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martes, 12 de junio de 2012

Ex número uno de la Bonaerense acudió a la Corte para evitar juicio por enriquecimiento ilícito 2 comentarios


 
Se trata del ex jefe de la Policía Bonaerense, Alberto Sobrado.
El ex jefe de la Policía Bonaerense Alberto Sobrado recurrió ante la Suprema Corte provincial para evitar el juicio oral y público por el que será enjuiciado por un Tribunal en lo Criminal de La Plata, por el delito de enriquecimiento ilícito, perpetrado a través del desvío de millonarias sumas de dinero con depósitos off shore, a paraísos fiscales de las Bahamas, España  las Islas Caimán.

Fuentes judiciales informaron que Sobrado, a través de su defensor Roberto Citterio, interpusieron un recurso extraordinario para evitar el juicio oral.

Es que los jueces del Tribunal en lo Criminal Oral (TOC) 1 de La Plata había dispuesto para esta semana la audiencia previa al debate oral, en la cual, las partes –fiscalía y defensa-, iban a proponer la prueba que deseaban se ventile en las audiencias, tanto periciales como testimoniales.

Sin embargo, esa audiencia fue suspendida, precisamente, por el recurso de la defensa que obligó a que la Cámara de La Plata y la Casación, requirieran el expediente.

Para evitar nuevas dilaciones, los jueces del Tribunal 1 –Guillermo Labombarda, Samuel Saraví Paz y Patricia de la Serna- dispusieron este martes que ese incidente planteado por Sobrado ante la Suprema Corte tramite por un anexo separado y a la vez resolvieron realizar para fin del corriente mes la audiencia previa al juicio que había sido suspendida.

En Tribunales, se informó que los jueces convocaron a esa audiencia al defensor de Sobrado y a la fiscal de Juicio, Rosalía Sánchez.

Las fuentes consultadas alertaron que la causa está a punto de prescribir y sospechan que las maniobras dilatorias de la defensa tienen ese objetivo en foco.

En el marco de esa causa, la Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó días atrás la solicitud del exnúmero uno de la Bonaerense de ser juzgado por el Fuero Correccional, en lugar del Penal o Criminal. Por ello, el Tribunal 1 de La Plata debía ventilar en lo inmediato el juicio oral y público postulando a Sobrado en el banquillo de los acusados.

El fiscal de Casación, Carlos Altuve, había instado en marzo a los jueces Ricardo Borinsky, Daniel Carral y Víctor Violini –de la Casación-, a destrabar el expediente 29.473, irresuelto desde hace varios años.

Altuve, en la doble instancia, y su par en primera instancia, Rosalía Sánchez, alertaron sobre el inminente riesgo de que la causa prescriba por “la acción del tiempo”.

La causa penal comenzó a instruirse a mediados de 2003, cuando la revista Veintitrés reveló que Sobrado había hecho una transferencia bancaria, no declarada, de 333.549,62 dólares hacia un paraíso fiscal en Bahamas. Si se ventila el juicio oral, el mismo estará a cargo de los jueces del Tribunal I de La Plata. El centro del debate radica en cómo hizo Sobrado para conseguir girar al exterior más de 300 mil dólares con un haber mensual de bolsillo que, como jefe de policía, ascendía a 4443,71 pesos.

Sobrado fue excarcelado tras pagar una fianza de 300 mil pesos. Su defensa en los últimos meses intentó que la causa pase a dirimirse en el fuero  correccional. Y acompañó documentación, diciendo que el patrimonio obtenido fue en función de un cúmulo de bienes heredados de sus padres. La propiedad y venta de tres hoteles en la Capital, un autoservicio, una chatarrería, la explotación de un quiosco de diarios, varios departamentos y cuantiosas inversiones en bonos de deuda externa y letras de tesorería y otras inversiones financieras, además de donaciones hechas por la madre de Sobrado, integran en su conjunto el patrimonio a justificar.

Marcelo Martini -fiscal de Instrucción-, elevó la causa a juicio en diciembre de 2006, con Sobrado imputado de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa de presentación de la declaración jurada de bienes (1999, 2001, 2002 y 2003), omisión de datos en la declaración jurada -en la de 2000 no hizo constar las cuentas con depósitos en el exterior del país, por 532.000 dólares- y falsificación ideológica de instrumento público. Martini destacó un peritaje: “No existe evidencia cierta en las diversas causas insinuadas que justifique la evolución patrimonial de Sobrado durante los años 1999 a 2002”. Estimaron que el incremento no justificado era de hasta 970 mil dólares.

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