Julio de Vido y Axel Kicillof elaboran un lapidario informe sobre la gestión de Repsol y los Eskenazi, que los acusa de más de 600 daños ambientales. El objetivo es llevar a cero la indemnización que reclama España y nivelar el impacto internacional por la expropiación. Se presentará el mismo día que se conforme el directorio y Galuccio asuma formalmente la conducción de la petrolera.
Julio de Vido y Axel Kicillof supervisan por estas horas los últimos detalles de un informe que buscará nivelar el impacto negativo que la expropiación de YPF generó a nivel internacional en el mundo de los negocios. La primera medida para revertir esa impresión fue la designación del respetado técnico Miguel Galuccio al frente de la compañía. Ahora se presentarán argumentos para justificar la expropiación, ante lo que se intentará presentar como una pésima gestión de la española Repsol y los Eskenazi.
El informe sobre el estado financiero y operativo de la petrolera será presentado el 4 de junio durante la asamblea de accionistas que rubricará la designación de Miguel Galuccio como nuevo presidente de la mayor productora de hidrocarburos del país.
El documento girará en torno a dos grandes ejes, según pudo averiguar LPO. Por un lado, las autoridades locales denunciarán a Repsol y a la anterior dirección de YPF –en manos de Petersen Energía, de la familia Eskenazi- por el manejo de la caja de la empresa, es decir, de los ingresos corrientes por la venta de petróleo, gas y derivados.
Por el otro, se aportarán detalles de los pasivos ambientales en que incurrió la petrolera y que aún permanecen sin remediar. A tal fin, las provincias están realizando un relevamiento de los yacimientos productivos que existen en sus distritos, evaluando instalaciones de superficie y pozos abandonados. La iniciativa también calza con la estrategia del Gobierno de aportar argumentos para erosionar el precio de la indemnización que deberá pagarle a Repsol por la expropiación del 51% de sus acciones en YPF.
El kirchnerismo advierten que buscarán reducir al máximo esa cifra –los más optimistas se ilusionan con un costo cero para el Estado argentino-, para lo cual apuntan a demostrar que en su afán de maximizar las ganancias de la empresa, Repsol desatendió el cuidado del medio ambiente y no remedió los pasivos ambientales registrados en los campos de producción de hidrocarburos.
Los peritajes
La gobernación de Chubut, que dirige Martín Buzzi, trabaja en la confección de un peritaje de los pozos abandonados que dejó la petrolera en la provincia. Muchos de ellos están ubicados incluso en las afueras de la ciudad de Comodoro Rivadavia, indicaron allegados al mandatario patagónico. También Neuquén y Santa Cruz, otros dos importantes polos productivos de YPF, están evaluando el estado de instalaciones de superficie (baterías, tanques de acopio, gasoductos y oleoductos), piletas de los lodos químicos utilizados en los yacimientos, filtraciones en equipos de perforación, suelos parafinados, entre otras.
“Ya se detectaron más de 600 puntos distintas locaciones de YPF que no cumplen con los parámetros ambientales legislación argentina ni internacional. Es una cifra altísima. El promedio histórico de la compañía no superó los 50 puntos comprometidos en materia ambiental”, precisó un funcionario que reporta al gobernador de Chubut.
La estrategia del Gobierno para derrumbar el valor de la indemnización que reclama Repsol se apoya en dos teorías complementarías, la de propiciar el vaciamiento de la petrolera y la de postergar responsabilidades con el cuidado del entorno para maximizar beneficios económicos. Repsol reclamará en el Ciadi –el tribunal arbitral para diferendos internacionales con sede en Washington- el pago de US$ 10.500 millones por la expropiación de sus títulos en YPF. Allí denunciará la violación del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri) suscripto entre España y la Argentina hace 21 años.
“Con las ganancias de YPF, Repsol financió la exploración y búsqueda de petróleo en otros puntos del planeta, como el norte de África. Se convirtió en un operador mediocre de los yacimientos locales porque su objetivo a largo plazo estaba puesto en otros mercados”, explicaron allegados a la intervención de YPF.
Se trató, según definen cerca del subsecretario de Política Económica, Axel Kicillof, de una política de vaciamiento de YPF en pos de solventar la expansión internacional de Repsol hacia destinos con mayor rentabilidad que la Argentina. La española optó por posicionarse en mercados abiertos como Brasil, Golfo de México y África que, a diferencia del mercado interno, no regulan los precios de los hidrocarburos.
Por eso, la intervención está abocada a desagregar de forma pormenorizada el modus operandi financiero aplicado por Repsol y por Petersen Energía en los últimos años. YPF es la mayor empresa del país: el año pasado facturó más de 15 mil millones de pesos y anotó una utilidad neta cercana a los $ 5 mil millones (US$ 1267 millones).
Según afirmaron fuentes provinciales, la investigación en curso habría arrojado que la petrolera desplegó diferentes mecanismos financieros para maximizar sus ingresos corrientes (por la venta de combustibles y derivados), privilegiando la monetización de las reservas petroleras por sobre la operación de los propios yacimientos.
