Luego de la imputación del fiscal federal Jorge Di Lello, diputados del peronismo disidente, el PRO y Patricia Bullrich ampliaron el pedido de juicio político al vicepresidente Amado Boudou. "Siguen apareciendo irregularidades de todo tipo; tiene la obligación de dar explicaciones", argumentó Eduardo Amadeo. El bloque radical no acompañaría la iniciativa.
Los diputados opositores del PRO, el peronismo disidente y el monobloque de Unión por Todos, integrado por Patricia Bullrich, ampliaron el pedido de juicio político de Amado Boudou, por la imputación que realizó el fiscal federal Jorge Di Lello, que acusó al vicepresidente de la Nación por presunto enriquecimiento ilícito.
"Estos hechos nuevos sucedidos con posterioridad a la presentación del primer pedido de juicio político pueden ser considerados nuevas causales de mal desempeño. Por eso avanzamos nuevamente con esta iniciativa", explicó Bullrich, en diálogo con La Política Online. Y agregó: "También firmaron este proyecto Omar De Marchi y Roberto Pradines, del Partido Demócrata de Mendoza".
"Lamentablemente no podemos esperar que nuestros pedidos sean escuchados por el Gobierno, que tiene mayoría en el Congreso. Pero de todos modos, vamos a seguir exigiendo que se lo investigue. No hay que levantar esa presión política, porque a medida que se sigue averiguando, siguen apareciendo irregularidades de todo tipo. Tiene la obligación de dar explicaciones. Es una cuestión ética", opinó Eduardo Amadeo.
Amadeo recordó que otros sectores de la oposición no querían avanzar con este pedido porque con la mayoría K se corría el peligro de que se archive el caso y ahora dirán que no se puede porque "sólo" está imputado y no procesado. "Pero en Brasil se echó a siete ministros por sospechas de corrupción. Y en Hungría un presidente renunció por mentir en su currículum. Debe dar explicaciones", recordó.
"Cristina debe exigir sus explicaciones también. La Presidenta lo defiende porque piensa que todo es una conspiración en su contra. Pero no advierte que Boudou hoy es una mochila de plomo para su imagen. Debería pedirle una licencia y que trabaje para demostrar su inocencia, si está convencida que eso", concluyo el legislador peronista.
Con la imputación confirmada, la discusión vuelve a instalarse dentro del bloque radical, que atraviesa una etapa de profundas diferencias entre sus distintas facciones. Desde hace varios meses, un grupo de legisladores encabezados por Oscar Aguad se opone a las decisiones que tomar el presidente de la bancada, el alfonsinista Ricardo Gil Lavedra.
"Mi posición es la de siempre. El vice tiene que dar la cara, explicar qué es lo que pasa. El silencio agrava la sospecha. Lo menos que se merece la sociedad es que un funcionario que está sospechado, aclare la situación. Todos podemos estár sospechados, el problema es que hasta ahora Boudou no ha dado ni una sola explicación. Y peor aún, cuando habló fue para acusar al juez y al jefe del fiscal que lo investiga", aseguró a este medio Oscar Aguad.
En este tema, en cambio, el alfonsinismo no venía acompañando la idea de un juicio político. El bloque comandado por Gil Lavedra no firmó el proyecto impulsado por Patricia Bullrich. "Queremos ser respetuosos de la justicia, que ya está investigando el caso. Hasta que no haya elementos claro sobre estas sospechas, no corresponde el juicio político", argumentaban.
"Estamos esperando que la causa avance. Un juicio político exige la comisión de un delito. Pero consideramos que con la imputación y el llamado a indagatoria, en el marco de una causa de semejante magnitud y por tratarse de un vicepresidente, podríamos comenzar a impulsar proyecto de enjuiciamiento político", había explicado hace algunas semanas un diputado alfonsinista.
