Ricardo Gil Lavedra y Gerardo Morales exigieron al Gobierno que quiten los isologotipos con la cara de CFK de las obras públicas. “La Ley de Ética Pública consagra expresamente que la publicidad de obras o servicios públicos no podrá contener nombres, símbolos o imágenes que supongan la promoción personal de autoridades o funcionarios públicos”, reza la carta que enviaron los legisladores
Parece que todo vale en el año electoral. Y aquellos postulantes que tienen el privilegio de contar con los recursos del Estado no dudan en utilizarlos en beneficio de sus aspiraciones electorales.
Ya desde el año pasado, cada obra pública financiada o gestionada desde el Estado Nacional lleva en su señalización el "sello CFK": un isologotipo circular con la cara de la Presidenta Fernández de Kirchner.
Avisados, el titular del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, y su par del Senado, Gerardo Morales, enviaron al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, una carta en la que afirman que “dada la flagrante violación al artículo 42 de la Ley 25.188 que constituye la utilización de un isologotipo con el rostro de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en los carteles empleados para identificar los lugares donde se desarrollan obras con aportes públicos y su manifiesta impronta proselitista”, intiman a los dos funcionarios a retirar inmediatamente toda señalización que responda a este formato y a dejar sin efecto la normativa que ha ordenado este proceder”.
“Numerosas normas de nuestro ordenamiento jurídico garantizan el financiamiento transparente y limitado de los partidos y de las campañas políticas, el manejo decente de los fondos públicos, las condiciones equitativas de competencia electoral, el respeto a la expresión política y la crítica democrática y establecen las pautas que deben respetarse para comunicar actos de Gobierno”, sostuvieron los legisladores.
“En este sentido –aclararon-, la Ley de Ética Pública consagra expresamente que la publicidad de obras o servicios públicos no podrá contener nombres, símbolos o imágenes que supongan la promoción personal de autoridades o funcionarios públicos”.
Por último, Gil Lavedra y Morales recordaron que “la difusión, bajo la pretendida apariencia de publicidad oficial, de materiales proselitistas solventados por fondos públicos hace responsable a todos los involucrados y afrenta las reglas más mínimas de respeto a la opinión política plural”
Ya desde el año pasado, cada obra pública financiada o gestionada desde el Estado Nacional lleva en su señalización el "sello CFK": un isologotipo circular con la cara de la Presidenta Fernández de Kirchner.
Avisados, el titular del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, y su par del Senado, Gerardo Morales, enviaron al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, una carta en la que afirman que “dada la flagrante violación al artículo 42 de la Ley 25.188 que constituye la utilización de un isologotipo con el rostro de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en los carteles empleados para identificar los lugares donde se desarrollan obras con aportes públicos y su manifiesta impronta proselitista”, intiman a los dos funcionarios a retirar inmediatamente toda señalización que responda a este formato y a dejar sin efecto la normativa que ha ordenado este proceder”.
“Numerosas normas de nuestro ordenamiento jurídico garantizan el financiamiento transparente y limitado de los partidos y de las campañas políticas, el manejo decente de los fondos públicos, las condiciones equitativas de competencia electoral, el respeto a la expresión política y la crítica democrática y establecen las pautas que deben respetarse para comunicar actos de Gobierno”, sostuvieron los legisladores.
“En este sentido –aclararon-, la Ley de Ética Pública consagra expresamente que la publicidad de obras o servicios públicos no podrá contener nombres, símbolos o imágenes que supongan la promoción personal de autoridades o funcionarios públicos”.
Por último, Gil Lavedra y Morales recordaron que “la difusión, bajo la pretendida apariencia de publicidad oficial, de materiales proselitistas solventados por fondos públicos hace responsable a todos los involucrados y afrenta las reglas más mínimas de respeto a la opinión política plural”
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