“En lugar de cuidad la ‘caja’ de la compañía, Repsol implementó distintos mecanismos para sacar el dinero de la empresa. Se financió girando en descubierto el pago a proveedores con la ayuda de bancos amigos que financiaban la operación diaria de YPF”, denunció un hombre de confianza del ministro de Planificación. “Incluso hay indicios que permiten afirmar que parte de lo que ingresaba por la venta de naftas y gasoil se destinaba a financiar una mesa de dinero que funcionaba dentro de YPF”, añadió.
El informe sobre el estado financiero y operativo de la petrolera será presentado el 4 de junio durante la asamblea de accionistas que rubricará la designación de Miguel Galuccio como nuevo presidente de la mayor productora de hidrocarburos del país.
El documento girará en torno a dos grandes ejes, según pudo averiguar LPO. Por un lado, las autoridades locales denunciarán a Repsol y a la anterior dirección de YPF –en manos de Petersen Energía, de la familia Eskenazi- por el manejo de la caja de la empresa, es decir, de los ingresos corrientes por la venta de petróleo, gas y derivados.
Por el otro, se aportarán detalles de los pasivos ambientales en que incurrió la petrolera y que aún permanecen sin remediar. A tal fin, las provincias están realizando un relevamiento de los yacimientos productivos que existen en sus distritos, evaluando instalaciones de superficie y pozos abandonados. La iniciativa también calza con la estrategia del Gobierno de aportar argumentos para erosionar el precio de la indemnización que deberá pagarle a Repsol por la expropiación del 51% de sus acciones en YPF.
El kirchnerismo advierten que buscarán reducir al máximo esa cifra –los más optimistas se ilusionan con un costo cero para el Estado argentino-, para lo cual apuntan a demostrar que en su afán de maximizar las ganancias de la empresa, Repsol desatendió el cuidado del medio ambiente y no remedió los pasivos ambientales registrados en los campos de producción de hidrocarburos.
Los peritajes
La gobernación de Chubut, que dirige Martín Buzzi, trabaja en la confección de un peritaje de los pozos abandonados que dejó la petrolera en la provincia. Muchos de ellos están ubicados incluso en las afueras de la ciudad de Comodoro Rivadavia, indicaron allegados al mandatario patagónico. También Neuquén y Santa Cruz, otros dos importantes polos productivos de YPF, están evaluando el estado de instalaciones de superficie (baterías, tanques de acopio, gasoductos y oleoductos), piletas de los lodos químicos utilizados en los yacimientos, filtraciones en equipos de perforación, suelos parafinados, entre otras.
“Ya se detectaron más de 600 puntos distintas locaciones de YPF que no cumplen con los parámetros ambientales legislación argentina ni internacional. Es una cifra altísima. El promedio histórico de la compañía no superó los 50 puntos comprometidos en materia ambiental”, precisó un funcionario que reporta al gobernador de Chubut.
La estrategia del Gobierno para derrumbar el valor de la indemnización que reclama Repsol se apoya en dos teorías complementarías, la de propiciar el vaciamiento de la petrolera y la de postergar responsabilidades con el cuidado del entorno para maximizar beneficios económicos. Repsol reclamará en el Ciadi –el tribunal arbitral para diferendos internacionales con sede en Washington- el pago de US$ 10.500 millones por la expropiación de sus títulos en YPF. Allí denunciará la violación del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri) suscripto entre España y la Argentina hace 21 años.
Se trató, según definen cerca del subsecretario de Política Económica, Axel Kicillof, de una política de vaciamiento de YPF en pos de solventar la expansión internacional de Repsol hacia destinos con mayor rentabilidad que la Argentina. La española optó por posicionarse en mercados abiertos como Brasil, Golfo de México y África que, a diferencia del mercado interno, no regulan los precios de los hidrocarburos.
Por eso, la intervención está abocada a desagregar de forma pormenorizada el modus operandi financiero aplicado por Repsol y por Petersen Energía en los últimos años. YPF es la mayor empresa del país: el año pasado facturó más de 15 mil millones de pesos y anotó una utilidad neta cercana a los $ 5 mil millones (US$ 1267 millones).
Según afirmaron fuentes provinciales, la investigación en curso habría arrojado que la petrolera desplegó diferentes mecanismos financieros para maximizar sus ingresos corrientes (por la venta de combustibles y derivados), privilegiando la monetización de las reservas petroleras por sobre la operación de los propios yacimientos.
“En lugar de cuidad la ‘caja’ de la compañía, Repsol implementó distintos mecanismos para sacar el dinero de la empresa. Se financió girando en descubierto el pago a proveedores con la ayuda de bancos amigos que financiaban la operación diaria de YPF”, denunció un hombre de confianza del ministro de Planificación. “Incluso hay indicios que permiten afirmar que parte de lo que ingresaba por la venta de naftas y gasoil se destinaba a financiar una mesa de dinero que funcionaba dentro de YPF”, añadió.
