Son acusados de arrojar al mar a cuatro detenidos ilegales que aún es
taban con vida durante la dictadura.
El fiscal federal Marcelo García Berro pidió la pena de prisión perpetua
para cuatro acusados por delitos de lesa humanidad durante la última
dictadura en los denominados “vuelos de la muerte”, en los que fueron
arrojados al mar cuatro detenidos ilegales que aún estaban con vida.
El fiscal pidió la condena máxima que contempla el Código Penal para
el ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Rive
ros; el ex comandante del batallón Luis del Valle Arce; su segundo,
Delsis Ángel Malacalza, y el ex oficial de operaciones Eduardo María
Lance.
A los cuatro les imputó la responsabilidad por el secuestro, aplicación
de torturas en el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido co
mo “El Campito” y la muerte de Rosa Eugenia Novillo Corvalán, Rober
to Ramón Arancibia, Adrián Enrique Accrescimbeni y Juan Carlos
Rosace.
El fiscal pidió que a los imputados, todos ex integrantes del Batallón de
Aviación 601, se les revoquen las prisiones domiciliarias y sean aloja
dos en cárceles comunes, dependientes del Servicio Penitenciario Fe
deral.
La fiscalía ante el Tribunal Oral Federal número dos de San Martín tuvo
por probado que entre 1976 y 1977 se realizaron “vuelos de la muerte”
que partieron desde Campo de Mayo con presos políticos vivos, que fue
ron arrojados al mar o al Río de la Plata.
Todos fueron acusados por los delitos de “privación ilegal de la libertad
agravada por mediar violencia o amenazas, imposición de tormentos
agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos
en forma reiterada, homicidio doblemente agravado por su comisión
con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”.
Para la fiscalía, todos “tuvieron condominio en los hechos, que puede ad
vertirse en la división de trabajo, esto es, la distribución de los aportes
necesarios para la consumación en función del plan trazado”.
“El aporte de cada uno de los acusados resulta imprescindible para que la
cadena de delitos pudiera cometerse”, añadió.
El fiscal también pidió que el Tribunal le pida al diario Clarín la rectifica
ción de una información errónea publicada en 1977 sobre las víctimas y
las circunstancias que rodearon a los episodios que padecieron, “como
un acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de memoria”
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