El titular del Centro de Estudios Nueva Mayoría, Rosendo Fraga analiza la marcha del pasado jueves a la cual califica como "la protesta más importante" que le realizaron al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Además, habla del rol de la oposición
El gobierno de Cristina Kirchner ha enfrentado la protesta en la calle más importante no sólo desde que fuera reelecta el año pasado con el 54% de los votos, sino también desde 2008, cuando tuvo lugar el prolongado conflicto con el campo.
Al mismo tiempo se trata también de la primera expresión relevante en Argentina del fenómeno mundial que representan las llamadas redes sociales como vehículo de manifestación política, sobre todo de los sectores que no se sienten representados por las estructuras preexistentes.
Pero la experiencia muestra que este tipo de movimientos pueden resultar efímeros y transitorios, en la medida en que no encuentren un cauce político y electoral que los canalice.
Ante todo, cabe señalar que el oficialismo parece decidido a avanzar con una reforma constitucional que implique no sólo un tercer mandato consecutivo de la Presidenta, sino también un cambio de modelo ideológico del texto constitucional y ello no cambia con la protesta.
Más allá de ella, será el resultado de la elección de medio mandato que tendrá lugar hacia fines del año próximo el que determinará la viabilidad de este proyecto. La última reforma que tuvo lugar hace dos décadas da una referencia. Es que si bien el oficialismo tendría que acercarse al 50% de los votos para alcanzar los dos tercios en las dos Cámaras para convocar la reforma, en 1993 Menem, con el 43% frente a una oposición dividida, logró negociar el apoyo de los legisladores que le faltaban con el sector de la oposición liderado entonces por Alfonsín.
Si la oposición concurre el año próximo dividida como en 2011 y el oficialismo supera el 40%, la posibilidad de que avance la reforma es alta, aunque protestas como la del 13 de septiembre se repitan en los próximos meses.
Frente a esta posibilidad, la oposición, desde Binner a Macri y pasando por Moyano, De la Sota y la UCR, están planteando su oposición a la reforma y la reelección.
Pero su eficacia dependerá de que logren comprender la diferencia de tres conceptos políticos: diálogo, alianza electoral y compromiso institucional.
El primero hace a la esencia de la política y está abierto a todos los protagonistas de la política. Si mañana La Cámpora buscara dialogar con el PRO -no parece hoy lo más probable- el diálogo debe aceptarse, aunque finalmente sólo sirviera para reafirmar posiciones. El diálogo ha sido escaso en la política argentina en los últimos tres años. La última vez que el oficialismo dialogó fue en 2009, en los días inmediatos a su derrota electoral.
Las alianzas electorales, en cambio, tienen un límite más estrecho: se dan entre quienes tienen visiones semejantes o convergentes sobre la solución de los problemas del país. Desde esta perspectiva, no puede plantearse una alianza electoral entre Binner y Macri, pero sí entre socialistas, radicales, el GEN y los restos de la Coalición Cívica por un lado, y el PRO y el PJ disidente por el otro. Potencialmente, las alianzas electorales podrían dejar tres fuerzas: el oficialismo y dos ejes opositores diferentes.
El tercer concepto es el del compromiso institucional. Del mismo pueden participar quienes integren diversas alianzas o fuerzas electorales. Podría darse el caso de que convergieran en un compromiso para defender la actual Constitución e impedir su reforma las principales fuerzas opositoras: FAP, UCR, PJ disidente y PRO, más las demás que quisieran sumarse.
Esto implica que Macri y Binner, que no pueden integrar una alianza electoral, sí pueden compartir este tipo de compromiso institucional, que en los hechos ya comparten.
Aunque faltan en principio trece meses para la elección legislativa y muchas cosas pueden cambiar hasta entonces, hoy el apoyo a un tercer mandato consecutivo de la Presidenta no llega al 50%; en cambio, quienes se oponen a ella superan holgadamente este porcentaje.
Es a partir de ello que adquiere significación la campaña lanzada por el FAP para reunir el millón de firmas que, de acuerdo a la Constitución, son necesarias para convocar una Consulta no Vinculante sobre la Reforma.
El oficialismo va a impedir este tipo de consulta porque es una oportunidad de la oposición. En la decena de elecciones en las cuales Chávez ha competido en catorce años, sólo en una fue derrotado: un referéndum que dio a la oposición la oportunidad de unificarse.
Si la iniciativa del FAP tuviera un apoyo más amplio en la oposición, ello mostraría en lo inmediato una oposición retomando la iniciativa que, por lo menos desde la muerte de Néstor Kirchner, está en manos del oficialismo y que la protesta del 13 de septiembre puede comenzar a anticipar.
Pero volviendo a la elección del año próximo, si el oficialismo lograra como Menem 20 años antes un 43%, pero esta vez la oposición -mediante un compromiso institucional formalizado- reuniera el 55% de los votos en contra de la reforma, seguramente el destino del proyecto de reforma y reelección, que entonces resulto exitoso, ahora no lo sería.
Mientras tanto, las fuerzas políticas opositoras tienen ahora que construir el cauce político de la protesta social, pero se trata de hacerlo con el oído atento a los mensajes que llegan desde la sociedad y no desde un intento de apoderarse de un movimiento que, surgido desde las redes sociales, ha mostrado fuerte vitalidad.
(*) Titular del Centro de Estudios Nueva Mayoría
No hay comentarios:
Publicar un comentario