El conflicto universitario crece día a día. Este martes, el presidente Javier Milei echó mas leña al fuego y continuó con los ataque verbales, al tiempo que la Procuración dictaminó que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) retome las auditorías, lo que viola la autonomía. Mientras tanto, en casi 50 casas de estudios de todo el país continúan las tomas, vigilias y clases públicas, entre otras medidas de fuerza. Además, gremios, rectorados y estudiantes definieron la federalización del plan de lucha. Tras una reunión, decidieron que iniciarán tres paros nacionales, concentraciones por regiones y una marcha de antorchas para este miércoles en repudio a los hechos de violencia a cargo de una patota de libertarios que se registraron en la Universidad de Quilmes.

Los insultos del Milei no paran: ahora el blanco es la comunidad educativa. Lo hizo por la mañana en una entrevista radial y también por la tarde, tras conocerse la decisión del procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, para que la SIGEN retome las auditorías sobre las universidades nacionales; una tarea que desde 2022 había quedado a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN). "Hoy salió el dictamen, los vamos a poder auditar, los chorros están en peligro", dijo Milei durante su discurso en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024 en el Palacio Libertad (ex CCK). Lejos de alarmarse, desde los rectorados no se sorprendieron por la medida, mucho menos se preocuparon,  consideran que es lo mismo que ya hacían. “Bienvenidos más controles en cumplimiento de la ley. No es nada nuevo, fue así hasta el 2022. Nuestras auditorías internas ahora deberán reportar a la SIGEN, así fue siempre”, indicaron.

La decisión de Barra tiene que ver con la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y habilita al Poder Ejecutivo a auditar a las universidades como era hasta hace dos años atrás. En 2022, el exprocurador Carlos Zannini había limitado esa atribución de la SIGEN al considerar que "no resultan aplicables por valorar su autonomía". Es decir, que durante 10 meses el gobierno de Milei pudo haber cambiado la normativa y no lo hizo, lo que devela la estrategia discursiva. “Dejen de mentir delincuentes que no quieren ser auditados” y "están sucios”, fueron algunos de los insultos del mandatario durante los últimos días frente a autoridades que siempre se mostraron abiertas a los controles.

Aquella resolución de Zannini no significó que las universidades dejarán de ser auditadas, sino que pasaron a ser controladas por AGN, un órgano que está bajo el control del Poder Legislativo, y que este año no tiene autoridades designadas por una decisión de los bloques aliados de La Libertad Avanza y el PRO en la Cámara de Diputados, que no definen qué diputados asumirán las bancas correspondientes a la minoría parlamentaria. Además, solo el 10 por ciento del dinero que el Gobierno destina a las universidades es para el funcionamiento, el 90 por ciento restante es para salarios. Es decir, que ya están auditados porque las liquidaciones son realizadas cada mes por el Ministerio de Economía y de Educación.

A las calles 

El martes por la tarde, representantes de la comunidad educativa definieron las nuevas medidas en la disputa por el salario docente y no docente y por el Presupuesto 2025 (que es el reclamo actual después del veto a la Ley de Financiamiento). Tras una reunión de la que participaron representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical y la Federación Universitaria Argentina (FUA), se definieron dos nuevos paros además del que ya estaba confirmado para este jueves 17. Se suma un paro de 48 horas para el lunes 21 y martes 22. Además, en noviembre se harán marchas regionales en cinco provincias distintas para federalizar la protesta, se cree que las sedes serán Tucumán, Córdoba, Salta, Mar del Plata y alguna ciudad del sur del país. Aún no se terminó de definir, pero se evalúa hacer una concentración en la Ciudad de Buenos Aires a la que llegarán repesentantes desde todas las ciudades.

Además, cada miércoles habrá clases públicas en todas las universidades del país a partir del mediodía en sintonía con el tratamiento del Presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación. Ahora el reclamo es por recuperar los 3.4 billones de pesos que el Gobierno recortó para el próximo año y que el CIN pide para poder garantizar el funcionamiento. La reducción de las partidas a la mitad tienen que ver mayoritariamente con el dinero destinado a los salarios docentes y no docentes, que deberían estar actualizados por inflación, algo que el proyecto del Ejecutivo no contempla.

