El primero de enero por la mañana, Alberto Fernández marcó

 la agenda política de enero al comunicar la decisión de avanzar

en el juicio político sobre la Corte Suprema. Trece días después 

ese anuncio se convirtió en un proyecto presentado formalmente 

por diputados del bloque del Frente de Todos (FdT) y que el Po

der Ejecutivo incluyó en la convocatoria a sesiones extraordi

narias del Congreso.

De esta manera, ya están sobre la mesa los argumentos para 

empezar el proceso. La iniciativa, presentada en las últimas ho

ras por el diputado del FdT Eduardo Valdés junto a otros legisla

dores del oficialismo, tiene 410 páginas y propone citar a los

 cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti -su presi

dente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lo

renzetti, para que se presenten ante la Comisión de Juicio Polí

tico de la Cámara baja, que será la encargada de llevar adelante

 la investigación.

En el proyecto de resolución, se agregaron además nuevas 

denuncias para ser investigadas a lo largo del proceso, entre

 ellas una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicia

l.La resolución sobre la coparticipación que benefició a la 

Ciudad de Buenos Aires también aparece en el texto. Sostie

ne que «resulta evidente que la decisión adoptada por los

 Ministros de la Corte es eminentemente política y parcial,

 por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del 

enorme impacto político y económico que provoca dentro 

del esquema de coparticipación federal».


«La Corte Suprema privilegió, de manera ostensible e in

fundada, un acuerdo político partidario que a partir de 2016 

promovió elevar el coeficiente de coparticipación del distri

to más rico del país. Esto así, en tanto que los numerosos

 argumentos vertidos en pos de dar cuenta de las arbitrarie

dades que justificaron un aumento desproporcionado de 

este coeficiente no fueron debidamente atendidos», se lee 

entre las más de 400 páginas del proyecto. 

A la vez, los diputados sostienen que deben ser citados ade

más «todos los directores, secretarios, funcionarios y/o em

pleados de la Corte Suprema que hayan tenido intervención 

y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos

 denunciados».

La presentación llega después de que el gobierno oficializó la

 convocatoria a sesiones extraordinarias entre el «23 de enero 

hasta el 28 de febrero» para tratar 27 proyectos, entre los que

 figuran además del pedido de enjuiciamiento a la Corte Su

prema, un proyecto para ampliar el número de integrantes del 

máximo tribunal y la modificación de la Ley del Consejo de la

 Magistratura.