LPO se comunicó con Ricardo Gil Lavedra, quien recordó que la UCR tiene una "posición histórica" sobre este tema: "Lo podemos volver a discutir después de esta imputación a Boudou. Pero hasta que no haya pruebas contundentes, un llamado a indagatoria de parte del juez, hay que dejar avanzar a la justicia hasta que haya un estado de sospecha real".
Y concluyó: "Por otra parte, el juicio político comienza con una comisión investigadora en el congreso, que de constituirse -cosa que jamás sucedería por la hegemonia del bloque oficialista- estaría contituída por una mayoría kirchnerista. ¿Alguien puede pensar en esas circunstancias el Congreso puede avanzar más que los tribunales, más allá que estos también funcionan mal?".
"Lamentablemente no podemos esperar que nuestros pedidos sean escuchados por el Gobierno, que tiene mayoría en el Congreso. Pero de todos modos, vamos a seguir exigiendo que se lo investigue. No hay que levantar esa presión política, porque a medida que se sigue averiguando, siguen apareciendo irregularidades de todo tipo. Tiene la obligación de dar explicaciones. Es una cuestión ética", opinó Eduardo Amadeo.
Amadeo recordó que otros sectores de la oposición no querían avanzar con este pedido porque con la mayoría K se corría el peligro de que se archive el caso y ahora dirán que no se puede porque "sólo" está imputado y no procesado. "Pero en Brasil se echó a siete ministros por sospechas de corrupción. Y en Hungría un presidente renunció por mentir en su currículum. Debe dar explicaciones", recordó.
"Cristina debe exigir sus explicaciones también. La Presidenta lo defiende porque piensa que todo es una conspiración en su contra. Pero no advierte que Boudou hoy es una mochila de plomo para su imagen. Debería pedirle una licencia y que trabaje para demostrar su inocencia, si está convencida que eso", concluyo el legislador peronista.
Con la imputación confirmada, la discusión vuelve a instalarse dentro del bloque radical, que atraviesa una etapa de profundas diferencias entre sus distintas facciones. Desde hace varios meses, un grupo de legisladores encabezados por Oscar Aguad se opone a las decisiones que tomar el presidente de la bancada, el alfonsinista Ricardo Gil Lavedra.
"Mi posición es la de siempre. El vice tiene que dar la cara, explicar qué es lo que pasa. El silencio agrava la sospecha. Lo menos que se merece la sociedad es que un funcionario que está sospechado, aclare la situación. Todos podemos estár sospechados, el problema es que hasta ahora Boudou no ha dado ni una sola explicación. Y peor aún, cuando habló fue para acusar al juez y al jefe del fiscal que lo investiga", aseguró a este medio Oscar Aguad.
En este tema, en cambio, el alfonsinismo no venía acompañando la idea de un juicio político. El bloque comandado por Gil Lavedra no firmó el proyecto impulsado por Patricia Bullrich. "Queremos ser respetuosos de la justicia, que ya está investigando el caso. Hasta que no haya elementos claro sobre estas sospechas, no corresponde el juicio político", argumentaban.
"Estamos esperando que la causa avance. Un juicio político exige la comisión de un delito. Pero consideramos que con la imputación y el llamado a indagatoria, en el marco de una causa de semejante magnitud y por tratarse de un vicepresidente, podríamos comenzar a impulsar proyecto de enjuiciamiento político", había explicado hace algunas semanas un diputado alfonsinista.
LPO se comunicó con Ricardo Gil Lavedra, quien recordó que la UCR tiene una "posición histórica" sobre este tema: "Lo podemos volver a discutir después de esta imputación a Boudou. Pero hasta que no haya pruebas contundentes, un llamado a indagatoria de parte del juez, hay que dejar avanzar a la justicia hasta que haya un estado de sospecha real".
Y concluyó: "Por otra parte, el juicio político comienza con una comisión investigadora en el congreso, que de constituirse -cosa que jamás sucedería por la hegemonia del bloque oficialista- estaría contituída por una mayoría kirchnerista. ¿Alguien puede pensar en esas circunstancias el Congreso puede avanzar más que los tribunales, más allá que estos también funcionan mal?".
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