“Además, pedimos la inmediata apertura de la paritaria para recuperar el 63.5 por ciento que perdimos por la inflación. Exigimos que se abra ya y que nos den el pago de la garantía salarial (fijada en 420.000 pesos) y recuperar el Fondo de Incentivo Docente”, le dijo a Página 12, Marcelo Creta, secretario de Políticas Universitarias UTE-CTERA. A principios de mes, el Ministerio de Capital Humano determinó unilateralmente un aumento del 6,8 por ciento para docentes y no docentes, que se conforma con la suma del 5,8 por ciento de incremento más el 1 por ciento para empleados públicos. Un monto muy alejado de lo que pide el Frente Sindical.

También se definió para hoy a la tarde una Marcha de Antorchas “por el diálogo y la no violencia” que unirá Plaza Houssay (frente a la Facultad de Medicina) y el Palacio Pizzurno (sede de la Secretaría de Educación). Será a las 18  y es en respuesta a las agresiones con gas pimienta de un grupo de militantes de LLA en la Universidad Nacional de Quilmes (ver aparte). Además, se consensuó apoyar el paro de transporte del 30 de octubre.

Las bases siguen movilizadas

Mientras tanto, en 47 de las 62 universidades del país siguen las medidas: tomas, vigilias, asambleas, clases públicas y cortes parciales de calles. En lo que se considera un hecho histórico, la asamblea de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió el lunes una toma por 72 horas. Ayer, bajo el sol de la tarde, cerca de 30 estudiantes escuchaban una clase de Teoría General del Derecho al Trabajo sobre las escalinatas del edificio que da a la Avenida Figueroa Alcorta. Apoyados sobre las columnas gigantescas, tomaban nota en sus cuadernos. “Llegar acá cuesta el triple que a principios de año y esta situación se agrava para los alumnos, hemos tenido una deserción porcentualmente mucho más grande que otros cuatrimestres, en el último tiempo tenemos una tercera parte del curso menos ”, le contó a este diario el docente Fernando Almejun al finalizar la clase.

Cerca de allí, pintando un cartel que llamaba a cortar la avenida, estaba Olivia Vega, estudiante de Traductorado Publico de 22 años. “Milei vetó la ley, pero ganó perdiendo porque se encontró con un rival muy fuerte que es el movimiento estudiantil, que está saliendo a darle pelea y que moviliza a la sociedad toda”, dijo.

En la Facultad de Medicina de la UBA la última toma fue en el 2018, seis años después una asamblea autoconvocada de más de 600 alumnos decidió la medida que se extenderá hasta el jueves. Ayer, en el hall una profesora explicaba la ley de prevención de la muerte súbita con un proyector, afuera sobre las escalinatas que dan a la calle, otra daba clase de Fisiología. “Lo que no se dio cuenta Milei es que con el veto activó el movimiento estudiantil. Yo no cobró la renta y los docentes que están con cargo están cobrando por hora lo que sale un pancho y una coca”, le contó a este diario Jeremías Marty, docente Histología que también se unió a la protesta y hoy tomará exámenes.

A los insultos de Milei, se suman las declaraciones del diputado libertario José Luis Espert, que llamó "genocidas de la educación" a quienes marcha. “Es ideológico, el Presidente está a favor del FMI, de las grandes empresas y en contra de la salud y educación pública. No queremos un aumento de presupuesto de educación a costa de ajustar a los jubilado”, comentó a Página 12 Eugenia Córdoba, estudiante del último año de Enfermería, que el lunes pasó la noche en la facultad para garantizar la toma.

Además, los colegios preuniversitarios Pellegrini y Nacional Buenos Aires también definieron tomas. "Nuestra generación quisiera discutir la educación post pandemia, pero lamentablemente tenemos que defender que no se venda nuestra educacion", le dijo a este diario Violeta Presta, presidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini. Con vetos, insultos y falacias, el Presidente despertó el estudiantazo y le abrió paso a un sujeto político que cada vez cobra más fuerza.