso de las Tarjetas Alimentar en Pinamar había apuntado
contra los ladrones de las tarjetas -la secretaria de una funcionaria- y los
que aparecían cobrando los beneficios. Sin embargo, ahora, el juez Bava
activó una segunda parte de esa investigación en búsqueda de responsabi
lidades políticas en esa presunta malversación de fondos del Estado.
El 29 de septiembre pasado, el juez procesó a dos funcionarios de Pinamar
por presunta negligencia o imprudencia frente a ese robo que provocó una
defraudación de 2 millones de pesos: el actual secretario de Desarrollo So
cial, Javier Tumas (44) y la ex directora de Gestión y Control Territorial, Nora Ponce (47).
Tumas está de licencia sin goce de sueldo desde que se conoció su proce
samiento. Ponce fue la denunciante de la causa por presuntas irregularida
des en el reparto de esta asistencia. La investigación derivó en allanamien
tos y detenciones porque se corroboró que se habían robado tarjetas y se
las habían dado a comerciantes amigos para “vaciarlas”.
El eje de la acusación era Andrea Ríos, de 52 años, la secretaria de Ponce
que -afirmó la acusación- se apoderó de al menos 55 Tarjetas Alimentar.
Cuando le tocó declarar, Ríos rechazó los cargos. Afirmó que “nunca tuvo
en su poder las tarjetas, que nunca las sacó de la oficina, que la tarjetas las
manejaba directamente ‘su jefa’, la Sra. Nora Ponce, quien las tenía en una
caja que ella (Ponce) llevaba y traía permanentemente”. Ríos esquivó las
imputaciones diciendo que en un momento dado “la caja con las tarjetas
(que tenía Ponce) quedaron debajo de la escalera ‘a disposición de cual
quiera’”.
La Justicia también procesó a José “Pepito” Fons, marido de Ríos, a Nico
lás Ambao, Carlos Fabián Rosas y Diego Borea. Todos fueron acusados
por defraudación en perjuicio de la administración pública y asociación ilí
cita, ya que fueron claves a la hora de usar las tarjetas “falsamente” en co
mercios a “través de múltiples operaciones”. Vía “Naranja Pos” registraron
un gasto de $ 592.000 y en “Terminal Posnet” se apropiaron de de
$1.500.000.
Pero cuando la causa parecía encaminarse hacia juicio oral, el juez Bava
activó la indagatoria de Tumas y Ponce, acusados de haber llevado adelan
te actos que, por acción o negligencia, permitieron que ese grupo de perso
nas se apoderara de dinero del Estado.
En el fallo al que accedió Infobae, Bava aseguró que Tumas, como secreta
rio de Desarrollo Social, “omitió realizar los deberes propio de su cargo y
omitió controlar adecuadamente a un dependiente que estaba bajo su
órbita jerárquica (Nora Ponce), quien tenía a su cargo la ejecución, imple
mentación y entrega de los plásticos de débito del programa Tarjetas Ali
mentar a sus beneficiarios”.
El fallo añadió que Ponce, mientras se desempeñó como Directora de Ges
tión y Control Territorial (diciembre 2019/febrero 2021), área que dependía
de Tumas, deliberadamente omitió realizar los deberes propio de su cargo
y deliberadamente omitió custodiar las “Tarjetas Alimentar” que debía
entregar a sus beneficiarios, permitiendo que terceras personas (entre ellas
Andrea Ríos) sustrajeran los efectos y caudales cuya administración y
custodia estaban confiadas en función de su cargo.
Qué declararon los funcionarios procesados
En su indagatoria, Ponce negó los hechos, explicó que “por pedido del
intendente administró y ejecutó la entrega de las tarjetas”, subrayó que
ella no se apropió de los fondos y que desconocía quién los tomó. Tam
bién resaltó que tuvo las tarjetas dentro de la esfera de su custodia per
sonal (las llevaba consigo a su casa) hasta que en octubre de 2020 sufrió
un robo (o intentos de robo) y decidió dejarlas en la Dirección, debajo de
una escalera, la que si bien estaba en un lugar “no visible” y era inacce
sible para el público, reconoció que estaba sin custodia y al alcance de
todos.
En noviembre una persona se presentó a reclamar su tarjeta y a raíz de
eso constató que varias de las tarjetas que estaban para entregar tenían
“irregularidades”: registraban consumos que no fueron hechos por sus
titulares. Fue por eso que se reportó la situación al Ministerio de Desa
rrollo Social de la Nación, al Banco Provincia y a la asesoría Letrada de
la Municipalidad, situación que derivó en la denuncia penal.
“La Sra. Ponce era la responsable del programa ‘Tarjetas Alimentar’ y
quien tenía a resguardo los plásticos, como también todos contestaron
que Tumas era quien debía vigilar y controlar esa gestión (y no lo hacía)”
, dijo el fallo. “No hay dudas en cuanto al alcance y deberes que pesaban
sobre la Sra. Ponce, como tampoco la obligación que asumió de custodiar
y resguardar las ‘Tarjetas Alimentar’ que recibió del Banco Provincia para
entregarlas a sus beneficiarios. Así las cosas, entiendo configurado un gra
ve y deliberado incumplimiento al deber de resguardo y custodia que pesa
ba sobre la Sra. Ponce en su rol de funcionaria pública a cargo de la Direc
ción de la DGDCT, pues -como se ha dicho- los consumos de saldos de las
tarjetas involucradas (al menos 55) fueron realizadas por parte de terceros
(y no por parte de sus titulares) cuando ellas estaban en la esfera de cus
todia”, indicó el juez en su resolución.
Lo mismo corrió para Tumas que, “en su rol de funcionario público a cargo
de la Secretaría de Desarrollo Social”, dijo el fallo, “no efectuó las verifica
ciones ni controles que debía realizar sobre la gestión y desarrollo del pro
grama ‘Tarjeta Alimentar’, como tampoco arbitró las diligencias necesarias
para verificar si estaban debidamente resguardadas las tarjetas plásticas
que Ponce tenía en custodia” y remarcó que ninguno de los dos fue dili
gente “para cuidar los bienes que les confirieron en custodia, además que
tampoco velaron por su debido resguardo”.
“No puedo dejar de lado que ninguno de los dos acudió a las vías jerárqui
cas para dar cuenta de las irregularidades que conocieron en su momento”,
afirmó Bava. El juez consideró que Tumas denunció la irregularidad 3 me
ses después de conocido el hecho y “solo a raíz de la exposición pública
que tuvo el allanamiento que realizó la Justicia Local”, en tanto que “Ponce
no informó adecuadamente a su superior jerárquico las irregularidades,
dando cuenta de que sólo transmitió las novedades al Asesor Letrado del
Municipio descartándose que se haya tomado alguna acción administrati
va en ese momento”, señaló el procesamiento.
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